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Fondos

Comisiones más transparentes

Las asociaciones de inversión colectiva del Reino Unido han creado un código para que los gestores informen con detalle al partícipe sobre los gastos que se le cobran

La transparencia se ha convertido en un nuevo caballo de batalla en el universo de las inversiones financieras. Las asociaciones de inversión colectiva del Reino Unido, la de fondos de inversión (IMA) y la de planes de pensiones (NAPF) han elaborado un código interno de manera conjunta para aumentar el nivel de información que recibe el partícipe en torno a las comisiones que paga por su fondo de pensiones. Se trata, en definitiva, de desglosar las diferentes comisiones y de impulsar la racionalización entre los gestores a la hora de contratar servicios de correduría bursátil, de cara a incurrir en un mayor ahorro de costes. La iniciativa ha partido del Reino Unido, pero podría convertirse en un estándar para toda Europa.

La idea de crear un código para la divulgación de las comisiones no ha partido motu proprio de las asociaciones británicas. Responde a un ultimátum del Tesoro británico, que ha advertido a estos colectivos que, si no toman cartas en el asunto antes de marzo de 2003, actuará, vía legislativa, para obligar a las gestoras a informar a los partícipes, en detalle, de los gastos en que incurre. Esta decisión del Gobierno británico nace a raíz del denominado Informe Myners, un documento titulado Inversión Institucional en Gran Bretaña: un repaso, elaborado por Paul Myners, presidente de la gestora Gartmore y asesor del Ministerio de Finanzas inglés, en el que analiza y realiza recomendaciones en torno a la situación del sector de los planes de pensiones.

El Informe Myners explica cómo los planes de pensiones pagan una comisión previamente acordada a las gestoras por la contratación de servicios de gestión de activos. Sin embargo, continúa, la gestora, a su vez, subcontrata los servicios de intermediarios y analistas bursátiles, por lo cual paga una comisión a la que posteriormente debe hacer frente el plan y, en definitiva, el partícipe. Pero, dado que la decisión sobre qué intermediario es mejor queda en manos del gestor y no del plan de pensiones, el informe concluye que se pueden dar situaciones de favor hacia los intermediarios, en detrimento del cliente, que es, a la larga, el que debe pagar las comisiones de correduría. Myners recomienda que sean las gestoras de fondos las responsables de pagar las comisiones de intermediación, y que carguen una comisión total al plan de pensiones que incluya esos costes.

'El interés del cliente se vería favorecido si se requiriera que los gestores asumieran el coste de toda comisión pagada, considerando estas comisiones como un coste más del servicio de gestión, como efectivamente lo es', apunta Myners. 'Obviamente, los gestores buscarían aumentar la comisión total, para cubrir estos costes, lo cual deberían acordar con sus clientes. Bajo este sistema los incentivos serían diferentes. Los planes de pensiones conocerían con exactitud lo que están pagando por tener su capital invertido'. Ello, según Myners, incentivaría el ahorro de costes dentro del plan de pensiones, de manera más racional, de la misma manera que los gestores de fondos, al tener que pagar ellos las comisiones de intermediación y análisis, elegirían qué servicios contratar y cuáles realizarlos por sí mismos. 'Bajo este sistema, los gestores se enfrentarían a una tensión comercial entre el recorte de gastos, por un lado, y el deseo de lograr la mayor rentabilidad, por el otro', continúa Myners. La presión provocaría que los gestores contrataran tan sólo aquellos servicios que contribuyen a lograr la mayor rentabilidad, y lo harían de manera más eficiente'.

Las asociaciones de inversión colectiva, una vez conocido el documento -y bajo presión del Tesoro- han tardado apenas ocho días en elaborar un código interno que dé solución a esta situación. Una encuesta de la consultora de planes de pensiones William Mercer, entre las 29 mayores gestoras británicas, muestra que 13 de ellas no disponen de controles para medir lo que gastan en la compraventa de acciones. 'Nuestra encuesta refleja que muchas gestoras no tienen en cuenta su habilidad para obtener los mejores precios para sus clientes cuando compran y venden acciones', apuntan en Mercer.

El código elaborado por la IMA y la NAPF divide la información que las gestoras deberán transmitir al partícipe en dos niveles: el primero de ellos consiste en una declaración anual de las políticas y procesos de costes, en los que se explicarán aspectos como los criterios que han utilizado para elegir el intermediario, y cómo afecta al cliente; los conflictos de intereses que se pueden dar; los análisis externos que se han contratado o las políticas que se han utilizado para custodia de valores o transacciones internacionales. En un segundo nivel, los gestores deberán remitir al cliente un informe semestral, especificando, de manera cuantitativa y detallada, los costes, volúmenes y comisiones del fondo. Asimismo, deberán especificar cuál es el valor del fondo, con y sin comisiones.

Las asociaciones están convencidas de que el código favorecerá la transparencia e impulsará la inversión a largo plazo, pues reducirá a lo imprescindible las operaciones de compraventa de acciones. En el sector, sin embargo, no han faltado voces en contra, principalmente porque no creen que sus sistemas informáticos estén preparados para dar esta información en marzo del año que viene, la fecha límite.

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