El Tribunal de Luxemburgo se pronuncia mañana sobre la 'acción de oro' en Francia, Bélgica y Portugal
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se pronuncia mañana sobre tres sistemas de "golden share" o "acción de oro" aprobados en Francia, Bélgica y Portugal, y dictaminará si son legales de acuerdo con la jurisdicción comunitaria. Según asegura el diario francés Le Monde, el mecanismo será rechazado por el Tribunal.
En caso de que el Tribunal de Luxemburgo se pronuncie en contra, contradirá la opinión de su abogado general, Dámaso Ruiz-Jarabo, quien afirmó el verano pasado que las medidas de "golden share" no son "en sí mismas, contrarias al derecho comunitario", en la medida en que "no sean discriminatorias para los ciudadanos de otros Estados miembros".
El comisario europeo de Mercado Interior, Frits Bolkestein, afirmó hoy que "lamentaría" que el Tribunal siga las opiniones de su abogado general, y que tendría que "reconsiderar" sus ideas para fomentar el mercado único. El comisario manifestó que la 'golden share' no es contraria sólo a la libre circulación de capitales, sino también a la "democracia accionarial¢.
El español, entre los casos pendientes
Las sentencias de mañana tendrán también incidirán en otros casos pendientes. Ante el Tribunal de Luxemburgo están España y Reino Unido, y Holanda y Dinamarca tienen abiertos procedimientos de infracción. En el caso de España, Bruselas denunció en 2000 la ley de 1995 que permitió crear la acción de oro para las privatizaciones de Repsol, Telefónica, Endesa, Tabacalera y Argentaria.
Las sentencias de mañana afectarán a un decreto ley de Portugal de 1993, que establece la autorización previa del Ministerio de Finanzas para la adquisición de más de un 10% de sociedades objeto de privatización y una ley portuguesa de 1990 que precisa, en cada caso, la participación máxima extranjera autorizada, en el marco de la privatización de determinadas empresas.
En Francia, se trata de un decreto de 1993 para la empresa Elf-Aquitaine, según el cual el ministerio de Economía debe aprobar las adquisiciones de capital, por parte de empresas o particulares, que sobrepasen un cierto umbral. El Ministerio debía también aprobar los proyectos de cesión de activos de la empresa.
En el caso de Bélgica, la norma en cuestión se refiere a la Sociedad nacional de Transporte por Canalización, que permite al Ministerio de Energía puede oponerse a la venta de títulos a personas físicas o jurídicas si considera que la operación pone en riesgo los intereses nacionales belgas en materia de energía.