América Latina

Duhalde se apunta la primera victoria concreta de su gestión

El presidente de Argentina, Eduardo Duhalde, recibió una buena noticia momentos antes de partir rumbo a la cumbre entre la Unión Europea y el Mercosur: el Senado argentino había sancionado la nueva Ley de Quiebras. El documento había sido aprobado además con una abrumadora mayoría, con 49 votos sobre 53 posibles, gracias al apoyo casi total de la oposición (en particular del Frepaso y la Unión Cívica Radical, principales partidos opositores) poniendo de manifiesto el muchas veces puesto en duda apoyo político al presidente.

Con esto, Duhalde llegó a la cumbre con la posibilidad de mostrar los primeros avances concretos desde que inició su gestión en enero pasado. La nueva ley permitió además a Duhalde contar con un argumento para exhibir la voluntad del Gobierno para restablecer la seguridad jurídica en Argentina, uno de los puntos que Aznar había señalado como decisivos para poder avanzar en la integración de ambas áreas comerciales.

No obstante, la rápida aprobación de la Ley de Quiebras no tenía como objetivo principal agilizar las negociaciones comerciales entre la UE y el Mercosur: su principal objetivo era el de satisfacer una de las exigencias impuestas por el Fondo Monbetario Internacional (FMI) para recibir un indispensable paquete de ayuda financiera. El organismo multilateral sostenía que la ley anterior, votada el pasado enero, violaba los derechos de propiedad de los acreedores y que era un proyecto para salvaguardar en interés de las empresas nacionales ante la oleada de quiebras que surgirían después de la devaluación y la severa crisis que afecta al país suramericano (se vaticina un caída del 15% del PIB para 2002).

En este sentido, la ley votada en enero impedía que los acreedores tomaran el control de las empresas insolventes (mecanismo de cram down), como sucede en la mayoría de las legislaciones, en un intento del Gobierno argentino de evitar que las empresas en quiebra cayeran en manos de acreedores extranjeros. El principal problema de esta legislación era que al no preservar los derechos de los acreedores no generaba un marco legal que permitiera el retorno del crédito al sector privado.

No obstante, a pesar del avance que significa la firma de esta ley, sólo se cumple una de las exigencias del FMI (quizás la menos polémica). Resta aún que se derogue la Ley de Subversión Económica en la Cámara de Diputados, en donde la votación será seguramente más difícil que la de la Ley de Quiebras. A esto deben sumarse dos reformas aún más delicadas desde un punto de vista social y político: restaurar el sistema de pagos mediante la reestructuración de los depósitos y la salida definitiva del corralito y la implementación de un ajuste fiscal creíble en las provincias.

En estos puntos el estado de las negociaciones no permite ser tan optimistas. El plan Bonex del Gobierno, que permitía el canje de los depósitos por bonos del Estado, ya fue bloqueado una vez en el Congreso, mientras que la falta de acuerdo con los bancos ha impedido presentar una propuesta alternativa al Parlamento. En cuánto al ajuste fiscal exigido por el FMI del 60% para todas las provincias, algunos Gobiernos regionales ya han firmado su adhesión, pero restan aún provincias clave, como la de Buenos Aires, responsable del 52% del déficit provincial total.

De esta forma, la sanción de la Ley de Quiebras debe verse tan sólo como una tímida señal de optimismo para las difíciles reformas que le restan al Ejecutivo argentino por realizar.