Los políticos franceses quieren hacer política
Cuando junio entre en su segunda mitad, los franceses se habrán dotado de nuevos dirigentes. Lo novedoso de estos comicios es que tanto el presidente como los electos para la Asamblea Nacional tendrán un mandato de cinco años. La coincidencia de la duración de los mandatos y de la fecha de celebración de elecciones debería evitar nuevos fenómenos de cohabitación, o al menos esa era la intención de la reforma constitucional de septiembre de 2000.
A pesar de la novedad, nuestros vecinos siguen el proceso electoral con relativa indiferencia y los resultados de los sondeos no se apartan de las preferencias de voto recientes: equilibrio de los dos principales candidatos, con ligera ventaja para Jospin; 10% de votantes que piensan que Le Pen es la respuesta correcta a los males del país, y una izquierda militante (10% trotskista, 5% comunista), que permitirá seguir hablando de la izquierda plural.
Lo que resulta más significativo de los programas de los principales candidatos a la presidencia de la república es su similitud: prioridad a la seguridad ciudadana, protección del Estado de bienestar, rebajas de impuestos, apertura del capital de las empresas públicas sin cuestionar su control gubernamental y atención a los electores más jóvenes y más viejos (apoyo público a jóvenes desempleados y garantía de continuidad del sistema de reparto como modelo para las pensiones).
Es difícil saber si la coincidencia en todos estos temas -las diferencias son de matiz- es producto de los años de cohabitación de Chirac y Jospin o de la falta de audacia de la que les acusa la patronal francesa Medef. Una de las más notorias coincidencias es la declaración implícita que ambos hacen en sus programas de recuperar para los políticos las decisiones más trascendentes de la economía europea. Veamos dos ejemplos.
Según destacan algunos economistas franceses, el programa presupuestario de Chirac no sólo carece de consistencia interna, sino que pone en cuestión el respeto del Pacto de Estabilidad europeo. Chirac calcula que un crecimiento medio del 3% para los próximos cinco años producirá ingresos estatales suplementarios de 65 millardos de euros. Una mitad los destinará a reducir impuestos y otra a reducir déficit público. Pero se compromete a aumentar gastos por 20 millardos para alcanzar el objetivo prioritario de su campaña (policía, justicia y defensa). Las cuentas no salen.
La cuestión no tendría más importancia si simplemente formara parte del paquete de promesas de imposible cumplimiento que los candidatos suelen incorporar a sus programas. En este caso, sin embargo, tiene una consecuencia añadida. Entendiendo que resulta necesario para hacer realidad sus promesas, Chirac renuncia expresamente a cumplir el compromiso de Francia con el resto de los países de la Unión de equilibrar el Presupuesto en 2004 y se concede unilateralmente un aplazamiento hasta 2007.
Incluir tal propósito en su programa es tanto como anticipar un conflicto con el resto de los socios comunitarios y/o anunciar su propósito de proponer la reforma del propio Pacto de Estabilidad.
El programa de Jospin incorpora otro elemento de singular relevancia europea, la creación de un Gobierno económico de la Unión que dé réplica al BCE y sea responsable del crecimiento, del empleo y de la armonización fiscal entre los países. Armonización fiscal que considera ineludible para alcanzar la solidaridad social.
Esta propuesta, incardinada en su proyecto de una federación de Estados-nación para Europa, y en la que se incluye que las decisiones sobre impuestos que tengan trascendencia para el mercado interior se adopten por mayorías cualificadas y no por unanimidad, anuncia comportamiento beligerante en la definición de la política económica europea en la fase posteuro que acaba de empezar.
Aunque las propuestas no parecen tener mucho en común, ambas cuestionan la forma de entender el Gobierno de la economía europea. Chirac, acorde a su carácter vitalista e ideología nacionalista (Francia primero), declara a su manera que el Pacto de Estabilidad y los objetivos del BCE están para adaptarse a las prioridades políticas de su país. Jospin -más disciplinado y europeísta- se compromete a vincular más la política europea a los objetivos de crecimiento y solidaridad que se marquen los ciudadanos de la Unión. En ambos casos late el deseo de que la capacidad para la toma decisiones económicas sea recuperada por los políticos.