Consejo de Barcelona

Los Quince imponen un ritmo lento al proceso de reformas en Europa

Sin embargo, el acuerdo estrella de la reunión, la liberalización del mercado energético para grandes consumidores, supone un aplazamiento del objetivo inicial de 2003 a 2004, condición impuesta por Francia para ratificar el acuerdo.

La liberalización total del mercado queda pospuesta sin fecha, acomodando así las reformas al calendario marcado por París.

Ante las numerosas citas electorales que afrontan los países europeos, con Francia y Alemania a la cabeza, la presidencia española optó por el pragmatismo y acotó la agenda de Barcelona a un listado de propuestas concretas, con resultados "limitados pero sólidos", según valoró el primer ministro británico, Tony Blair.

Entre éstos, la liberalización de los servicios financieros para 2005 (que previamente había acordado el Ecofin), la ampliación en cinco años de la edad media de jubilación, el aumento hasta el 3% del PIB del dinero destinado a I+D en 2010 y algunas medidas para facilitar la incorporación de la mujer al mercado laboral. El acuerdo inesperado de la cumbre fue el respaldo al proyecto Galileo de telecomunicaciones por satélite.

Las ambiciones reformistas de Aznar se ciñeron al ritmo marcado por París

La UE cerró el sábado el calendario para la liberalización parcial del mercado eléctrico (2004), principal logro en la primera cumbre europea presidida por José María Aznar. El presidente del Gobierno prefirió un acuerdo de mínimos antes que arriesgarse a sacrificar el éxito de la reunión. Francia ha impuesto su criterio en favor de una modernización económica supuestamente respetuosa con la garantía del servicio público. Las tesis 'thatcheristas' de la Comisión Europea, apoyadas por España, han salido derrotadas. Unas 300.000 personas tomaban las calles de Barcelona poco después, exigiendo a los líderes respuestas más imaginativas y solidarias a los desafíos de la globalización.

La liberalización energética avanza, pero al ritmo impuesto por Electricité de France (EdF). Y si para los grandes clientes se augura un abaratamiento de la factura como consecuencia de la mayor competencia, para el consumidor español, en cambio, se avecina un incremento en el recibo de la luz. El Gobierno español ha pagado el acuerdo con Francia con un compromiso para adoptar la directiva sobre fiscalidad de los productos energéticos.

La apertura del mercado, como había advertido el vicepresidente Rodrigo Rato, irá acompañada de una equiparación de los niveles fiscales en toda Europa. La llamada ecotasa, que penaliza el consumo de electricidad y gas, entrará en vigor en 2004, fecha aceptada por Francia para abrir a la competencia el tramo de consumo industrial. La negociación también deparó una futura directiva marco sobre los servicios públicos de calidad, exigencia que París compró admitiendo una referencia en las conclusiones a la posibilidad de que la Comisión abra el resto del mercado eléctrico mediante decreto (el famoso artículo 86 del Tratado).

Interconexiones

El acuerdo se completa con un ambicioso compromiso para aumentar hasta el 10% de la producción eléctrica la capacidad de interconexión entre los Estados miembros.

La integración de las redes evitará, según la Comisión, situaciones como el colapso en el suministro registrado en California el año pasado. El plazo fijado es 2005 y 'las necesidades de financiación deberán cubrirse principalmente gracias a las empresas implicadas', según sentencia el Consejo Europeo.

La delegación francesa fue la principal protagonista de una cumbre llamada a impulsar las reformas estructurales pactadas en Lisboa hace dos años.

La presidencia española llegó a la cita de Barcelona consciente de que las numerosas convocatorias electorales de este año (Francia, Alemania, Holanda y Portugal, entre otras) complicarían sobremanera la consecución de logros 'ambiciosos' y la fijación de fechas 'concretas' para algunas de las reformas liberalizadoras pendientes.

Antes que aceptar el desafío, el Gobierno español optó por un pragmatismo que permitiese sellar el mayor número posible de acuerdos y conseguir un resultado 'equilibrado'.

El Consejo empezó con el fracaso anunciado del proyecto para crear un banco de desarrollo del Mediterráneo (una iniciativa de la presidencia española). Y concluyó con el inesperado respaldo político al proyecto de navegación por satélite Galileo, que hasta ahora se había visto bloqueado por las reticencias de Reino Unido y Alemania.

Por lo demás, la declaración final de los primeros ministros se aderezaba con la habitual retahíla de buenas intenciones o la ratificación de compromisos que ya habían sido adquiridos antes de la cita barcelonesa.

Los Quince vuelven a mostrar su voluntad de lograr un mercado único de servicios financieros para el año 2005 y abogan de nuevo por reducir las ayudas de estado (que deberían bajar como porcentaje del PIB para el año 2003).

Además, profesan una vez más el respeto absoluto al plan de liberalización del sector de telecomunicaciones, en el que la mayoría de los Estados miembros padecen retrasos que han sido denunciados por la Comisión.

La presidencia tampoco dudó en asumir y cantar como hito histórico iniciativas tan anodinas como la digitalización del formulario de la seguridad social E-111 que permite a los turistas recibir atención sanitaria en el extranjero. A finales de 2003 estará disponible esta tarjeta sanitaria.

La comisaria europea de Educación y Juventud, Vivianne Reding, probablemente tampoco había soñado nunca con que todo un Consejo Europeo se dignase a respaldar su propuesta para una simple página web donde colgar ofertas de empleo. Las dos iniciativas ayudaron a llenar el punto 34 de las conclusiones. Hasta 70 puntos consensuaron los líderes europeos , más una declaración sobre Oriente Próximo instando a una solución pacífica del conflicto. Francia rebajó sistemáticamente los objetivos del Gobierno español o matizó declaraciones más ambiciosas.

En el camino se quedó el proyecto de liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril. Y París consiguió que no se fije una edad mínima de jubilación para todos los países de la UE. En lugar de esto, los Quince manifiestan su voluntad de 'intentar elevar progresivamente en torno a 5 años la edad media ' en que se produzca la jubilación'. Pero partiendo cada país de su límite legal actual. 'En Francia', recordó Lionel Jospin, 'está en 60 años'.

La UE también intentará facilitar la incorporación de la mujer al mercado laboral, 'esforzándose en prestar para 2010 servicios de acogida al menos al 90% de los niños (...) entre tres años y la edad de escolarización obligatoria' y al 33% de los menores de tres años.