El 20-J llega cuando más dudas hay sobre la reactivación de la economía
La convocatoria de huelga general para el próximo 20 de junio coincide con un punto crítico de la situación económica, cuando más sombras se plantean sobre la consistencia del crecimiento y cuando los desequilibrios tradicionales de la economía española parecen reverdecer. Así, la inflación toma valores crecientes, con un diferencial de precios con la Unión Europea desconocido (1,8%); el crecimiento del empleo se ha estancado tras siete años de fuerte avance; el sector exterior no sale de su saldo negativo, y todos ellos amenazan con dislocar la única variable equilibrada: las finanzas públicas. Desde este punto de vista, el conflicto puede deteriorar más la situación, especialmente si se prolonga después y no es un hecho aislado dentro de una estrategia sindical de moderación de rentas que priorice el empleo.
El escenario económico actual tiene bastante similitud con el de 1988. Sin embargo, mientras que entonces el ciclo era claramente alcista, ahora el grado de maduración es mayor y se encuentra en un punto de indefinición que puede decantarse hacia la crisis o la recuperación, dependiendo del contexto exterior.
En 1988 el crecimiento superaba el 5%, con una inversión que avanzaba a cotas cercanas al 15% anual, y con una pujanza del consumo privado muy sólida (4,9%). Estas variables en la actualidad presentan un perfil más triste, con el consumo creciendo un 2% y la inversión plana, lo que arroja un avance del producto que no supera el 2%. Sin embargo, precisamente por el alto grado de maduración del ciclo actual, la situación social es mucho más consistente ahora que cuando los sindicatos paralizaron el país en diciembre de 1988.
Mientras que en 2002 el empleo alcanza cifras récord, con más de 16 millones de ocupados y con una tasa de desempleo ligeramente superior al 11% y cercana a los umbrales del pleno empleo en muchas zonas del país, hace 14 años el número de empleos no llegaba a los 12 millones y la tasa de paro aún rondaba el 20%.
Ahora existe una dificultad y un alivio añadidos. En primer lugar, el Gobierno no dispone de elementos de política económica para combatir los desequilibrios como en 1988, puesto que cada vez quedan menos sectores regulados para contener la inflación, y la competencia prácticamente ha entrado en todos los lugares donde puede entrar para reducir precios. En cuanto al alivio, España está ahora inmersa en una zona económica y monetaria más estable, que garantiza tipos de interés bajos y ciclos económicos con menos sobresaltos, lo que hace más llevaderos los quebrantos de las recesiones, aunque limite las euforias en los momentos alcistas.
Todas los paros generales fueron provocados por reformas laborales o de los sistemas de protección social.
El 14-D modificó la política económica
La huelga general de diciembre de 1988, el 14-D, tuvo un respaldo casi absoluto y logró modificar varios preceptos de la política económica del gobierno. El rotundo éxito de los sindicatos en el paro rearmó hasta tal punto su ánimo, estrategia y reivindicaciones que iniciaron la práctica de una política de presión y negociación con el Gobierno en la que sólo valía el 'todo o nada'. Este tipo de estrategia basada en convertir al Ejecutivo en el único interlocutor al que demandar, practicada desde 1984, había minado la confianza mutua entre la Administración, encabezada por Felipe González, y el movimiento sindical. Pero aún logró arrancar en 1989 y 1990 varias demandas que suponían la movilización de fuertes partidas de gasto cíclico, que significaban renuncias importantes de la política económica del Ejecutivo, y que hicieron más dolorosa la crisis económica y social cuando surgió súbitamente en 1992. La euforia del 14-D provocó dos huelgas generales más; pero los sindicatos no encontraron la misma complicidad que en 1988, mientras que el Gobierno aprobaba todas las reformas que fueron rechazadas en la huelga. En 1992 y 1994, con un recorte de la prestación por desempleo severo y con una reforma integral del despido económico de pequeños colectivos (se eliminaba la autorización administrativa y se aplicaba una ambiciosa flexibilización de la relación laboral en la empresa), con escenario económico crítico, los paros fracasaron.
Las reformas siempre ganaron al conflicto
En las cuatro grandes huelgas generales convocadas por el movimiento sindical en la democracia terminó imponiéndose, básicamente, la lógica de la reforma. Sólo en 1988 el Gobierno se vio obligado a retirar sus propuestas y a ceder paulatinamente terreno ante el éxito abrumador de los sindicatos. Pero en el resto de las huelgas, el respaldo popular fue más limitado y el Ejecutivo terminó por aplicar las reformas que había propuesto.
En 1985 la huelga fue secundada parcialmente por la población, pese a la masiva utilización de piquetes violentos, por la falta de unidad en la convocatoria (faltaba la UGT) y por la lejanía del supuesto recorte de las pensiones que provocó el conflicto. Finalmente el Gobierno aplicó el endurecimiento de condiciones de acceso a las pensiones de la Seguridad Social y, entre otras cosas, salvó de la quiebra definitiva a las finanzas de Seguridad Social.
En 1992 la huelga de media jornada tenía unidad en la convocatoria y tuvo un éxito relativo, con paralización del aparato productivo, pero sin respaldo de la población. El Gobierno aplicó, porque estaba ya en vigor, el recorte de las prestaciones por desempleo y logró mitigar el déficit galopante del sistema de protección de paro, artificialmente engordado por el derecho a la protección de los contratos de fomento de empleo, de las empleadas de hogar, etcétera, que incitaba a una utilización poco responsable del derecho.
En enero de 1994, con la reforma del mercado de trabajo que la generó ya en vigor, el respaldo laboral y popular fue relativo. La reforma fue posteriormente enmendada y mejorada por los sindicatos y la patronal en 1977 (con abaratamiento del despido incluido). Los sindicatos recuperaron así el crédito perdido tras dos paros generales convocados en plena crisis.