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Ley de Mecenazgo

Las fundaciones no podrán tener consejeros en firmas cotizadas

Las fundaciones no podrán nombrar administradores en las empresas que coticen en Bolsa y tendrán limitados sus derechos de voto en los consejos de las mismas al 3%, según establece el anteproyecto de la Ley de Mecenazgo que ayer estudió el Consejo de Ministros. La futura norma pretende mejorar la fiscalidad de todas las entidades sin fines lucrativos.

El Consejo de Ministros acordó ayer enviar al Consejo de Estado y al Consejo Económico y Social (CES), para su dictamen, un informe presentado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre el anteproyecto de la Ley de Mecenazgo.

Según señaló Montoro en la conferencia de prensa posterior al Consejo, esta ley 'relativa al régimen fiscal de las entidades sin fines de lucro e incentivos fiscales al mecenazgo', según su título completo, pretende 'contribuir a canalizar hacia el interés general los beneficios del crecimiento económico que estamos registrando en estos últimos años' y es 'especialmente oportuna, porque cada vez son más las empresas con capacidad para acometer tal función'.

La nueva ley permitirá que queden libres de impuestos las actividades de interés general: la asistencia social y sanitaria, el medio ambiente, la inversión en investigación y desarrollo (I+D), la cultura, la enseñanza, la edición de libros y el deporte.

Además, añadió el titular de Hacienda, potenciará la participación de empresas y particulares en estas actividades mediante el aumento y la mejora de las deducciones fiscales existentes hasta ahora.

La Ley de Mecenazgo se configura como un instrumento más para la distribución de la renta y la cohesión social en nuestro país, pues su primer objetivo es dar más apoyo a las personas y colectivos más necesitados, como niños y jóvenes con problemas especiales, personas dependientes, discapacitados, víctimas de malos tratos, minorías étnicas, emigrantes, marginados y cooperación con países menos desarrollados.

Deducciones

Su instrumento es el beneficio fiscal para las instituciones de interés general y para las donaciones de particulares o sociedades.

El principal beneficio fiscal para las donaciones es, por un lado, una deducción en la cuota del 25% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para todas las personas que hagan donativos a las entidades establecidas (actualmente es el 20%), y, por otro, una deducción en la cuota del 35% en el impuesto sobre sociedades, frente a las deducciones con límites en la base que existían en la actualidad.

Las entidades sin ánimo de lucro estarán exentas de tributación por las rentas que se deriven de su actividad filantrópica o de su patrimonio, o que sean meramente complementarias de éstas.

Cualesquiera otras rentas que obtengan tributarán en el impuesto de sociedades al tipo del 10%. La ley sustituye el sistema de solicitud previa y concesión por la Agencia Tributaria de la exención de explotaciones económicas por una relación cerrada.

Las entidades sin ánimo de lucro tendrán la obligación de informar de sus actividades y de sus inversiones para facilitar el control por parte de los organismos públicos.

El Estado se compromete con esta ley a supervisar la gestión transparente y responsable de las entidades y garantizar que los recursos bonificados fiscalmente se asignan a los fines sociales mencionados.

Otras de las limitaciones que impondrá la nueva norma cuando entre en vigor será que los fundadores, asociados y patronos no podrán ser los destinatarios principales de sus actividades. Asimismo, los cargos de patrono o administrador no podrán tener retribución salarial.

El anteproyecto de ley establece la prohibición expresa de reversión del patrimonio, salvo que se destine a otra entidad no lucrativa.

'Es una ley auténticamente de distribución más equitativa de la renta y de cohesión social de nuestro país', dijo el ministro, que se mostró convencido de que 'va a crear un mayor compromiso entre la sociedad civil y los intereses públicos de nuestros país'.

'El Estado tiene que dejar cancha libre para que buena parte de los intereses generales del país sean desarrollados a través de la iniciativa privada', dijo Montoro.

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