Barcelona 2002
Jordi de Juan i Casadevall repasa los retos que afronta la presidencia española de la UE en la cumbre que hoy da comienzo en Barcelona. En su opinión, si hay un mercado que necesita una reforma urgente es el del trabajo
La agenda política inmediata de la presidencia española de la Unión Europea viene marcada por el Consejo de Barcelona que hoy da comienzo. En el momento de escribir estas líneas todavía no se ha celebrado la cumbre, pero la importancia del evento creo que merece unas reflexiones. En la última sesión de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, el vicepresidente Rato informó sobre las líneas generales de la cita de Barcelona.
La primera reflexión que se impone es la entrada en circulación del euro. En el marco del gradualismo posibilista que la 'doctrina Schumann' imprimió al proceso de construcción europea, la realización de la unión monetaria con la efectiva circulación de la nueva divisa constituye un paso de gigante. Un hito histórico, cuya administración ha correspondido a la presidencia española y cuyo saldo ha sido netamente positivo en el conjunto de Europa.
El tan temido efecto inflacionario, asociado al redondeo y al cambio de moneda, no se ha producido, como prueba un reciente estudio de Eurostat que cifra el impacto del cambio de moneda en el IPC entre un 0,0% y un 0,16% en el conjunto de la zona euro.
En España, un 100% de la población realizaba regularmente sus transacciones en euros a finales del mes de febrero y un 80% considera fácil o muy fácil el manejo de los nuevos billetes y monedas. Hemos dicho adiós a la peseta tras 133 años de historia sin grandes traumas.
Los beneficios de la moneda común son de todos conocidos: desaparición del riesgo cambiario, un mercado más integrado, transparente y competitivo y, a largo plazo, un importante acicate al sentimiento europeísta de los ciudadanos.
Probablemente no sea ocioso recordar que en 1996 no cumplíamos ninguno de los requisitos para superar el examen de Maastricht: ni en tipos de interés, ni en inflación, ni en deuda pública ni, por supuesto, en déficit público. Hoy estamos en una gran área de estabilidad monetaria gracias a la política económica que practicó el Gobierno del PP desde 1996.
La segunda reflexión se refiere al paquete de reformas estructurales que, probablemente, sean el núcleo duro de la cita de Barcelona. En un escenario de estabilidad presupuestaria y de transferencia de soberanía monetaria a instancias europeas, con la consiguiente cesión de la política monetaria, las reformas estructurales cobran un renovado protagonismo en la contención de la inflación, la introducción de competencia y la garantía de un crecimiento económico sostenido.
El reto planteado consiste en concretar el programa de liberalizaciones de Lisboa mediante una serie de disposiciones que flexibilicen nuestro sistema productivo en sectores claves de la economía, como son las industrias de red, los mercados financieros y el mercado de trabajo.
En el capítulo de las industrias de red ocupa un lugar destacado la liberalización del mercado de la energía (gas y electricidad ) con la libre elección de suministrador. La realización del cielo único para el transporte aéreo y la negociación del segundo paquete ferroviario, que pretende introducir competencia en este segmento de transporte, cierran este primer capítulo.
Avanzar en la integración de los mercados financieros es otro de los objetivos marcados, consecuencia directa de la existencia de un mercado monetario integrado. En este terreno pueden verse las primeras directivas de la presidencia española: la Directiva de Abuso de Mercado y la de Garantías Financieras. Sin perjuicio de avanzar en el impulso político de otras normativas financieras en materia de opas, conglomerados financieros o fondos de pensiones.
Pero si hay un mercado que necesita una reforma urgente es el mercado del factor trabajo. Desde 1996, nuestro país ha disfrutado un crecimiento económico intensivo en la creación de empleo. Con este aval, y con el objetivo histórico fijado en Lisboa de conseguir el pleno empleo en 2010, debe plantearse una reforma del mercado de trabajo. Mejorar el sistema de fijación de los salarios, remover obstáculos al trabajo femenino o facilitar la movilidad geográfica son aspectos prioritarios. Necesitamos un mercado de trabajo más flexible.
Un tercer elemento de reflexión es el de las prioridades -o la prioridad- de la presidencia española. Me refiero a la lucha contra el terrorismo que gangrena las sociedades democráticas. El éxito de esta política exige plantear una estrategia de asfixia financiera al terror. La ampliación del mandato del GAFI a la lucha contra el tejido financiero del terrorismo, el intercambio de información financiera o el impulso por el Ecofin a la adopción concertada de medidas en el seno de la UE van en esa línea. En esta labor no estamos solos, contamos también con el apoyo de las autoridades económicas norteamericanas, como hemos visto recientemente.
Barcelona 2002 dará un impulso decisivo al sólido programa de la presidencia española y nos acercará más al objetivo o lema que la anima: Más Europa.