COLUMNA

La larga marcha de las pensiones

La crisis futura del sistema de pensiones no es sólo derivada de la evolución demográfica, es consecuencia del sistema mismo de reparto en su concepción histórica y actual, que puede funcionar correctamente si, y sólo, si se produce un crecimiento constante de la población cotizante que satisfaga el desfase financiero derivado de la desviación de los criterios actuariales puros.

De aquí que a unos criterios de reparto corresponde un modelo demográfico determinado, y cuando falla éste fallan también aquéllos. Pero de aquí a invalidar el sistema de reparto hay un abismo, porque la quiebra del criterio no destruye el sistema.

Lo que habrá que hacer es cambiar los criterios para hacer compatible el sistema con cualquier desarrollo de la población y su estructura.

El sistema de pensiones tiene siempre que garantizar la existencia de pensiones suficientes, protegibles y, en condiciones de igualdad, sin discriminaciones actuariales, aparte de las derivadas del tiempo y cuantía de las cotizaciones. Ello requiere su universalidad y obligatoriedad, por tanto, el sistema debe ser necesariamente público.

Lo que ocurre es que deben incorporarse al sistema paulatina y rigurosamente criterios de capitalización, o llamémosles actuariales o de matemática financiera. La introducción de esos criterios debe ser muy lenta para evitar distorsiones, pero inexorable, así el sistema no dependerá de la demografía y será permanentemente viable y sostenible.

Hoy día el rendimiento financiero de las carreras de cotización es absolutamente dispar y carente de justificación. Así, a 15 años de cotización corresponde un rendimiento neto del 4,6%, a 20 años del 3,8%, a 25 del 3,2%, a 30 del 2,6%, a 35 de 2,2%, a 40 años del 1,5% y a 45 años de tan sólo el 1%.

¿Por qué un trabajador con larga cotización percibe menos que un trabajador con pocos años cotizados? ¿Por qué no se devengan pensiones con menos de 15 años de cotización? Además, el sistema no puede garantizar la compensación interna entre trabajadores con muchos y pocos años cotizados, ya que esta circunstancia es aleatoria.

Debemos tener en cuenta, por otra parte, que los datos se derivan de las normas vigentes y no parten de las situaciones reales derivadas de la situación histórica en que la distorsión es aún mucho mayor.

El problema no es aumentar o reducir pensiones, sino hacerlas contributivas. Lo que no empece que existan situaciones especiales, las que se quieran, pero cuya financiación deberá ser no contributiva. Para ello podemos partir de un modelo financiero que puede ser el del cuadro adjunto, que considera un interés del 2,5% neto, en función de años cotizados y esperanza media de vida, expresándolo en porcentaje de salario. Evidentemente la realidad es mucho más compleja, pero a efectos ilustrativos puede sernos útil.

Ello comportaría elevar el número de años necesarios para obtener el 50%, adecuar el incremento de pensión por años cotizados, reducir las cotizaciones a partir de 33 años de cotización y dar entrada a la percepción de pensión a cotizantes con menos de 15 años.

Hay quien dice que, a pesar de los pesares, la situación demográfica en el futuro imposibilitaría cualquier mantenimiento del sistema público, ya que la relación cotizantes pensionistas sería la misma y, en consecuencia, las rentas del trabajo a destinar a los pasivos nunca serían suficientes.

Este argumento no tiene en cuenta que la adopción de nuevos criterios lo es para dotar al sistema de rendimientos no contributivos, es decir, incorporar rentas de capital, eludiendo la participación exclusiva de las rentas del trabajo.

Efectivamente la modificación de criterios no basta porque es necesario llenar el vacío financiero-histórico, lo que requiere acudir a completar el sistema ahora con otro complementario de capitalización individual fomentando el ahorro necesario y, a ser posible, imperceptible, que cubra el desequilibrio previsible dentro de 20 años.

A este respecto las medidas fiscales de fomento del ahorro no son bastantes, porque protegen a quien puede ahorrar, no a aquellos que carecen de capacidad de ahorro, en términos modernos, que no tienen rentas discrecionales o son insuficientes para este menester, lo que requerirá acompasar el fomento con subvenciones directas.

Según los estudios al uso, bastaría con un plus de un 5% del salario para cubrir la brecha financiera, lo que no parece ni mucho menos imposible de conseguir.

Más aún teniendo en cuenta que no tiene por qué hacerse de manera inmediata, sino repartido en el tiempo con incrementos sucesivos acumulativos, partiendo de las subidas salariales en cuanto superen la actualización de las rentas a la inflación.

Ir a un sistema mixto se revela como imprescindible para superar el bache que ocurrirá si los hados no lo remedian. Pero no basta, el sistema requiere reformas internas de calado para hacerlo posible en el tiempo.

A menos que pensemos que en el futuro opere el reparto sin carácter garantista, o sea, recaudar, sumar y dividir, y toque lo que toque. Es una opción, aunque no precisamente justa.

Otra cuestión sumamente actual es la consideración de las aportaciones o cotizaciones realizadas constantes por matrimonio o pareja, ya sea a un sistema de capitalización o a la Seguridad Social, que deberán tener, porque lo son, bienes o derechos conjuntos de la pareja, sea cual fuere el régimen económico que regule su relación y, en consecuencia, la fórmula lógica consistirá en dividir por la mitad para determinar la pensión futura o, si se prefiere el palabro, hacer un split de aportaciones para cuantificar la pensión individualizada, que tiene enorme importancia en cuanto a las prestaciones de muerte y supervivencia y en casos de rupturas matrimoniales o de pareja.