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Agricultura

Los agricultores piden un recorte de las ayudas a las grandes fortunas

La modulación de las ayudas comunitarias (distribución de las subvenciones en función de la mano de obra y de las primas percibidas por la explotación) resucita ahora en las pancartas de la UPA y de la COAG y en los documentos oficiales de la Junta de Extremadura. Esta actualización se produce pocas semanas antes de que Bruselas abra un debate que durará todo 2002 y que alumbrará una modulación lineal, destinada sólo a incrementar los fondos para el desarrollo rural.

Cada vez que los agricultores pretenden abrir el debate sobre la modulación (premiar la actividad y no tanto la propiedad agrarias) de las ayudas que reciben de Bruselas ponen sobre la mesa los siguientes datos: el 0,5% de los agricultores españoles (5.000 personas) recibe el 20% de las ayudas comunitarias, 720 millones de euros; el resto, hasta 5.000 millones de euros, se lo reparten casi 900.000 agricultores y ganaderos. En tan sólo una campaña aceitera, 69 propietarios recibieron 24 millones de euros, mientras que el resto de los olivareros, 105.000, obtuvieron una media de 504 euros cada uno.

Con estos argumentos se echó a la calle la Unión de Pequeños Agricultores, el pasado sábado. Y también pintaron en sus pancartas la ancestral reivindicación de la modulación, los afiliados a la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, en sus movilizaciones en toda España celebradas hace unas semanas.

Y, además, a las organizaciones agrarias progresistas les ha salido un aliado: la Junta de Extremadura, que prepara en estos momentos una ley para desarrollar una distribución equitativa de las subvenciones europeas que penalizará a las 1.352 explotaciones agrarias de la región que perciben más de 30.000 euros de Bruselas, aunque posteriormente las bonificará con 900 euros por cada puesto de trabajo creado.

Reparto por productividad

Las organizaciones agrarias o las comunidades autónomas que reivindican la modulación de las ayudas pretenden evitar el 'café para todos' que procura Bruselas, en tanto que distribuye las ayudas en función de las hectáreas o de las cabezas de ganado que posea cada agricultor. Las organizaciones sostienen que este sistema atrae al campo a inversores ajenos a la agricultura, alentados sólo por las primas comunitarias (los denominados caza-primas), cuyas actuaciones disparan el precio de los derechos (hectáreas, cupos o cuotas autorizadas para el cobro de las subvenciones) y, por supuesto, el de la propia tierra. Se cercena así la posibilidad de inversión y ampliación de los agricultores tradicionales y, sobre todo, la incorporación de los jóvenes a la agricultura, desestimulados por los altos precios de la tierra y los derechos de producción.

Además, tampoco cumplen las ayudas la misión para las que fueron creadas. Esto es, la multifuncionalidad, la pretensión de que el agricultor cumpla la triple función de garantizar la alimentación de los Estados, preservar el medio ambiente y fijar territorio en las zonas rurales para evitar su despoblación. Muy al contrario, el actual sistema 'supone una mala utilización de los impuestos en tanto que concede ayudas a quien no las necesita y distrae dinero de fondos necesarios para garantizar la vida rural', cree José Luis de Miguel, de COAG. Además, 'no tiene ningún sentido que la parte más importante de los fondos agrarios vaya a parar a sociedades domiciliadas en el paseo de la Castellana', afirma Javier Alejandre, de UPA.

Por ello, los agricultores sobre el terreno y el propio Ministerio de Agricultura y la Comisión Europea, sobre el papel (el primero consensuó un documento en 1999 que recoge estas reivindicaciones, pero que duerme en un cajón del Palacio de Atocha, y la segunda asume que el fin de las ayudas es obtener un nivel de vida equitativo para toda la población agrícola), proponen distribuir las ayudas en función de la mano de obra utilizada y de los importes totales de los pagos concedidos (hasta un 20% como tope) y crear una bolsa de dinero destinado a jubilación anticipada de los agricultores, medidas agroambientales, reforestación y ayudas a zonas desfavorecidas.

El cálculo efectuado por el Grupo Técnico de Modulación integrado por organizaciones agrarias, cooperativas y Ministerio de Agricultura, que produjo el antes mencionado documento ya en 1999, concluye que la retención de las ayudas supondrían 15.000 millones de pesetas, un 2% de la cantidad percibida por España, y las explotaciones afectadas serían unas 30.000, algo más del 3% del total de los beneficiarios.

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