Fred Olsen descarta comprar Trasmediterránea y le reclama 60 millones

El director general de la naviera Fred Olsen, Guillermo Van de Waal, aseguró hoy que no presentarán una oferta para comprar Trasmediterránea. Además, explicó que desde 1995 han interpuesto diferentes denuncias, reclamaciones o recursos en la Audiencia Nacional, Comisión Europea y Tribunal de Estrasburgo contra las ayudas públicas del Estado a Trasmediterránea, que fueron utilizadas por aquélla en 1995 y 1996 para competir de forma desleal reduciendo un 50% las tarifas en las líneas Los Cristianos-San Sebastián de la Gomera y Santa Cruz de Tenerife-Las Palmas, en las que opera Fred Olsen.

Para Van de Wall, las ayudas públicas recibidas por Trasmediterránea distorsionaron la libre competencia y favorecieron a la empresa pública frente a su competencia. La valoración hecha por la compañía del perjuicio económico ocasionado comprende las ayudas públicas concedidas a Trasmediterránea, más de 41 millones de euros, y 22 millones de euros por pérdidas económicas.

Fren Olsen espera los fallos a los recursos interpuestos en la Audiencia Nacional el pasado marzo de 2001 por daños y perjuicios causado por las ayudas públicas del Estado a Trasmediterránea y por la política tarifaria desarrollada por aquella gracias a este apoyo financiero; y en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo en febrero de 2002, contra la resolución de la Comisión Europea por no obligar a la naviera a devolver las ayudas públicas ilegales.

Fren Olsen opera 5 líneas regulares entre las islas del Archipiélago canario, donde tiene una cuota de mercado de casi el 70%. Cuenta con una flota de 5 buques, de los que tres tienen una antigüedad media de 2 años. En 2001, transportó a 2,5 millones de pasajeros e ingresó 96,1 millones de euros, un 2,5% más que en el año anterior.

Trasmediterránea considera infundadas las pretensiones de Fred Olsen

 

 

Trasmediterránea considera infundadas las pretensiones de la naviera Fred Olsen de recibir 60 millones de euros del Estado o de quien compre la compañía privatizable por vulneración de la libre competencia durante los años 1995 y 1996. Fuentes de Trasmediterránea señalaron que no entienden las reclamaciones de la naviera porque "tanto a nivel comunitario, como nacional, se han dictado pronunciamientos, resoluciones administrativas y diferentes comunicados contrarios a las pretensiones de Fred Olsen".

 

Todas ellas, según la empresa, "han demostrado lo infundadas que eran las pretensiones de la naviera canaria, y por ello no entendemos que continúen en esa línea cuando los Tribunales y Organismos competentes han rechazado sus peticiones". "Evidentemente, los procesos continúan abiertos, ya que Fred. Olsen ha ido recurriendo todas las decisiones que se han fallado en su contra", añadió el portavoz de Trasmediterránea.

 

Fred Olsen señaló hoy que el cuaderno de privatización de Trasmediterránea oculta pasivo de esa empresa ya que no se incorpora el contencioso que la compañía canaria tiene contra la estatal por un importe de 60 millones de euros.

El PSOE cree que en la privatización "hay intereses ocultos"

 

 

El PSOE cree que en la privatización de Trasmediterránea "hay intereses ocultos" y que "es un chollo para quien se la quede" por lo que teme que "quienes se la queden vayan a ser amigos del Gobierno, como ya ha ocurrido en otras privatizaciones", según aseguró hoy en el Congreso el portavoz socialista de Infraestructuras, José Segura. Considera que es un desprecio a los valores de la democracia que los grupos parlamentarios se estén enterando de la privatización de esta compañía a través de los medios de comunicación y que el responsable de la SEPI no haya comparecido en el Congreso todavía para informar de ello. Por su parte, el secretario adjunto del Grupo Socialista, Salvador de la Encina, dijo que todos los procesos de privatización realizados por el Gobierno del PP han sido opacos y se han realizado a espaldas de las Cortes Generales. "El Gobierno va a corresponder algunos favores recibidos y el núcleo económico del PP será quien tome la decisión", resaltó De la Encina.

 

Segura y De la Encina han presentado una proposición no de ley en la que exigen garantías de cumplimiento de los contratos de interés público que la naviera tiene suscrito, el mantenimiento, durante cinco años como mínimo, de la gestión, situación patrimonial y solvencia de la compañía, así como el mantenimiento efectivo de los puestos de trabajo, tanto de flota como de los servicios de tierra.