Cascos impide a las regiones cobrar por el uso de la red de ferrocarriles
El primer borrador elaborado por el Ministerio de Fomento sobre la liberalización ferroviaria supone un serio varapalo a las pretensiones de las comunidades autónomas de participar activamente en la gestión de las infraestructuras al reservarles un papel secundario. Las regiones podrán crear sus propias operadoras para prestar servicios de transporte, financiarlos y declarar los que sean de interés público en la comunidad, pero en ningún caso cobrar el canon por uso de la vía, ni adjudicar o regular la capacidad de infraestructura disponible.
El departamento que dirige Francisco Álvarez-Cascos basa el nuevo modelo ferroviario en la existencia de tres tipos de organismos básicos: el administrador o gestor de la infraestructura, de titularidad siempre pública, los operadores o empresas de transporte, que podrán ser públicas y privadas, y el organismo regulador, también público.
Entre las funciones designadas al administrador de la infraestructura (ADIF), ente dependiente del ministerio, destaca la adjudicación de la capacidad de infraestructura disponible a los distintos operadores, en forma de franja ferroviaria, a imagen y semejanza de los slots aéreos (permisos de operación de vuelo) y el establecimiento y cobro de los cánones. Los operadores serán los encargados de prestar el servicio de transporte de viajeros o mercancías, accediendo a las infraestructuras en igualdad de condiciones. El organismo regulador, que podría ser el propio ministerio o un ente adscrito, según reza el borrador que ha sido remitido a los agentes sociales, es el tercer elemento del modelo. Será el encargado de velar por la competencia en los mercados y la correcta aplicación de la normativa, entre otros cometidos. Así, Cascos pretende trasladar el modelo aéreo al sistema ferroviario, teniendo en cuenta las singularidades de cada modo de transporte. Por su parte, las comunidades autónomas, sobre todo País Vasco y Cataluña, han reclamado tanto la gestión aeroportuaria como la ferroviaria, que también quiere Madrid.
Frente a estas demandas, la propuesta de Cascos contempla 'dejar en manos de las comunidades las competencias relativas a los servicios de carácter intrautonómico y, en concreto, las relativas a la financiación de servicios y emisión de autorizaciones complementarias, quedando bajo la titularidad del Estado todos los aspectos relacionados con la infraestructura de la red nacional integrada'.
El modelo propuesto abre la posibilidad de que sobre una misma red existan varios administradores de infraestructuras que gestionen determinadas subredes, y cita la de alta velocidad y la convencional, o diferentes servicios, en referencia a mercancías o viajeros, pero no se contempla en el documento la existencia de subredes de tipo territorial o autonómico. Incluso una infraestructura localizada exclusivamente en una comunidad podrá ser declarada de interés general.
En cuanto a las competencias de regulación, el borrador establece la posibilidad de que se creen organismos con competencias específicas, dependientes bien del Administrador de la Infraestructura o bien del ministerio. En concreto, prevé organismos para la concesión de licencias, de tarificación, de adjudicación de capacidad de infraestructura y otro encargado de expedir certificados de seguridad.
En una valoración preliminar, UGT considera que el documento es pobre y obvio, y echa en falta un calendario sobre la liberalización.