Los auditores critican el plan del PP para acotar a 12 años el trabajo en una empresa

Las auditoras han expresado su preocupación por la nueva regulación de su actividad que puede introducirse hoy en la Ley Financiera, vía enmiendas parlamentarias, bajo la presión del reciente escándalo de Gescartera y del caso Enron en EE UU. Entre las medidas más controvertidas que estudia el PP se encuentra la llamada 'rotación obligatoria' o prohibición de que una sociedad mantenga durante más de 12 años a la misma firma auditora.

La obligación por las auditoras de detallar al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sus honorarios y horas de trabajo y la exigencia de que existan comités de auditoría presididos por consejeros independientes en las empresas cotizadas son otras de las medidas que el PP podría introducir en el Congreso hoy, último día para presentar enmiendas.

El PP no confirmó ayer si todas esas medidas se incluirán en sus enmiendas, como se había anunciado, y se remitió a una rueda de prensa que ofrecerá hoy. En espera de esa confirmación, fuentes consultadas en el sector de la auditoría discrepan del fondo y la forma de la reforma. Por un lado, desconfían de que España vaya a ser el segundo país europeos en regular la rotación obligatoria de auditores, sólo vigente en Italia, cuando incluso en EE UU, en pleno escándalo sobre Enron, el debate sigue abierto. Por otro lado, consideran que el marco adecuado habría sido una reforma de la Ley de Auditoría.

'Se prepara una ley todavía más intervencionista que la actual', opina José María Gassó, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas. 'No se ha tenido en cuenta la opinión de la profesión', añade.

Otras fuentes del sector destacan contradicciones en la propuesta española. 'Tiene más lógica obligar a rotar los equipos que las firmas auditoras, porque un auditor podría cambiar de firma para seguir con la misma empresa', destaca un profesional crítico con la propuesta.

El consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) estudió este asunto en Oviedo el pasado abril y anunció que emitiría una recomendación en breve. Entre las propuestas que se anunciaron como posibles se sugirió que los socios auditores (y no las firmas) deban rotar en un plazo de siete años a partir de la contratación del equipo. 'El asunto de la rotación debería esperar la recomendación de Bruselas', afirma Lorenzo Lara, presidente del Registro General de Auditores. Esta organización plantea como alternativa para reformar las garantías un sistema de coauditoría entre distintas firmas para las empresas cotizadas.

En contra de la rotación de auditores se pronunció en marzo el presidente de la Comisión del Mercado de Valores estadounidense, Harvey Pitt. 'El número de fraudes financieros en los primeros años del trabajo de un nuevo auditor es tan elevado que alcanza niveles inaceptables', dijo Pitt, defensor de la libre elección por las empresas.

En España, el sector advierte que una aplicación retroactiva de la rotación generaría inseguridad jurídica y podría ser recurrido en los tribunales. Pero los auditores, divididos en distintas corporaciones y asociaciones, no han podido dar una respuesta común al plan del PP. El plan genera además división, porque podría obligar a las cuatro grandes a ceder buena parte de su clientela al resto.

Las enmiendas que el PP y CiU pretenden introducir en materia de cajas también han levantado polvareda en el sector y en la oposición. Mientras que las cajas están a favor de que se limite el peso público en sus consejos, los Gobiernos autónomos del PSOE rechazan esta medida.

Las cajas, por su parte, también se quejan de la limitación que se pretende introducir para limitar a 12 años el mandato de presidentes y consejeros. Estas entidades consideran que esto entorpece los planes estratégicos puestos en marcha para varios ejercicios si al final parte del consejo, y sobre todo el presidente, deben abandonar su cargo por sobrepasar este límite.

La limitación de la edad de los consejeros y presidentes a 70 años que quiere introducir el PP, y que afecta al presidente de La Caixa, Josep Vilarasau, también ha levantado ampollas. El PP y CiU ultimaban ayer suavizar esta enmienda, que fue pactada hace tiempo entre ambos grupos políticos, según varias fuentes consultadas.

Las mismas fuentes señalan que la reacción de Vilarasau, quien amenazó con dejar ya su cargo y proponer al consejo a su sucesor antes de que llegase la elección de presidente, que se realizará en 2003, fue el detonante para que CiU diera marcha atrás en el apoyo a esta enmienda. Y es que las primeras previsiones de resultados de las elecciones catalanas de 2003 apuntan como ganador al PSOE, lo que derivaría en que este partido pudiese influir en la elección del presidente de La Caixa, y las intenciones de CiU era adelantarse en el nombramiento de éste.