El trasvase de los impuestos
En los 10 últimos años el perfil de la fiscalidad en España ha experimentado fuertes cambios cuantitativos, como consecuencia de modificaciones cualitativas. La imposición directa, que grava la renta de cada contribuyente, ha perdido terreno en favor de la indirecta, que grava fundamentalmente los actos de consumo y lo hace, por tanto, de forma inversamente proporcional a la capacidad adquisitiva de cada persona, familia o unidad económica. Desde 1993, y en términos netos, los impuestos indirectos han ganado cuatro puntos a los directos en el reparto de los ingresos del Estado. Si en aquel año la fiscalidad indirecta aportaba el 42% de los recursos, en el último ejercicio con información tributaria disponible, 2001, aportaron el 46%, y ello sin contabilizar la recaudación por tasas, más cercana a la naturaleza indirecta. Por contra, el tributo directo por antonomasia, el IRPF, ha pasado en el mismo periodo de aportar el 45% de los recursos del Estado al 35,9%.
Con la reforma fiscal que ha anunciado el Gobierno para 2003, volcada en el IRPF, este trasvase desde la imposición directa a la indirecta proseguirá, como seguiría seguramente de aplicarse la reforma que prepara, como alternativa, el Partido Socialista. Y esta circunstancia es una consecuencia lógica desde que los impuestos, especialmente el de la renta personal, se han convertido en instrumento electoral de los partidos políticos y de los Gobiernos en España, igual que sucede en las democracias maduras europeas y en Norteamérica desde hace décadas. Por tanto, mientras sea un reclamo electoral, la imposición directa, en buena lógica, seguirá cediendo terreno a la indirecta.
Ese trasvase de presión fiscal no es inocuo. Está directamente emparentado con la ideología de los gobernantes. La pérdida de presencia del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre beneficios de las sociedades, ambos en franca reducción en los últimos años, afecta al principio de progresividad que fue defendido por las socialdemocracias europeas como el instrumento más eficaz de redistribución de la renta y de financiación de los servicios públicos.
La rebaja fiscal aplicada en España en los últimos años ha proporcionado mayor cantidad de renta para la libre disposición de las familias, pero buena parte de esa renta liberada ha sido devuelta al fisco en impuestos ligados al consumo, que no han hecho sino crecer, especialmente a través de los impuestos especiales (tabaco, alcohol y carburantes). En el futuro, los desequilibrios que se produzcan en las finanzas públicas serán financiados seguramente con subidas del impuesto sobre el valor añadido (IVA), en el que el recorrido para España es aún grande, pero donde el flujo de transacciones facilita en ocasiones la tentación de ocultaciones y fraude. A ello se suma la rebaja continuada del gravamen sobre el capital, forzada por la competencia fiscal en Europa, que puede considerarse aceptable para generar ahorro y atraer inversiones, pero que limita a la vez la progresividad fiscal.