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Tribuna
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Incesto financiero

El análisis de la quiebra de Enron, la más importante de la historia americana, no se circunscribe a la actuación de un equipo directivo que, según las acusaciones, ha malversado los fondos de la empresa y que ha situado, sistemáticamente, sus intereses particulares (stock-options) por encima de los derechos de los accionistas y de los trabajadores. Estos últimos, además de su futuro laboral, tenían también comprometidos sus ahorros en la compañía.

Tampoco se puede limitar al análisis de la actuación en este caso de una de las principales sociedades de auditoría contable, Andersen, actuación que se suma a otras pifias anteriores de las auditoras y que ahonda el descrédito y la puesta en cuestión de la independencia de este tipo de auditorías externas.

La debacle del gigante tejano de la energía no se reduce tampoco a la colusión de intereses entre la clase política norteamericana y un contribuyente especialmente generoso (71 senadores sobre 100 y 187 diputados sobre 435 recibieron donativos de Enron; George Bush recibió, para sus candidaturas de 1994 y 1998 como gobernador de Texas y luego como candidato a la presidencia en 2000, 736.800 dólares de la empresa) con los candidatos (en una proporción de tres a uno en favor de los republicanos) al Congreso o al Senado.

Más allá de todo eso, el escándalo Enron, durante años puesta de modelo de innovación y nueva economía, ha dejado en evidencia el mal funcionamiento de las reglas y las instituciones del sistema capitalista. Durante años las cuentas de Enron fueron manipuladas, sin conocimiento o con connivencia de auditores, consejeros, reguladores del mercado de valores, analistas, agencias de calificación, gestores de fondos de inversión y de pensiones. El capitalismo de amiguetes tan criticado por algunos gurús de EE UU en otros países ha estallado en el centro del sistema.

La quiebra de la ex séptima empresa de EE UU tampoco deja en muy buen lugar a los apologetas de los sistemas de pensiones por capitalización ni a las diversas fórmulas para extender la participación financiera de los trabajadores en los resultados de las empresas. Buena parte de los 21.000 empleados de Enron -lo mismo que antes los de otras como Texas Instruments o Lucent Technologies- han perdido no sólo su empleo, sino también los ahorros que estaban destinados a asegurarles su vejez y han aprendido, dolorosamente, que confiar el futuro a su empresario puede ser muy arriesgado.

Como ha señalado el conocido economista Paul Krugman 'durante los últimos 20 años los asalariados han sido incitados, por no decir forzados, en muchos países a invertir una parte importante de su ahorro-pensión en acciones de su propio empresario. La naturaleza explosiva de este incesto financiero ha quedado de manifiesto ahora con la trampa en la que han quedado atrapados los trabajadores de Enron'.

A partir de este fiasco, Bush se ha apresurado a proponer una reforma de la ley que regula los regímenes de pensión de las empresas en EE UU, para limitar drásticamente las posibilidades de invertir en los planes de ahorro -llamados 401(k), en referencia al artículo del código fiscal que los reglamenta- constituidos con acciones de las empresas en las que los trabajadores están empleados.

En Europa, la participación financiera de los trabajadores en los resultados de las empresas -en sus vertientes de participación en beneficios, acciones en manos de los empleados u opciones sobre acciones- está, sobre todo, desarrollada en Francia y el Reino Unido. Bélgica también adoptó el año pasado una ley-marco incentivadora del ahorro salarial e Italia está en camino de hacer lo propio.

En Holanda y Finlandia existen, igualmente, hace años medidas que tratan de interesar a los interlocutores sociales en este tipo de políticas. Y la Comisión Europea, que desde 1991 ha elaborado dos informes (Pepper I y II) y un documento de trabajo sobre el tema, prepara una directiva-marco para asegurar el valor añadido de una acción comunitaria. A la luz de la experiencia, será necesario que la futura legislación europea hile fino al respecto. A la hora de realizar tal regulación será necesario distinguir la participación en beneficios del ahorro salarial, el accionariado, las stock-options o un plan privado de pensiones.

A los directivos de grandes empresas y a las instituciones financieras les conviene este tipo de fórmulas para contrarrestar opas hostiles, mantener a raya a los inversores institucionales, introducir mayor componente variable en la masa salarial, gestionar mayor masa de fondos financieros, etcétera. Pero, en cambio, como han tenido ocasión de comprobar dramáticamente los empleados-ahorradores y ya no futuros pensionistas pensionados de Enron, algunas de tales fórmulas de ahorro o accionariado salarial comportan fuertes riesgos para el ahorro de los trabajadores y las finanzas públicas, en especial para la protección social pública.

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