Suspenso en política social
Aunque a la hora de hacer comparaciones haya de tenerse presente que los datos sobre gasto social no poseen homogeneidad absoluta, parece demostrable que la diferencia que nos separaba de la Europa comunitaria en 1980, en cuanto al porcentaje del PIB dedicado a este gasto, era la misma que nos separaba en 1998. Si en 1980 Europa dedicaba el 24,3% de su PIB, en España era el 18,2%. En 1998 la UE gastaba el 27,7%, y nosotros, el 21,6%. La diferencia fue la misma, el 6,1%.
Las fuentes de estos datos son de lo más fiable. Proceden de la oficina de estadísticas de la UE (y del Ministerio de Trabajo). Habría que añadir que desde 1998 para acá ha continuado la reducción relativa del gasto social, sin que en el conjunto de la UE haya ocurrido algo parecido. Lo que quiere decir que nuestra diferencia con Europa tiende a incrementarse.
A estas alturas no supone novedad alguna denunciar los retrasos y diferencias de nuestro sistema de protección social respecto de lo que, como promedio, existe en la UE. Pero lo que sí puede resultar interesante es conocer cuál ha sido la evolución de las distintas partidas de gasto social a partir del momento de la llegada de la derecha al poder, esto es, a partir de 1996. Sobre esto conviene empezar por hacer tres consideraciones previas.
La primera sería que, debido al cambio de ciclo económico de mediados de los noventa, ha aumentado en más de dos millones y medio el número de empleos. Lo cual, entre otros efectos positivos, ha tenido el de permitir una considerable disminución del gasto en protección a los parados.
Una segunda consideración, de signo distinto, es que de la estimación del PIB total queda fuera la economía sumergida, sobre la que España figura en el grupo de cabeza de los países europeos. Según estimaciones de la Comisión Europea, representa el equivalente a un 20% del PIB; es decir, el PIB real de España es sensiblemente mayor que su PIB estadístico (el que se toma para calcular el porcentaje dedicado a protección social). Por tanto, este porcentaje está sobrevalorado respecto del que destinan los países de la UE cuyo nivel de economía sumergida es menor. En otras palabras, nuestra diferencia es algo mayor de la que oficialmente se reconoce.
La tercera consideración es que gracias al crecimiento económico hemos podido mantener, e incluso mejorar, las prestaciones individuales. Pero, al mismo tiempo, la proporción global del gasto respecto del PIB ha disminuido. El poder adquisitivo de las pensiones, por ejemplo, se ha mantenido para la mayoría de los pensionistas y ha mejorado para parte de ellos. Sin embargo, la proporción de la riqueza dedicada a pensiones es menor ahora de lo que era en 1996. Significa que la distribución de la nueva riqueza ha beneficiado menos a los pensionistas y demás colectivos protegidos de lo que ha beneficiado al resto. Este es el problema de fondo.
Desglosando los capítulos del gasto, comparándolos con los de 1996 y utilizando como indicador el porcentaje del PIB, resulta que el gasto en la partida dedicada a vejez representaba ese año el 8,63% del PIB. En 1999 se había reducido al 8,12%. En idéntico intervalo, el gasto en invalidez bajó del 1,62% al 1,52%. En el capítulo supervivencia la rebaja fue del 0,92% al 0,82%. La misma tendencia se da en enfermedad, que supuso el 6,14% en 1996 y se quedó en el 5,65% en 1999. En capítulos como familia, alojamiento y exclusión social, a los que España dedica un gasto miserable, se ha dado un estancamiento cuando no un retroceso. Obviamente, el gasto en desempleo también se ha reducido.
Los datos son ilustrativos de la dimensión real de la política social del Gobierno. En términos redistributivos, su gestión merece un claro suspenso. Quizá la percepción de la ciudadanía no se corresponda con la preocupante tendencia. Puede ser que la desinformación actúe como sedante sobre la toma de conciencia del problema, así como el que haya una parte de la población a la que, de manera desigual y fruto del crecimiento económico, les llega algo más de lo que tenían. Pero lo evidente es que se está produciendo una inflexión negativa en las políticas redistributivas y de bienestar social, cuyo efecto choca con valores como solidaridad e igualdad. Es decir, esta abriéndose paso un modelo social que afecta de forma directa a los valores que han venido constituyendo la seña de identidad de la izquierda. Por eso, lo que debiera centrar la atención no sería sólo el que con la derecha ocurran estas cosas, sino ver la manera de que desde el campo de la izquierda se haga una oposición más efectiva a semejante política.