La burbuja inmobiliaria
En las páginas de este diario se daba ayer cumplida información del informe coordinado por los profesores Naredo y Carpintero y publicado por la Fundación de Cajas de Ahorros, acerca de la evolución de la economía española entre los años 1985 y 2000. Entre sus conclusiones, ha sobresalido la referida al incremento del patrimonio neto de las familias, que se ha multiplicado por siete en década y media, mientras el multiplicador de la renta apenas ha sido de cuatro.
Es decir, el enriquecimiento español no está avalado por la mejora real de la renta de las familias españolas ni por un avance equilibrado en las fuentes de riqueza productiva del país, que siguen siendo las más solventes en cualquier país desarrollado que se precie.
Además, nos revelan los autores del citado informe que el efecto riqueza en España ha sido mayor que en los países desarrollados, pero se ha debido sobre todo a que también aquí se han registrado las mayores revalorizaciones de los precios inmobiliarios y de los valores bursátiles, por lo que se produce la contradicción entre una riqueza familiar media creciente y una tasa de ahorro decreciente.
Y de ambos componentes se lleva la palma el sector inmobiliario, ganando cinco puntos de participación en el patrimonio familiar del que representa el 70% por el 9,11% que suponen las inversiones en Bolsa.
Las perspectivas son inquietantes, ya que se teme una brusca caída de los precios de la vivienda, la consiguiente depreciación del valor de los patrimonios familiares y la mayor vulnerabilidad de buena parte de la sociedad ante un eventual ciclo recesivo.
Pero estos temores no aparecen súbitamente ni han dejado de advertirse desde los primeros decretos para la liberalización del suelo y los alquileres, así como para el cambio en la política de vivienda mediante las bonificaciones fiscales, aprobados por el primer Gobierno socialista a instancias del entonces ministro de Economía, señor Boyer, en 1984, precisamente el año de partida para el estudio publicado ayer.
Desde entonces no ha hecho más que aumentar la divergencia entre los precios de la vivienda y el crecimiento real de la renta de los compradores necesitados de ella, la deslocalización entre la oferta desplazada a zonas de alto standing o para segunda residencia y la demanda concentrada en grandes ciudades o cinturones industriales, con la desmesurada alza de los precios en estos últimos lugares y entre el creciente volumen de construcción global respecto de la declinante evolución demográfica, hasta batir el récord europeo en viviendas desocupadas y secundarias, mientras una buena parte de las familias españolas y sobre todo los jóvenes se las ven y se las desean para tener una vivienda.
Pero si el espejismo parcial del enriquecimiento español y la desigualdad real provocada por la política de vivienda se advertía casi desde los comienzos de éste proceso distorsionador, en los últimos seis años se ha llevado a los extremos que ahora pueden ser la antesala de un revés muy serio para muchas familias y para la economía españolas.
Porque desde que llegó el Partido Popular al Gobierno se ha elevado el precio de la vivienda nueva en más de un 60% (más del doble en ciudades como Madrid o Barcelona), lo que equivale tres veces la subida de los costes de construcción. Simultáneamente, han bajado un 25% las viviendas protegidas terminadas, cayendo de manera más acusada a partir de 1997.
Es una dirección hacia el abismo que con conocimiento de causa se ha seguido acelerando desde los Presupuestos Generales del Estado para el presente año, en los que se dota raquíticamente a la política de viviendas además de seguir persistiendo en el error de arbitrar las ayudas a través del IRPF fundamentalmente, al tiempo que se renuncia a la promoción de un fuerte segmento de viviendas para alquiler. En definitiva, la orientación opuesta a la que impera en la mayoría de los países de la Unión Europea.