La revolución agraria silenciosa
José María Sumpsi asegura que la agricultura española ha experimentado una profunda transformación estructural, no reflejada en los censos. El autor aboga por una nueva política adaptada a los cambios
Recientemente se han publicado las primeras cifras del censo agrario 1999. Aunque existen dudas razonables sobre los datos publicados, la magnitud del cambio sugerido por dichas cifras es de tal calibre, que se puede concluir que en la agricultura española se está operando una profunda transformación estructural. En efecto, el censo agrario de 1999 muestra de forma inequívoca un drástico cambio de tendencia en relación al inmovilismo estructural de los años ochenta.
La comparación de las cifras del censo agrario de 1982 y 1989 reveló que la estructura agraria española estaba paralizada. En efecto, aunque el trabajo agrario medido en número de UTA (unidades de trabajo anual) había descendido de modo significativo, en cambio el numero de explotaciones no sólo no había descendido, sino que había aumentado ligeramente. Como consecuencia, la superficie media por explotación disminuía en el periodo 1982-1989, lo que significaba el deterioro de la competitividad de la agricultura española, justamente cuando se acababa de lanzar la Ronda Uruguay del GATT con el objetivo primordial de liberalizar el comercio internacional.
Por otro lado, el arrendamiento de tierras, un instrumento fundamental para la reestructuración agraria, también estaba paralizado o en retroceso. En este caso, el descenso de la superficie en arrendamiento se achacó a la Ley de Arrendamientos Rústicos de 1980, panorama poco favorable a los propietarios de tierras, especialmente en lo relativo a la duración de los plazos y prórrogas.
Ya en los años noventa se argumentó que la reforma de la política agrícola común (PAC) de 1992 había contribuido de modo decisivo a la paralización de la estructura agraria española durante los noventa. En efecto, la introducción de las ayudas directas por hectárea y cabeza de ganado suponía un incentivo para que los pequeños agricultores continuaran directa o indirectamente el cultivo de sus tierras, en vez de abandonar la agricultura y ceder sus tierras mediante venta o arrendamiento a otros agricultores con explotaciones de mayor dimensión.
Pero la información que acaba de suministrar el censo agrario de 1999 no avala esta tesis. El pequeño agricultor no ha renunciado a cobrar las ayudas de la PAC, pero está renunciando al cultivo de sus tierras. Ello explicaría la cesión de tierras de los pequeños agricultores, cuyo número se reduce fuertemente en el periodo 1989-1999, a explotaciones de mayor tamaño, bien a través del arrendamiento rústico o mediante nuevas formulas como la cesión del cultivo de las tierras a empresas de servicios y a vecinos o parientes que siguen residiendo en el medio rural.
Pero, los censos agrarios no recogen en muchas ocasiones estas nuevas fórmulas de cambio estructural. Así, en los censos agrarios se contabilizan explotaciones que en realidad no son tales, pues sus tierras son cultivadas por otro agricultor o por una empresa de gestión de tierras. La conclusión es que los cambios estructurales reflejados por los censos agrarios son de menor intensidad que los cambios que ocurren realmente. Por tanto, si los censos agrarios subestiman los cambios estructurales, lo sucedido entre 1989 y 1999 no es un tímido cambio estructural, sino una revolución agraria.
La pregunta clave ahora es la siguiente: ¿esta revolución agraria se ha producido gracias a la política estructural llevada a cabo en la anterior década, y especialmente a la Ley 19/1995 de Modernización de las Explotaciones Agrarias, o se trata de un cambio espontáneo, fruto de la nueva situación de la economía agraria y rural y de la evolución demográfica de la población activa agraria?
La respuesta a esta pregunta no es sencilla y requiere un análisis de los datos del censo agrario de 1999, de la información sobre los perceptores de las ayudas de la política agrícola común (PAC) y de los datos de la aplicación de la Ley 19/1995 de Modernización de las Explotaciones Agrarias. La primera impresión es que buena parte del profundo cambio estructural agrario se ha producido de manera espontánea, y de ahí el título de revolución agraria silenciosa.
Pero no cabe duda que fenómenos positivos como el incremento de las tierras en arrendamiento, crecimiento del 44% en el periodo 1989-1999, tiene que ver con la Ley 19/1995, que liberalizó la legislación española de arrendamientos rústicos, reduciendo el plazo legal para arrendar tierras y eliminando las prórrogas. Debemos concluir, por tanto, que es necesario seguir aplicando políticas estructurales; eso sí, con prudencia e inteligencia. Justamente, el problema es determinar qué política estructural agraria necesita hoy España.
La estructura agraria de nuestra agricultura está cambiando y, por tanto, necesitamos una nueva política estructural adaptada a la nueva situación.