Trabajo detectó fraude en la contratación temporal en un 48,6% de las empresas inspeccionadas
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó, tras investigar a 5.499 empresas y 13.238 contratos de trabajo, que casi la mitad de ellas (el 48,6%), hacían un uso fraudulento de la contratación temporal, informó hoy el Ministerio de Trabajo.
Esta labor de inspección forma parte de una campaña de control de la contratación temporal puesta en marcha por el Ministerio de Trabajo durante el año pasado para detectar la existencia de contratos temporales irregulares que en realidad encubran relaciones laborales de carácter indefinido.
Los inspectores de Trabajo -que investigaron las empresas en las que había más indicios de fraude- detectaron 2.672 infracciones en materia de contratación temporal y extendieron actas de infracción a las empresas por importe de casi 1,21 millones de euros.
Según el Ministerio de Trabajo, esta actividad inspectora permitió regularizar la situación de 3.973 trabajadores, cuyos contratos temporales pasaron a convertirse en indefinidos.
El objetivo de esta inspección ha sido vigilar y controlar el uso de prácticas dirigidas a eludir la contratación indefinida mediante modalidades de contratación temporal, explica el Ministerio.
Para ello se ha vigilado especialmente la práctica del encadenamiento de contratos temporales que se realizan sucesivamente a un mismo trabajador y en la misma ocupación, en un periodo inferior a dos años, así como el uso excesivo de la prórroga de contratos eventuales.
Según Trabajo, estas prácticas constituyen un indicio de uso fraudulento del contrato temporal y pueden dar lugar a una infracción grave en materia laboral.
Bruselas propone proteger y ayudar a los trabajadores temporales
La Comisión Europea propondrá proteger y ayudar a los trabajadores temporales en la UE, sobre todo en aquellos países en los que todavía están sometidos a restricciones, informan fuentes comunitarias. El objetivo de la propuesta de directiva que va a presentar, dijeron las fuentes, es "prever un nivel mínimo de protección para los trabajadores temporales y ayudar al sector a que se desarrolle", especialmente en aquellos países que lo obstaculizan. Hay un grupo de países considerados "sospechosos" de poner trabas a este tipo de empleo y, añadieron las fuentes, las sospechas se dirigen sobre todo hacia los países del sur de Europa. Aunque no citaron casos concretos, el ejemplo más claro es Grecia, país en el que hasta hace muy poco ser propietario de una empresa de trabajo temporal constituía un delito penal.