La UE frena el proceso de revisión de las normas de capitalización de la banca

Un año después de que el Banco Internacional de Pagos (BIS) propusiera la revisión del acuerdo de capital de Basilea, las nuevas propuestas no cuentan todavía con los apoyos necesarios por parte de la Unión Europea para ponerlas en marcha. Medios políticos se quejan de que el nuevo acuerdo puede acentuar el declive económico en momentos de ralentización económica y el propio BIS ya reconoce que tendrán que seguir siendo flexibles con el calendario actual, que preveía, en principio, que las nuevas normas entraran en vigor en 2005.

La revisión del acuerdo de Basilea sobre gestión de riesgo bancario ha derrapado políticamente y corre el peligro, incluso, de no entrar nunca en vigor. Un año después de que el Banco Internacional de Pagos (BIS) propusiera la actualización del marco internacional pactado en 1998 (el llamado Basilea I), los apoyos necesarios para ponerlo en marcha no acaban de llegar.

La Cumbre de la Unión Europea en Barcelona ha exigido incluso un informe previo de la Comisión Europea 'sobre las consecuencias' de Basilea II antes de aprobar su adopción.

Medios políticos han acusado al nuevo acuerdo, que debe sustituir al del 1998, de acentuar el declive económico en momentos de ralentización. Mientras, el director general del BIS, el escocés Andrew Crockett, se quejaba recientemente en una entrevista concedida a un medio especializado contra la tentación del poder político de interferir en ese proceso de reforma.

Sin la Unión Europea, reconocen fuentes del Banco Internacional de Pagos, el acuerdo está muerto. El BIS ya no espera que entre en vigor antes de 2006 e incluso en esa fecha muestra cierto escepticismo y piensa que tendrán que ser flexibles.

En principio, existía un calendario orientativo que indica que en otoño de este año se someterá a consulta el último documento que ya recogerá los principales ajustes. A finales de 2002 se redactaría un documento definitivo y, si en el tiempo previsto se aprueba la directiva para los países de la UE, las normas entrarían en vigor en 2005. Pero 'hemos aprendido a ser modestos con los plazos que nos fijamos', reconocen portavoces del banco.

Desde 1998, la supervisión bancaria en los países desarrollados se rige por un patrón común sobre el capital que debe respaldar el riesgo de las entidades en su actividad crediticia.

El consenso surgió del Comité de Basilea, o foro de supervisión en el seno del Banco Internacional de Pagos, con sede en esa ciudad suiza. En él participan nueve países de la UE (entre ellos España desde el año pasado) más EE UU, Suiza, Japón y Canadá. La sofisticación de los mercados financieros y las crisis de Rusia y el sureste asiático a finales de los años noventa hizo pensar en una revisión de esa norma. El borrador llegó en enero de 2001 y fue recibido con alborozo por la Comisión Europea, partidaria de adaptar las directivas comunitarias al nuevo texto. 'No hicimos más que lo que se nos pidió', casi se disculpa ahora una fuente del BIS ante el devenir del proyecto en los meses siguientes.

La iniciativa provocó primero la indignación de las pequeñas y medianas empresas europeas, cuya capacidad de financiación, en su opinión, se vería seriamente dificultada con las nuevas reglas. Después llegó la intervención política al más alto nivel, de la mano del canciller alemán, Gerhard Schröder, quien cuestionaría un modelo de gestión financiera a su entender poco respetuoso con el tejido industrial europeo.

La Federación Europea de Cajas de Ahorros, que agrupa a un millar de entidades, también ha alertado sobre el riesgo de que el nuevo acuerdo 'incremente los costes y la burocracia' de la gestión bancaria. Todas esas inquietudes se han visto finalmente reflejadas en las conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona.

Vapuleo legislativo

Bajo presidencia española, la UE ha decidido someter a escrutinio detallado el acuerdo de Basilea II. Y al proyecto aún le espera, si supera ese trance, un ajetreado vapuleo legislativo en la Eurocámara, donde los europarlamentarios no parecen satisfechos con la transparencia del BIS.

'Se nos presenta el proyecto Basilea II como un ultimátum', se queja un eurodiputado, miembro del influyente comité parlamentario de Asuntos Económicos y Monetarios. 'O lo tomamos o lo dejamos, sin posibilidad práctica de enmendarlo'.

'Somos una organización abierta y estamos dispuestos a escuchar a quien haga falta o a ir a dar explicaciones donde se nos reclame', se defienden en el BIS, una institución fundada en 1930 para vigilar y gestionar las reparaciones de guerra impuestas a Alemania tras la primera conflagración mundial. Desde Suiza el BIS intenta imponer estándares a todo el planeta. Pero como recuerda la Federación Europea de Cajas de Ahorro, en el BIS sólo participan activamente 50 instituciones financieras, entre ellas las más sofisticadas del mundo, mientras que sus normas sobre riesgo crediticio pueden afectar, sólo en Europa, a 9.000 entidades, aunque el riesgo más evidente en estos momentos es que Basilea II quede en papel mojado.

La AEB aplaude el ajuste en la ponderación del riesgo de las pymes

 

 

 

 

La Asociación Española de Banca (AEB) y los bancos españoles continúan participando activamente en el diálogo del sector con el Comité de Supervisión del Banco de Pagos de Basilea. De hecho, han desplegado una considerable actividad internacional en defensa de sus puntos de vista sobre los aspectos más preocupantes de las primeras propuestas. Durante el primer trimestre se ultimaron y enviaron las respuestas a los documentos sometidos a consulta por parte del Comité de Basilea y de la Comisión Europea sobre capital regulatorio y se inició un intenso debate. Meses después, entre los ajustes conseguidos más importantes, la AEB destaca las mejoras introducidas en la ponderación de riesgos de las pymes, a fin de que no resultaran perjudicadas en su capacidad de acceso al crédito, y la posibilidad de que todas las provisiones para insolvencias sean finalmente deducibles de los requerimientos de capital.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo del proceso de revisión del Acuerdo de Basilea es establecer una normativa más avanzada para la medición de los requerimientos de capital. Dicha revisión descansa en tres pilares fundamentales. El primero se refiere a los requerimientos mínimos de capital. La calibración definitiva de estos requerimientos, pendiente de que se estudie su impacto cuantitativo, deberá dar respuesta a cuestiones como si hay incentivos suficientes para acceder a los modelos más avanzados. También se está pendiente de si finalmente se da un tratamiento adecuado de los riesgos con pymes, después de que el borrador inicial diera un peso excesivo a los ratings externos que dificultaba a estas empresas su acceso al crédito. El segundo pilar se refiere a la revisión por parte de los supervisores y el tercero, a la disciplina de mercado, que va a exigir mayor información a los agentes sobre riesgos asumidos por las entidades. Aquí se espera que los costes que eso comporte sean razonables.