Los sindicatos rechazan el modelo ferroviario de Cascos
Después de las reuniones preliminares que mantuvieron el Ministerio de Fomento y los sindicatos a principios de este año, parece haber llegado la hora del intercambio de propuestas concretas para poder cerrar el nuevo modelo ferroviario antes de 2003. Los sindicatos plantearán su rechazo a la segregación de Renfe y su apoyo a la integración de ésta en una gran entidad pública empresarial junto con el GIF.
El equipo del ministro Francisco Álvarez-Cascos ha elaborado ya un primer borrador sobre las líneas básicas de la liberalización del transporte ferroviario, basado en la separación administrativa o institucional de la gestión de las infraestructuras, por un lado, y de la prestación del servicio de transporte, por otro.
Así, dicho texto contempla la configuración de una Dirección General de Ferrocarriles, con competencias para otorgar las licencias para poder operar, y el Administrador de la Infraestructura (Adif), encargado de establecer los horarios y cobrar el canon por la utilización de la infraestructura, entre otras atribuciones. También prevé un organismo regulador, que deberá velar por que la prestación del servicio se realice de forma equitativa.
Finalmente, este esquema contemplado por Fomento culminaría con las operadoras de transporte, Renfe, Feve y cualquier compañía que cumpla los requisitos que está previsto exigir a quienes muestren interés por operar en este mercado. De hecho, compañías como las constructoras y empresas de transporte de viajeros y mercancías por carretera ya han mostrado su predisposición a entrar en este negocio.
Frente a esta propuesta, los sindicatos defienden que la separación sea meramente orgánica, es decir, que en una única entidad pública empresarial se aglutine la actual actividad de construcción y mantenimiento de las infraestructuras que ostentan el GIF y el propio ministerio, además de la división de mantenimiento y la gestión de la circulación de Renfe, con todo su personal. Según fuentes del sector, la propuesta sindical apostará por un modelo que gire en torno a la Renfe tradicional, estructurada sobre la figura de las unidades de negocio. No obstante, dentro de esta entidad estarían perfectamente separadas las áreas de gestión de la infraestructura (con una cabeza que uniría el GIF y Adif) de las de prestación del servicio de transporte.
Red única y pública
Aunque a priori las posiciones de partida parecen muy dispares, los sindicatos se muestran proclives a negociar una fórmula que, aun manteniendo la separación absoluta de las dos actividades en entes independientes, 'nos demuestre que es viable a la hora de llevarse a la práctica, ya que nosotros pensamos que la coordinación entre empresas distintas es más complicada que si dependen de un consejo de administración único'.
Lo que a estas alturas de la negociación parece decidido es que, en contra de lo que el propio ministro llegó a manifestar en una de sus primeras comparecencias parlamentarias, es que no se optará por llevar a cabo una gestión de la red de alta velocidad separada de la red convencional y de cercanías, ya que, en opinión de los sindicatos, esa fórmula rompería con el principio de unidad territorial consagrado en la Constitución y crearía áreas de primera y de segunda división.
'Tenemos el compromiso verbal del ministro de que no habrá tal separación y la red ferroviaria será única y pública, pero todavía no hay nada plasmado en papel', explican fuentes del sector. Otra de las cuestiones que se consensuarán sin graves discrepancias será la relativa a las líneas consideradas como deficitarias. En esos casos el Gobierno ha decidido que sean otorgadas a las operadoras en régimen de concesión, mediante licitación pública.
Tampoco el difícil debate de las regulaciones de empleo parece que vaya a marcar el diálogo, porque frente a los temores sindicales de despidos en Renfe por su reorganización empresarial Cascos ha vaticinado que la liberalización podría generar hasta 20.000 empleos.
La deuda de Renfe será el escollo a salvar
Álvarez-Cascos ya cuenta con que en la mesa negociadora será difícil contentar a los sindicatos con su propuesta de reforma del actual sistema de transporte ferroviario, pero más dura que la oposición sindical será, sin duda, la que encontrará por parte del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la petición realizada por los sindicatos y por el mismo Cascos para que el Estado condone la deuda histórica de Renfe, que asciende a 7.212 millones de euros.
Según fuentes del sector, de ese total, más de 3.726 millones corresponderían a la insuficiencia de aportaciones del Estado para cubrir pérdidas de explotación anteriores a 1994, que en opinión de Fomento debería asumir sin ningún tipo de dudas el Estado. Otros 3.200 millones se atribuyen a inversiones en infraestructuras, así como a las distintas unidades de negocio. Hacienda ya ha descartado la absorción de toda la deuda y, sin embargo, los sindicatos ponen esta premisa como condición indiscutible para que cualquiera que sea el modelo adoptado, éste pueda funcionar.