Las fundaciones presionan a Hacienda para poder invertir más en acciones

Las fundaciones están negociando con el Ministerio de Hacienda la ampliación de los incentivos fiscales adicionales que el Gobierno había incluido en el primer borrador del anteproyecto de Ley de Mecenazgo. Este texto, que se está elaborando en paralelo con la nueva Ley de Fundaciones, tiene previsto regular el tratamiento fiscal de estas instituciones.

En el primer borrador de la Ley de Mecenazgo, que Hacienda redactó en noviembre, se preveía la exención, en la práctica, de todas las actividades económicas y sociales que se realicen sin ánimo de lucro.

También potenciaba las bonificaciones fiscales por donaciones a este tipo de entidades. Por un lado, se elevaba del 20% al 25% las deducciones en la cuota del IRPF por donaciones de personas físicas. Además, para las personas jurídicas establecía una deducción del 35% en la cuota del impuesto sobre sociedades en lugar de las deducciones con límites en la base imponible del impuesto que hay en la actualidad. Estas deducciones podrán ampliarse cinco puntos (hasta el 30% en el IRPF y hasta el 40% en el impuesto de sociedades), para el caso de ¢actividades prioritarias¢ que establezcan con carácter anual las respectivas leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Estas mejoras fueron acogidas con agrado por parte del sector, pero no así los límites a la inversión que también contemplaba el primer borrador. El texto permite a estas sociedades invertir en acciones, pero sólo hasta un 10% de su patrimonio. La participación en sociedades cotizadas la limita al 3% del capital, y la de sociedades mercantiles no cotizadas, al 50%.

El descontento del sector ­muchas fundaciones se nutren del mantenimiento de una amplia cartera de valores­ llevó al Gobierno a retrasar la aprobación del proyecto de ley en Consejo de Ministros, prevista para finales del pasado año. El Centro de Fundaciones ­colectivo que ha llevado las negociaciones con el secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga­ inició una nueva ronda de negociaciones, que han culminado en una serie de propuestas al ministerio.

Entre ellas, se encuentra la supresión o, al menos, la flexibilización de los citados límites. Otras peticiones pasan por la reducción del porcentaje máximo de inversión en deuda pública (90%) y una ¢nueva redefinición¢ de la responsabilidad fiscal de los patronos. ¢El Gobierno ha dejado fuera algunas actividades que deberían estar exentas¢, añaden fuentes de la Confederación Española de Fundaciones.

Nueva definición

Por su parte, el anteproyecto de la nueva Ley de Fundaciones, que reformará el texto vigente desde 1994, redefine el concepto de entidad sin fin de lucro, en el que quedarán englobadas las fundaciones actuales, las organizaciones no gubernamentales, asociaciones deportivas, la ONCE, la Cruz Roja, las reales academias y las confesiones religiosas.

Está previsto que se eleve de 6.000 a 50.000 euros (8,3 millones de pesetas) la dotación mínima para constituir una entidad de este tipo y se simplifiquen los trámites para la fusión con otras fundaciones. Otra de las novedades del primer borrador es la eliminación de gran parte de los controles administrativos previos sobre las entidades sin fines de lucro. Ello implica también la desaparición del actual sistema de concesión administrativa para aplicar el régimen fiscal especial del que disfrutan, que se sustituiría por un régimen de opción.

A cambio, las fundaciones deberán elaborar una memoria anual con detalle de ingresos y gastos y del cumplimiento de objetivos, y someterse a un modelo simplificado de contabilidad. El sector considera, no obstante, que la ley sigue siendo intervencionista y recela especialmente de los poderes otorgados al Protectorado, como órgano supervisor de la Administración. La nueva ley regulará también las fundaciones de carácter público mediante un estatuto que las clasificará en función de la procedencia de sus bienes. La inclusión en una misma ley de todo tipo de fundaciones no se ve con buenos ojos por parte del colectivo, que agrupa a entidades tanto privadas como públicas y de muy diversa consideración.

¢Es muy difícil competir con las fundaciones públicas y muy poco lógico que tengan incentivos similares porque expulsan de la actividad al sector privado¢, señala Jesús Sánchez, secretario general de la Fundación Ortega y Gasset. Ahora la pelota se encuentra, de nuevo, en el tejado del Gobierno, que tiene previsto aprobar las dos leyes (fundaciones y mecenazgo) antes de Semana Santa.