Gasolineros, consumidores y oposición critican el veto de Cardenal a Anticorrupción
Las asociaciones de gasolineros, consumidores, transportistas y la oposición política al Gobierno criticaron hoy el veto del Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, a la querella criminal de la Fiscalía Anticorrupción contra Repsol YPF y Cepsa por acordar presuntamente los precios de los carburantes.
Así, el presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), Juan Prats, aseguró que la asociación está sopesando la posibilidad de presentar una nueva denuncia contra las petroleras ante la Audiencia Nacional para tener acceso a la información recogida por el equipo del fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo.
Prats considera que esta información esconde datos "muy relevantes", como la introducción en la querella de acuerdos entre las compañías para comprar gasolineras, lo que demuestra que "no es sólo concertación de precios". "La CEES está ya valorando la presentación de la querella ante la Audiencia Nacional con arreglo a la documentación conseguida por la Fiscalía Anticorrupción", explicó.
En este sentido, Prats criticó la actuación del Fiscal General del Estado ante la "fuerte presión de las operadoras y la falta de voluntad real del Gobierno de liberalizar este sector estratégico de la economía".
Asimismo, se mostró "desanimado" por la actitud de Cardenal, dado que "el Gobierno deja hacer a las petroleras, que siguen actuando igual" en relación a los precios.
El presidente de CEEES también indicó que las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia del pasado año contra Repsol YPF y Cepsa probaron la concertación de precios, pero fueron "muy descafeinadas". "Daba la sensación de que con esas multas sólo querían calmar a los consumidores", subrayó.
Sospechas
Por su parte, la secretaria de Consumidores y Usuarios del PSOE, Isabel Pozuelo señaló, que el Fiscal General del Estado "actúa en favor de una parte y contra la mayoría de los ciudadanos". "El veto a la querella es inadmisible y defiende los intereses particulares de las grandes empresas", añadió.
Pozuelo recordó las multas del TDC a estas empresas por acordar precios y aseguró que Cardenal debe decir "de parte de quién está y si ha recibido instrucciones del Gobierno".
De la misma opinión se mostró su compañero de partido y portavoz de Justicia del PSOE, Javier Barrero, quien expresó su "sorpresa y repulsa" por la decisión de Jesús Cardenal e instó al Gobierno a cesarle como una medida de "salud democrática".
Además, el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, anunció hoy que su partido estudiará la posibilidad de recurrir la decisión del Fiscal General del Estado. En una rueda de prensa en el Congreso, Caldera calificó de "inaceptable" la posición de Cardenal, quien, a su juicio, abandona los intereses de los ciudadanos y defiende los intereses privados. "Si el fiscal del Estado no es sino el ordenanza del Gobierno, es evidente que ésta es una orden del Gobierno", agregó.
El dirigente socialista considera que en este caso las petroleras se han concertado para "perjudicar" a los ciudadanos españoles por lo que "merecerían una sanción" y que la Fiscalía depurara este tipo de responsabilidades.
El portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica, también lamentó el veto a la querella de la Fiscalía Anticorrupción y aseguro que Cardenal "debe ser el único español que no tiene la certeza de que existe un acuerdo de precios entre petroleras".
Múgica matizó que, aunque evidentemente, dicho acuerdo no es constatable en documentos escritos, por el hecho de que las propias compañías hablen de "seguimiento del líder", ya indica que existen estos acuerdos a la hora de fijar los precios de los carburantes.
Según el portavoz de la OCU, España ha sido el país en el que menos bajaron los precios en el pasado año, pese a que las petroleras "se escuden en factores coyunturales e internacionales". "Las empresas siempre utilizan estos argumentos como les viene en gana", afirmó.
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte (Fenadismer), perteneciente a la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes, lamentó la decisión de Cardenal, pese a la existencia de pruebas que evidenciaban "las actividades delictivas llevadas a cabo por las petroleras, que han ocasionado graves perjuicios a los consumidores profesionales y particulares de toda España".
Cepsa elude valorar la decisión
Fuentes de Cepsa descartaron valorar la decisión de Jesús Cardenal e insistieron en que la empresa, segunda operadora española con un 25% de cuota de mercado, no ha llegado a ningún acuerdo con otras compañías.
La Fiscalía Anticorrupción abrió hace año y medio unas diligencias de investigación en relación a la denuncia de la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes, que sostenían que las empresas petroleras tenían suscrito un acuerdo no escrito para concertar los precios de las gasolinas.