Duhalde trata de sortear las presiones del FMI

Entre dos fuegos, el presidente argentino Eduardo Duhalde ve acercarse el momento de una definición crucial. Un mes y medio después de asumir el poder, su método de prueba y error ha encontrado un límite con la formalización de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y deberá decidir, rápidamente, si las acepta. En ese caso se arriesga a ver cómo se volatilizan las bases políticas y económicas de su Gobierno.

Con el amplio apoyo de su partido justicialista, de la Unión Cívica Radical dirigida por el ex presidente Raúl Alfonsín y los restos del centroizquierdista Frepaso, Duhalde llegó al poder el 1 de enero con sólo dos puntos claros en su programa económico: la suspensión del pago de la deuda externa y la devaluación del peso.

Ambas definiciones fueron ampliamente sostenidas y alentadas por el sector empresario nacional, sin distinción de sectores productivos. Así, el Gobierno se estructuró con representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la producción agropecuaria. Los dos puntos de partida del programa oficial eran apoyados por esta alianza de políticos y hombres de negocios del campo nacional, que así coincidían con el reclamo del FMI y del Tesoro de Estados Unidos al anterior ministro de Economía, Domingo Cavallo.

Esta extraña coalición de fuerzas, que en apariencia daba mucha fortaleza al nuevo Gobierno, no ha tardado en entrar en conflicto. Y, por ende, crea serias dudas sobre las posibilidades de éxito del actual presidente.

Tras la devaluación y la creación de un doble mercado de cambio, llegaron las primeras críticas del Fondo, favorable a la libre flotación del peso.

Devaluación y ajuste

Algo que, a regañadientes, Duhalde terminó imponiendo hace dos semanas, en un claro paso atrás y señal de su disposición a llegar a un acuerdo con el organismo multilateral. Sin ayuda del FMI, el Gobierno argentino temía una devaluación más profunda. Algo que no ha ocurrido por la iliquidez de la plaza, debida a la congelación de los depósitos bancarios.

Pero quien bebe el primer trago puede apurar la copa hasta el final. Y eso ha sido lo que el director-gerente del Fondo, Horst Koehler, y el Tesoro de Estados Unidos, le comunicaron la semana pasada al ministro de Economía argentino, Jorge Remes Lenicov, en Washington, como condición sine qua non para que Argentina sea auxiliada por la comunidad financiera internacional.

Los principales puntos que el FMI ha planteado como parte de un ¢programa integral y sostenible¢ son los siguientes: a) Revisión del Presupuesto 2002, con un mayor ajuste del gasto público; b) Reforma del sistema impositivo y del reparto de ingresos fiscales con las provincias; c) Derogación de artículos clave de la Ley de Quiebras aprobada por el actual gobierno y por el Congreso para evitar la caída de empresas locales; d) Apertura progresiva del corralito al sistema financiero, y e) impuestos a las exportaciones.

Para cumplir con los dos primeros puntos, Remes debería replantear gran parte del Presupuesto ya en discusión en el Congreso, enfrentarse con las provincias para que reduzcan sus gastos y avanzar rápidamente en una reforma de tributos que ya había dejado para el año próximo. También se colocaría en contra a organismos y funcionarios estatales y, por tanto, a los sindicatos hasta ahora silenciosos en apoyo del Gobierno.

La revisión de la Ley de Quiebras fue realizada el pasado jueves por Duhalde. Pero sin derogar el artículo que prohíbe que los acreedores pidan la quiebra o el embargo de las empresas deudoras que no cumplan con sus obligaciones, excepto en el caso de deudas impositivas o a la seguridad social. Como en este último punto se trata de obligaciones con el Estado, es claro que el Gobierno no les planteará la quiebra.

Este punto es decisivo, ya que su mantenimiento es el que le otorga a Duhalde el favor de los grupos nacionales y, en parte, de las multinacionales europeas presentes en el país, con fuertes deudas en dólares. Si el presidente cede en esta cuestión, perderá el sustento de estos sectores y provocará la salida de la UIA de su Gobierno, donde está representada por el ministro de la Producción, Ignacio de Mendiguren.

Algo similar puede ocurrir a la hora de desmantelar la bomba de tiempo del corralito. Si se decide a permitir la libre transferencia entre bancos de las imposiciones del público, se producirá una fuga de depósitos desde los bancos privados nacionales y estatales hacia la banca extranjera. Y, de esa manera, una inevitable quiebra de los primeros en beneficio de los segundos. Así, la reestructuración financiera que exige el Fondo, se operaría en detrimento también de los capitales locales, en este caso, bancarios. Una posibilidad que desvela a los políticos de la coalición oficial y a los pequeños y medianos empresarios de todo el país, principales clientes y deudores de la banca oficial.

Finalmente, el planteamiento de las retenciones a las exportaciones busca generar ingreso de divisas al Estado para que atienda el pago de la deuda. Es, para el Fondo, un paso en el camino de la renegociación con los acreedores externos. El Gobierno ya ha anunciado que gravará con un 20% de retención a las petroleras. Pero el FMI pretende que ese impuesto sea del 5% y a todos los sectores. Una demanda que es rechazada por industriales y agropecuarios, además de las firmas petroleras.

En Europa se sigue con atención el proceso. Tanto el presidente José María Aznar como el Gobierno de Francia han indicado que sus empresas deben seguir presentes en Argentina. La Unión Europea está a favor de la asistencia del FMI. Pero no acepta medidas que perjudiquen a las empresas europeas. Duhalde está frente a una doble encrucijada. La que le plantea el FMI y EE UU respecto a sus empresarios y banqueros, y la que se deriva de los intereses contradictorios de los capitales de Europa y Estados Unidos en Argentina.