Cardenal bloquea una querella por pactar precios contra Repsol y Cepsa
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha paralizado la presentación de una querella contra Repsol y Cepsa por pactar supuestamente los precios de los carburantes. La querella ha sido elaborada por el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, tras un año y medio de investigación. La acusación está dirigida contra los consejos de administración de Repsol Comercial para Productos Petrolíferos y Cepsa Estaciones de Servicio. Jiménez Villarejo se ha opuesto por escrito a la orden de Cardenal.
Hace un mes que el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, envió a la Fiscalía General del Estado la propuesta de presentar una querella por un supuesto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas (artículo 284 del Código Penal) contra los miembros que componen los consejos de administración de Repsol Comercial para Productos Petrolíferos y Cepsa Estaciones de Servicio. Las dos participan directamente en la fijación de precios de los carburantes.
La acusación se fundamenta en un escrito de 50 folios, en los que se desgranan indicios de que las dos petroleras podrían haber pactado los precios de las gasolinas. En un principio también se investigó a BP, que finalmente ha quedado fuera de la querella por no tener suficiente entidad en los hechos denunciados por Anticorrupción. Las tres petroleras controlan casi el 70% del mercado.
La investigación de las supuestas prácticas para fijar los precios de las gasolinas ha durado año y medio y en ella han colaborado expertos en la materia, fiscales, policía judicial y todos los organismos oficiales del Servicio de la Competencia. Una colaboración que, según fuentes próximas al caso, 'ha sido muy positiva'.
Finalmente, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que debe dar el visto bueno a cada investigación iniciada por Anticorrupción, ha paralizado la querella y en un folio niega su autorización para que sea presentada en la Audiencia Nacional.
La escasa argumentación de Cardenal se puede resumir en que considera que la querella no cumple los requisitos del artículo 284 del Código Penal. æpermil;ste establece que 'se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años, o multa de seis a dieciocho meses, a los que, difundiendo noticias falsas, empleando violencia, amenaza o engaño, o utilizando información privilegiada, intentaren alterar los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías...'.
Villarejo se opone
El jefe Anticorrupción se ha opuesto por escrito a la orden del fiscal general por considerar que existen indicios suficientes para iniciar acciones penales contra las dos petroleras. Para Cardenal su postura ante este asunto no supone ningún enfrentamiento con Jiménez Villarejo.
Cardenal manifestó ayer: 'Sólo hemos tenido un parecer distinto'. Justificó su decisión en que 'el delito no está lo suficientemente claro' y pide que le traslade la documentación del Tribunal de la Defensa de la Competencia . æpermil;ste ha sancionado recientemente a Repsol y Cepsa por imponer precios a los abanderados.
Jiménez Villarejo ha hecho uso del artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal que establece lo siguiente: 'El fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo, estime improcedente se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su fiscal jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola. De proceder de un superior, elevará informe a éste, el cual, de no admitir las razones alegadas, resolverá de igual manera oyendo previamente a la Junta de Fiscalía. Si la orden fuere dada por el fiscal general del Estado, éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala'.
Es decir, si Cardenal no modifica su postura, el asunto será tratado en la Junta de Fiscales de Sala, máximo órgano consultivo del fiscal general del Estado. Jiménez Villarejo ya ha cosechado una derrota no hace mucho ante la cúpula fiscal. En aquella ocasión se trataba del caso Ercros. Se debatió sobre si procedía solicitar la declaración como imputado del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, en el Supremo.
Jiménez Villarejo y el jefe de Inspección, Juan José Martínez Zato, votaron a favor de citar como imputado a Piqué, frente al resto de los miembros de la Junta de Fiscales de Sala que apoyó llamar al ministro como testigo en la Audiencia Nacional.
En las diligencias informativas abiertas por Anticorrupción en junio del año 2000 se personaron como denunciantes asociaciones de transportistas, taxistas y agricultores (UPA, Fenadismer, Ucotrans, Consacop, Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio...).
En aquella misma fecha la comisaria europea de Energía y Transportes, Loyola del Palacio, manifestó que era 'incomprensible' los precios de los carburantes en España.