Una ley contra la morosidad
La morosidad comercial es una de las principales amenazas para la actividad empresarial. Lo es tanto en España como en el resto de Europa. Pero resulta especialmente grave en España, porque es uno de los países de la UE con una de las medias más altas de retraso en los pagos entre empresas. Mientras que la europea se sitúa en 53 días, en España llega a 74. Sólo por delante de Grecia, Portugal e Italia. El problema de los retrasos en los pagos se hace especialmente preocupante en el caso de las pymes. Los datos demuestran que las grandes empresas son morosas con el doble de frecuencia que las pymes. Es más, sus retrasos en los pagos a las pymes también duplican los registrados en éstas, lo que les provoca serios problemas de liquidez. De todo ello surgen problemas que afectan a la rentabilidad y competitividad de las empresas y, en ocasiones, desembocan en la insolvencia.
La Unión Europea aprobó en junio de 2000 una directiva que establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, cuyo calendario de incorporación a los diferentes ordenamientos jurídicos concluye el próximo 8 de agosto. Y aunque el Gobierno ha nombrado un equipo interministerial que trabaja en la elaboración de un proyecto de ley que transpondrá la directiva comunitaria al ordenamiento jurídico español, todo hace presagiar que no habrá ley en la fecha fijada por la UE. Sería deseable que el Ejecutivo se tomase más en serio este problema, que resta competitividad a las empresas españolas porque se ven obligadas a repercutir en el precio de sus artículos o servicios los costes que provoca la morosidad.
Precisamente por esa razón CiU acaba de presentar una moción en el Congreso, apoyada casi unánimemente por la Cámara (ningún voto en contra y sólo nueve abstenciones), en la que se insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para luchar contra esta lacra para la actividad empresarial. Se trata de evitar que a los deudores les resulte más beneficioso demorar el pago al proveedor y utilizar los recursos financieros en su negocio, como ocurre ahora, que buscar una fuente de financiación.
Cada año se pierden 450.000 puestos de trabajo en toda la UE por culpa de los retrasos en los pagos. La morosidad en las operaciones comerciales se cifra en 90.000 millones de euros al año y uno de cada cuatro casos de insolvencia empresarial se debe a los problemas de cobro. La Comisión Europea ha editado una guía con las medidas para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales que contiene la directiva. Las directrices marcadas por la UE van en la línea de establecer plazos de pago más reducidos, así como el derecho del proveedor a percibir intereses de demora si el cliente no paga puntualmente y de evitar los abusos que en ocasiones practican los grandes compradores con sus suministradores. Son medidas cuya puesta en marcha no debe dilatar ningún país de la Unión, y tampoco España.