Las enmiendas del PP sobre cajas de ahorros afectan a más de 200 consejeros

El Grupo Popular ha optado por introducir un régimen transitorio en la enmienda sobre cajas de ahorros relativa a limitar los mandatos de los consejeros a un máximo de 12 años (dos o tres mandatos según sean de seis o cuatro años cada uno). Con este régimen, se garantiza que los consejeros actuales pueden presentarse a una nueva reelección, independientemente de los años que lleven en el cargo. En lo que se refiere a la edad máxima de los presidentes, las enmiendas del PP insisten en limitarla a 70 años, un precepto que regirá para el momento en el que se produzca la próxima elección. Eso impedirá que se reelija al presidente de La Caixa, Josep Vilarasau, al de Caixa Catalunya, Antoni Serra Ramoneda, al de Cajasur, Miguel Castillejo, y a los copresidentes de Caixa Nova, Ramón Cornejo y Manual Bermúdez, entre otros. De hecho, la limitación de los mandatos a 12 años y el máximo en la edad afecta a más de 200 consejeros de cajas en toda España, según el Grupo Popular.

El PP ha llegado a este compromiso de introducir un régimen transitorio ante el malestar mostrado en los últimos días por las cajas de ahorros, que temían un vuelco en el sector si se aprobaba la propuesta de limitar el mandato a 12 años en su redacción literal, sin ninguna matización.

Y es que, en la actualidad, hay varios presidentes de cajas de gran tamaño a los que afectaría una limitación del mandato a 12 años. Entre ellos, al presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que suma los seis años de presidente a los que fue consejero, al presidente de Caixa Catalunya, Antonio Serra Ramoneda, o al de Unicaja, Braulio Medel.

Pese a que el Grupo Popular y el mismo Gobierno se han manifestado en muchas ocasiones sobre la necesidad de aprobar una reforma de la normativa de cajas con el consenso más amplio posible, lo cierto es que ésta nace envuelta en polémica. Y es que tanto la CECA como los grupos parlamentarios Convergència i Unió y el Grupo Socialista critican que con algunas de estas medidas se invadan competencias autonómicas. En concreto, CiU presentó ayer varias enmiendas en las que pide que se elimine el carácter básico de los preceptos que se refieren a la elección de los consejeros generales en representación de los impositores, al mecanismo de provisión de los vocales del consejo y a la edad máxima de los consejeros.

El número dos de la Generalitat, Artur Mas, no descartó ayer que en un futuro limite la edad máxima de los presidentes de las cajas de ahorros catalanas pero recordó que, en cualquier caso, es el Gobierno catalán y no el central el que tiene las competencias para hacerlo.

Competencia autonómica

Entre tanto, el portavoz del Grupo Popular, Vicente Martínez Pujalte, trató de convencer de que han sido 'muy cuidadosos' en no vulnerar estas competencias y que se respeta escrupulosamente la Constitución en lo que ha de ser norma básica o no, valoración en la que no coincide ni CiU ni el PSOE, cuya portavoz, María Teresa Costa, recordó que la jurisprudencia del Constitucional señala que cualquier modificación de la normativa sobre los consejos de las cajas pertenece al ámbito autonómico.

No obstante, Pujalte no cerró la puerta a la posibilidad de votar a favor de las enmiendas de CiU en lo que queda de trámite de la Ley Financiera. Todavía se tienen que votar las enmiendas en la Comisión de Economía, posiblemente el día 29, vuelve al pleno del Congreso y luego pasa al Senado. Con todo, la ley podría entrar en vigor en octubre.

De no llegar a un acuerdo antes, el portavoz del grupo catalán, Xavier Trias, aseguró que 'recurriremos ante el Tribunal Constitucional'.

Pero las enmiendas del PP sobre cajas no se limitan a los órganos rectores. Además de la limitación de mandatos, la irrevocabilidad, la edad de los presidentes y el tope del 50% a la presencia pública en los consejos, una de las reformas más importantes para las cajas se refiere a la posibilidad de que emitan cuotas participativas.

Las cuotas podrán cotizar en mercados secundarios organizados; ninguna persona, natural o jurídica o grupo económico podrá ostentar, directa o indirectamente, cuotas participativas por importe superior al 5% de las cuotas totales vigentes y tendrán un límite del 50% de los recursos propios. CiU propone una disposición adicional para que las cajas tengan que contar con la autorización de su Gobierno autonómico antes de hacer una emisión.

Rotación de los auditores cada 12 años

 

 

El Partido Popular propuso ayer que la Ley Financiera obligue la rotación de las empresas auditoras de sociedades cotizadas. Esta renovación de los equipos auditores debería producirse cada 12 años.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PP también propone que la rotación de los equipos auditores de las sociedades no cotizadas también se lleve a cabo cada 12 años. Además, el portavoz popular para Asuntos Económicos, Vicente Martínez Pujalte, anunció que el Grupo Popular aboga porque se obligue a las empresas cotizadas a contar con comités de auditoría. Las compañías auditoras, por último, deberán hacer más transparentes sus remuneraciones.

 

 

 

 

 

 

 

El Grupo Socialista, por su parte, propuso que la rotación de empresas auditoras se produzca cada nueve años. La de equipos, por su parte, sería cada cinco. El Grupo Parlamentario de Convergència i Uniò apuesta por siete años para auditores y equipos, con un periodo de carencia posterior de tres años.

 

 

 

 

 

 

 

El grupo catalán ha solicitado, además, que se impida al mismo auditor físico a analizar las cuentas de una misma compañía durante más de siete años, aunque acepta que se mantenga la misma firma de auditoría, que deberá ser ratificada cada tres años.