Ruptura del diálogo social
Los sindicatos CC OO y UGT dieron ayer por rota la negociación reabierta por el Gobierno sobre la reforma de la protección del desempleo. La no retirada de la propuesta gubernamental es la causa formal para escenificar la primera gran quiebra de un diálogo social que el Ejecutivo del PP ha sabido sostener con acierto desde 1996. La salida a este conflicto será una 'respuesta contundente', que algunos líderes sindicales concretan ya en una huelga general en junio, en la víspera de la cumbre que cerrará la presidencia española de la UE. Las previsiones apuntan, además, a una magna concentración en Sevilla, el propio 21 de junio, aprovechando la reunión del Consejo Europeo.
El diálogo entre Gobierno y sindicatos parece haber entrado en un círculo vicioso, como refleja el hecho de que la reunión de ayer durara apenas 20 minutos y de que la negociación se dé por rota antes de haberse iniciado realmente. La reforma del Gobierno pretende la extinción del acuerdo para el empleo y la protección social agraria, el antiguo PER, que se mantendría para los actuales perceptores de Andalucía y Extremadura, pero para los nuevos se convertiría en un sistema contributivo en todo el Estado. También quiere eliminar los salarios de tramitación, considerar la indemnización por despido como renta a efectos del límite establecido para acceder al subsidio por desempleo, redefinir lo que es una 'oferta adecuada de empleo' y la pérdida de la prestación si se rechazan tres ofertas.
Los sindicatos aseguran que las medidas gubernamentales 'sólo recortan derechos' a los desempleados. Argumentan que el ahorro buscado se articula en medio de una reforma fiscal que, a su juicio, favorece a las rentas más altas y que el objetivo del déficit cero lo está logrando el Gobierno gracias al excedente de la Seguridad Social. Pretenden darle la vuelta al proyecto y negociar medidas de fomento y protección del empleo.
La reforma del Gobierno plantea dudas sobre su eficacia. Por un lado, el régimen contributivo que se quiere implantar para los jornaleros agrarios choca con la excesiva temporalidad de estas labores (en ocasiones son contratos de un día) y la dificultad de control efectivo. Por otro, es razonable dudar de la aplicación de las políticas activas cuando el Inem sólo intermedia del 14% al 17% de los contratos. No cabe duda de que, para las empresas, suprimir los salarios de tramitación significará un ahorro importante si se tiene en cuenta que, para contratos de hasta dos años, representan la parte sustancial de lo percibido en caso de despido.
A pesar de las discrepancias, no parece la huelga general la respuesta más idónea. En primer lugar, porque pone en quiebra el clima de paz social que tanto ha contribuido al desarrollo económico y a la creación de empleo. Y también porque las dos partes pierden en esta lucha de principios. El Gobierno se arriesga a verse privado de uno de sus grandes activos y los sindicatos, a una respuesta tibia a la huelga y a verse abocados a administrar confrontación y conflictos.