_
_
_
_
_
Tribuna
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

La segunda reforma fiscal

Jordi de Juan i Casadevall sostiene que el IRPF se ha reconciliado con el postulado constitucional de justicia tributaria. De la reforma proyectada por el Gobierno, el autor destaca el nuevo marco fiscal de apoyo a la familia

La justicia tributaria y la eficiencia económica son los dos goznes sobre los que gira una política fiscal moderna. Bajar impuestos es bueno para los ciudadanos, pero también para la economía productiva, sobre todo cuando la política fiscal contribuye a generar ahorro e incentivar la inversión o, lo que es lo mismo, crecimiento económico y creación de empleo. Ese es precisamente el balance que arroja la rebaja del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) que se acometió en la pasada legislatura. Tanto el Informe Lagares como el Instituto de Estudios Fiscales cifran en un 13% el porcentaje de rebaja impositiva, que ha sido especialmente intenso para las rentas más bajas (en torno a un 40%).

El IRPF se ha reconciliado con el postulado constitucional de justicia tributaria y con su concreción en los principios de capacidad económica y progresividad. Pero también ha sido un valioso instrumento de política económica: entre los años 1999 y 2000 ha generado un ahorro fiscal de 1,6 billones de pesetas con el consiguiente aumento de renta disponible, se han creado en torno a 150.000 puestos de trabajo, ha contribuido en un punto al crecimiento del PIB y en su primer año de aplicación fue responsable directo de un aumento de 20 puntos de la renta familiar.

Con estos mimbres, el Gobierno ha elaborado un anteproyecto de reforma del IRPF que pretende profundizar en la reducción de la imposición directa de las personas físicas para contribuir al proceso de convergencia real, en términos de renta y empleo, con la UE. La previsión del Gobierno cifra la reducción impositiva en un 11%, singularmente intensa en los tramos más bajos de renta que puede rondar el 38%.

Sería muy difícil exponer una panorámica genérica del alcance de la reforma, baste recordar que siguen las recomendaciones generales de la OCDE sobre reducción de tipos y de tramos, simplificación, neutralidad fiscal del ahorro, reducción del componente tributario de la brecha fiscal, etcétera.

Sin embargo, si hay un elemento que merece destacarse, más allá de la eliminación de barreras fiscales a los ahorradores que invierten en fondos de inversión o de la reducción de tipos nominales. Es, sin duda, el nuevo marco fiscal de apoyo a la familia. Ciertamente, no es un tema novedoso. Medidas como la elevación del mínimo exento por vivienda habitual en el impuesto sobre el patrimonio, el aumento de reducciones a las familias numerosas en el impuesto de matriculación o la amplia bonificación en el impuesto de sucesiones para transmisiones hereditarias responden a esa política de apoyo a la familia.

En esta línea, el anteproyecto incrementa las reducciones por hijos e introduce una importante reducción de 100 euros mensuales aplicables a las madres trabajadoras con hijo a cargo.

Técnicamente es una reducción de cuota, pero susceptible de percepción anticipada, por lo que puede convertirse en un auténtico impuesto negativo, una paga que la Hacienda pública satisfaga a las contribuyentes que reúnan los requisitos legalmente establecidos. La figura del impuesto negativo, la paga que va del fisco al contribuyente, y no al revés, es una importante innovación en nuestro sistema fiscal que ha sentado mal en algunos ambientes políticos, sobre todo en aquellos que sustentan un falso progresismo. Me refiero, obviamente, al Partido Socialista, tan falto de 'ideas y proyectos' como se ha encargado de recordarles estos días uno de sus más acendrados representantes de su memoria histórica.

La verdad es que tampoco es difícil entender su posición, sobre todo si tenemos en cuenta que el principal partido de la oposición ha descubierto muy recientemente la política de familia. Por cierto, hay un dato que conviene no perder de vista, el Partido Socialista, o, más precisamente, un Gobierno del Partido Socialista, ostenta el triste récord de ser el único Gobierno de España que ha soportado dos condenas consecutivas del Tribunal Constitucional por discriminación fiscal a la familia.

El recordatorio viene a cuento de los célebres fallos que declararon inconstitucional la tributación conjunta obligatoria para los matrimonios. No sé si nuestro socialismo era entonces partidario de una suerte de impuesto sobre el matrimonio, lo que sí parece claro es que esa acumulación de rentas obligatoria resultaba perversa en términos de incremento de la progresividad.

Hablando de progresividad, según el Informe Lagares, y Kakwani y su célebre índice lo confirman, la reforma de 1998 supuso un incremento de la progresividad de un 15% entre otras razones por gravar sólo la renta discrecional, reducir los tipos y por las reducciones de los rendimientos del trabajo.

Por eso, hoy la participación de las rentas del trabajo en el conjunto de la recaudación es menor. Si hubiera prosperado la propuesta socialista del tipo único, hoy más de nueve millones de contribuyentes padecerían los efectos de la regresividad y de la falta de equidad fiscal, salvo que se sacrificara la recaudación y, por tanto, las prestaciones sociales del Estado del bienestar. A título personal, me agrada más recaudar con eficiencia y progresividad y gastar en solidaridad.

Más información

Archivado En

_
_