EDITORIAL

La UE ataca la 'acción de oro'

El Tribunal de Justicia de la UE demostró ayer que el principio fundamental de la libertad de movimiento de capitales puede convivir con las garantías necesarias para los servicios de interés general y seguridad del Estado, pero no casa con la arbitrariedad gubernamental en favor o en detrimento de ciertas empresas. El tribunal con sede en Luxemburgo condenó las normativas francesa y portuguesa sobre la acción de oro, pero aceptó la belga. Los casos de las acciones de oro de España y el Reino Unido esperan ahora turno, pero las sentencias de ayer delimitan el campo de juego, a la vez que deben de agilizar la directiva europea sobre opas.

El tribunal condenó las disposiciones de Portugal que supeditaban a autorización previa del Gobierno cualquier inversión comunitaria (no portuguesa) que alcanzase el 10% de una empresa del sector bancario, asegurador, energético o de transporte. Las disposiciones, adoptadas en el proceso de reprivatizaciones, intentaban favorecer el desarrollo de la industria local, pero Portugal las tomó cuando llevaba cuatro años en la UE. Demasiado tarde para una discriminación dirigida, en gran parte, a poner trabas a empresas españolas.

El tribunal también condenó el decreto-ley de 1993 por el que Francia se reservaba la última palabra en la petrolera Elf-Aquitaine. La sentencia reconoce que el objetivo de garantizar el abastecimiento en caso de crisis es legítimo, pero condena una norma que somete a la empresa (ahora integrada en la franco-belga Totalfina Elf) a la discrecionalidad del Gobierno de turno.

La tercera sentencia pone el contrapunto a estos abusos gubernamentales de un instrumento reconocido por el Tratado de la Unión. Bélgica, que acompañaba a Francia y Portugal en la denuncia de la Comisión, recibió los parabienes por haberse reservado un derecho de control sobre la actividad de las distribuidoras de gas natural (Société Nationale de Transport par Canalisations y Distrigaz). El Gobierno aprobó en 1994 dos reales decretos que le otorgan la prerrogativa de impedir cualquier decisión que ponga en peligro el abastecimiento. Como el tribunal resalta, esa prerrogativa es a posteriori y no entra en la composición del capital.

El Gobierno español, cuya acción de oro denunció la Comisión Europea en 2000, se apresuró, como cabía esperar, a subirse al carro belga. El ministro Rodrigo Rato, en Luxemburgo, y su secretario de Estado, José Folgado, en Madrid, no esperaron para asegurar que la norma española encaja en la horma belga. Pero el tribunal dirá la última palabra. A priori parece que la ley española de 1995 (aprobada cuando el comisario Pedro Solbes era ministro de Economía del Gobierno socialista) rezuma una arbitrariedad no respaldada por el tribunal. Las autoridades españolas se arrogaron por ley la última palabra sobre las decisiones estratégicas de las grandes empresas privatizadas. Desde 1996, sucesivos decretos insertaron esa acción de oro en Argentaria, Tabacalera, Repsol, Telefónica, Endesa, Indra e Iberia -sigue vigente en las cinco últimas-. Es decir, en empresas que han captado en Bolsa, con su privatización, millones y millones de euros procedentes en gran parte de particulares. El Gobierno argumenta que no ha utilizado nunca ese derecho de veto, pero la mera insinuación de blandirlo abortó, por ejemplo, la fusión de Telefónica y la holandesa KPN. Bruselas considera que este poder atenta contra la libre circulación de capitales y de establecimiento, fundamentos del mercado único.

Estas sentencias pueden dar un segundo coletazo en España sobre la llamada Ley EdF que intenta frenar tomas de control en el sector eléctrico por grupos extranjeros con capital público. El umbral (3%) es aún más bajo que el fijado en Portugal. La suerte judicial de las normas portuguesas augura lo mismo para la española, aunque la Comisión aún no la ha denunciado.

A diferencia del Gobierno español, la Comisión fue prudente en el análisis de las sentencias, aunque celebró un fallo que refrenda su posición, mantenida incluso contra disidencias internas. Estos fallos deben acabar de una vez con las maniobras de los Gobiernos, en una mal entendida defensa de las empresas nacionales que no es más que un ataque al mercado único.