Balance del día después
Terminada la huelga general, es hora de hacer balance para valorar los éxitos y exigir responsabilidades por los daños causados.
La sociedad en su conjunto es el sujeto que prioritariamente ha de exigir cuentas por las molestias ocasionadas, a corto plazo, por la privación de los servicios normales y por los costes económicos inmediatos, que se cifran en muchos millones de euros. A largo plazo, las consecuencias son más difíciles de evaluar, pues la impresión de falta de cohesión social que se hayan podido llevar los líderes de la cumbre comunitaria de Sevilla y las reacciones de las empresas en su actividad son procesos más complejos.
En cuanto a los beneficiarios, aparte de los líderes sindicales que han mostrado ante sus seguidores que tienen un poder de convocatoria imposible de medir con datos concretos, entre los teóricos destinatarios del conflicto hemos de distinguir a los que ya están en paro de los que lo estarán como consecuencia, entre otras cosas, de la huelga.
En cuanto a los primeros, no van a ver mejorada su situación, porque las prestaciones que ya reciben no serán afectadas. Los que a partir de ahora pierdan su trabajo, si, como es de esperar, a pesar de la huelga se mantiene la nueva regulación de la protección al desempleo, van a ser los verdaderos perjudicados, al haberse negado los sindicatos a discutir posibles mejoras en las medidas propuestas.
Una valoración más global de los resultados de la huelga es prácticamente imposible porque en esta ocasión se han continuado repitiendo los errores de planteamiento y las tácticas, socialmente discutibles, de otras huelgas anteriores, como la de diciembre de 1988 y la de enero de 1994.
El primer gran error ha sido no concretar cuál era el verdadero motivo del conflicto. Resulta sorprendente que se haya insistido tanto en los últimos días en que se trataba de protestar por la forma de decreto-ley con que se ha impuesto la reforma del seguro de desempleo, cuando desde que se conocieron las medidas, el 14 de abril, ya se amenazó con la huelga general si no se retiraba todo el documento y el 23 de mayo, un día antes de que se diera a conocer el decretazo, se reunieron los organismos competentes de la UGT y de CC OO para decidir si se hacía la huelga.
Antes de conocerse el desafortunado recurso al decreto-ley, se insistió en que la huelga se justificaba por la renuncia al diálogo social, porque al proponerse las medidas de reforma se comunicó a los sindicatos que urgía promulgarlas y había un tiempo limitado para su negociación. Aparece aquí, por tanto, un motivo que no coincide con el rechazo a la forma de decreto-ley y que podía considerarse como más consistente si no fuera porque tampoco quedaba nada claro quién se negaba más radicalmente al diálogo, si los sindicatos, exigiendo la retirada de todo el proyecto, o el Gobierno, que parecía poco dispuesto a hacer concesiones.
Se ha hablado también, y en este sentido los sindicatos han contado con el apoyo total de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), de que con la huelga se quería frenar una concepción neoliberal de la UE, defendida por Aznar en connivencia con Blair y Berlusconi. Recuperar la preocupación por los aspectos sociales en el ámbito de las reformas que se introduzcan en las instituciones comunitarias para adaptarlas a los cambios del entorno global es un tema de tanta transcendencia que podría justificar el recurso a una huelga general, pero sería desafortunado identificar las necesarias reformas del seguro de desempleo, que están introduciendo en sus respectivos países Gobiernos de distintas ideologías de acuerdo con lo que ya estaba aprobado, en líneas generales, por cumbres comunitarias anteriores.
Esta diversidad de planteamientos, que sociológicamente puede estar justificada para llegar a un espectro más amplio de ciudadanos pero que en nada favorece su operatividad, aparece también cuando se pasa a analizar los contenidos del decreto.
De un modo general, los sindicatos hablan de recorte de prestaciones y el Gobierno lo niega sin que ninguno explique la verdad completa de que no hay recortes para las prestaciones de los que ya se benefician de esta protección, pero sí los habrá en adelante para otros grupos, que no reúnen las condiciones para merecer esa protección, al mismo tiempo que el subsidio se ampliará a colectivos hasta ahora injustamente discriminados.
Para terminar ha de quedar bien claro que nada de lo dicho pone en duda la importancia de los sindicatos, como institución básica, para evitar muchas injusticias en el funcionamiento del mercado capitalista, pero precisamente por esto sus líderes deben fundamentar sus decisiones con unos argumentos más consistentes que los que han prodigado en los medios de comunicación durante una desafortunada campaña.