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Navieras

Cuatro de los candidatos dudan si acudir a la venta de Trasmediterránea

El procedimiento elegido por la SEPI para llevar adelante la privatización de Trasmediterránea ha creado un profundo desencanto entre los candidatos a pujar por la naviera pública. Todos coinciden en que con los escasísimos datos que suministra el cuaderno de venta es imposible realizar una oferta económica y un plan industrial solventes. Hasta hoy sólo los grupos Boluda y Balearia han decidido presentar ofertas, mientras Acciona, Matutes, Suardiaz o Fred Olsen todavía deshojan la margarita.

La media docena de navieras, grupos industriales y empresas de servicios que anunciaron en su día la intención de concurrir al proceso de privatización de la compañía pública de transporte marítimo de pasajeros, se encuentran sumidas en el desencanto cuando faltan poco más de dos semanas para la fecha en que deben presentar sus ofertas por Trasmediterránea.

Todas las empresas consultadas coinciden en señalar que el cuaderno de ventas de la privatización realizado por el SCH, pero inspirado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), no aporta ningún tipo de información adicional que no fuera conocida con anterioridad a través de las memorias de la naviera.

Los interesados aseguran que se les ocultan los datos imprescindibles para realizar una proyección sobre el inmediato futuro de la empresa por la que deben pujar, lo que les imposibilita a realizar una oferta económica con un mínimo de rigor. Igualmente, se quejan de que el cuaderno no recoge las líneas fundamentales del plan industrial que ha diseñado la actual dirección de Trasmediterránea, proyecto del que es imprescindible tener conocimiento, toda vez que la renovación de la flota que se ha culminado condiciona la libertad de la gestión que puedan emprender los nuevos propietarios.

Entre los candidatos consultados existe una cierta divergencia de opinión a la hora de calificar el balance de la compañía que se describe en el cuaderno de venta. Mientras alguno considera que 'las cuentas de la compañía no son malas', la mayoría critica su elevado endeudamiento. Consideran que teniendo en cuenta las actuales obligaciones financieras de Trasmediterránea la inversión mínima que se debe prever ronda los 480 millones de euros.

Otras preocupaciones surgen como consecuencia de las obligaciones de mantenimiento de la plantilla y de la estabilidad accionarial hasta 2007 o por las dudas sobre el sentido final, favorable o desfavorable, que se debe dar al contrato de servicio público que Trasmediterránea ha renovado recientemente con el Estado.

Candidatos

De todas aquellas empresas que en algún momento han mostrado en público su intención de pujar por la naviera pública, solamente el grupo valenciano Boluda y la empresa de transporte marítimo de pasajeros Balearia parecen decididos a mantener sus proyectos, a pesar de las incertidumbres.

Boluda asegura que con su actual grupo industrial, que en el sector naval cuenta con tres navieras dedicadas al transporte de carga y 226 barcos, puede asumir algunas de las obligaciones que se les plantea en el cuaderno de venta.

Balearia, por su parte, mantiene conversaciones con grupos internacionales y con otros socios españoles.

Acciona se muestra preocupado por las dificultades para articular un buena oferta. La familia Matutes parece haber recapacitado su anuncio de que no concurriría a la privatización, mientas que las navieras Suardiaz y Fred Olsen esperan al último momento para desvelar cuál será su decisión definitiva.

Quince días para articular consorcios y ofertas

 

 

 

 

El ambiente de frustración que se ha apoderado de los agentes interesados en pujar por la compra de Trasmediterránea viene justificado por la escasez de la información que ofrece el cuaderno de ventas elaborado por el SCH. Fuentes cercanas a la dirección del proceso de la privatización han justificado esta carencia en función de un esquema de enajenación patrimonial que denominan de 'inspiración americana'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según este modelo, es necesario preservar los datos estratégicos de la compañía que se va a vender hasta que se inicie la segunda fase de la privatización. Sólo una vez que se conoce la identidad, la solvencia y las intenciones de los ofertantes se pueden abrir las puertas, los balances y los planes de la compañía en venta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el contrario, los interesados en plantear opciones de puja consideran que no es razonable comprometerse con la fijación de una cantidad sin conocer los datos que permitan realizar las imprescindibles proyecciones del negocio que se va a adquirir. También señalan que sería una frivolidad establecer alianzas con otras compañías para formar un consorcio en las actuales condiciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los candidatos entienden que, si finalmente se deciden a presentar una oferta el próximo 15 de abril, ésta podrá estar condicionada a modificaciones posteriores en la segunda fase, una vez que se conozcan los parámetros de Trasmediterránea.

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