Concertar un nuevo modelo energético
El modelo energético español suscita cada vez más críticas desde casi todos los agentes implicados, incluso aunque éstos tengan intereses muy contrapuestos. Lo grave es que, en demasiados casos, esas críticas contienen muy sólidas razones y fundamentos.
Los consumidores en general se quejan de los cortes de suministro eléctrico y del deterioro de la calidad. Los grandes, además, se quejan de que la competencia es escasa, el mercado es poco transparente, los peajes de acceso a redes excesivos, y los precios que pagan son demasiado elevados y perjudican su competitividad.
Los nuevos entrantes en el negocio del gas y de la electricidad se quejan del mantenimiento del statu quo tradicional y de las elevadas barreras de entrada.
Las empresas eléctricas critican la incertidumbre y la arbitrariedad regulatoria, que dificulta las decisiones de inversión en generación y distribución, negocios de largo periodo de maduración, y la ausencia de señales claras que, en momentos de necesidad, incentiven las decisiones de inversión. En el sector eléctrico se carece de una metodología de cálculo de las tarifas y peajes, y en el gas han pasado años de enorme incertidumbre regulatoria.
Falta un debate sobre la necesaria evolución sincronizada y equilibrada de la regulación de los sectores del gas natural y de la electricidad, a la vista del papel preponderante del gas como combustible para la generación de electricidad en los próximos años.
El conjunto de las empresas energéticas, sobre todo las que aspiran a convertirse en operadores energéticos internacionales, cuestionan, más en privado que en público, la dificultad para compatibilizar operaciones de integración en el sector energético español para ganar dimensión, con las exigencias de la competencia en un mercado que no ha avanzado en conexiones internacionales desde las realizadas en la primera mitad de los noventa.
Los autoproductores se quejan de la pérdida de rentabilidad de la cogeneración, cuya retribución consideran poco transparente, y de la ausencia de un marco reglamentario estable para el impulso de las energías renovables.
Desde los agentes, con diferente énfasis en función de a quién se considera más favorable a las propias tesis, así como desde la oposición, se critica el debilitamiento simultáneo de los dos correguladores: la Administración energética, reducida a una dirección general, y la Comisión Nacional de la Energía, limitada a ejercer como un servicio de estudios del Gobierno. Ello explica en parte la parálisis, la falta de iniciativa y el desbordamiento de los problemas que estamos viviendo.
La oposición se hace eco de esas críticas, y concluye que los mercados energéticos no están ni suficientemente liberalizados ni eficientemente regulados, sino que son objeto de un intervencionismo interesado, poco transparente, poco objetivo y poco predecible.
Es en este contexto en el que el vicepresidente económico, ya desde hace un tiempo, ha sugerido avanzar hacia un consenso en la necesaria evolución del modelo energético.
Nunca es tarde si la dicha es buena, pero probablemente si el Gobierno hubiese optado en el pasado por la reflexión conjunta y el consenso, en lugar de definir unilateralmente su modelo, tal vez con el objetivo de presentar como resultado de su liberalización las reducciones coyunturales de tarifas, facilitadas por el descenso en los tipos de interés y la absorción de capacidad ociosa, algunos de los errores cometidos pudieran haberse evitado.
La mayor parte de los países que han afrontado la liberalización de sus mercados energéticos de electricidad y gas están hoy reevaluando su experiencia, y en algunos casos ya han acometido reformas de profundo calado. Nos referimos a California, Inglaterra y Gales, Alberta y Canadá, Nueva Zelanda, Argentina y Colombia, entre otros.
En nuestra opinión, el modelo denominado 'regulación para la competencia' sigue siendo válido, aunque deba ser reformado en bastantes aspectos básicos con la finalidad de aumentar la competencia en generación y comercialización de electricidad, y en aprovisionamiento y comercialización de gas, reduciendo barreras de entrada, asimetrías de información y poder de mercado.
También hay que incorporar señales sobre las necesidades de nueva oferta, así como para cumplir nuestros compromisos internacionales respecto de emisiones de CO2, establecer metodologías objetivas para tarifas y precios regulados, y reforzar la Administración energética, y en particular la autoridad y las competencias de la Comisión Nacional de la Energía como regulador realmente independiente.
Los modelos energéticos de planificación obligatoria y garantía de recuperación del capital invertido, que permitieron en España el saneamiento financiero y elevados niveles de eficiencia al sector eléctrico, así como un fuerte impulso al gas natural, no pueden ser ya el referente del futuro.
Creemos que existe una oportunidad para un debate a fondo que conduzca al consenso sobre la evolución deseable de nuestro modelo energético. Pero este debate no debiera limitarse al marco de una subcomisión parlamentaria, más o menos clandestina, ni constituye una base suficiente el documento técnico titulado Planificación y desarrollo de las redes de transporte eléctrico y gasista 2002-2011.
La complejidad de los temas y la diversidad de los agentes implicados (grupos políticos, consumidores, empresas, comunidades autónomas, ONG, sindicatos, expertos) requieren la elaboración, por el Gobierno o por un grupo de expertos, de un auténtico Libro Blanco sobre competencia y regulación en el sector energético, que identifique los problemas, plantee las propuestas alternativas sobre la evolución de la regulación energética, y sirva de base para el debate y (¡ojalá!) para el consenso.
No debemos dejar pasar esta oportunidad porque, como estamos viendo, los problemas que no se afrontan, se pudren.