Una ley muy seca
Esta columna podría haber llevado esta semana por título Una ley e-spamtosa, en referencia a la insufrible LSSI. æpermil;se hubiera sido su título si no llega a cumplirse el viejo adagio de que las desgracias nunca vienen solas. Rubricado además por la ocurrencia gubernamental de prometer prohibir la ingesta de alcohol en lugares públicos, difundida a raíz de un congreso sobre juventud, noches y alcoholemias, tan artificialmente sano como la indigesta Operación Triunfo.
A uno le disgusta enormemente coincidir con la industria del ramo, pero no cabe duda que antes hay que enseñar a beber a nuestros jóvenes en lugar de marginarlos. Igual que deberíamos alentar a nuestros emprendedores de la nueva economía, en lugar de castigarlos beneficiando a los de la vieja, que ya tienen ventaja sin ayuda. Pero expliquémonos, antes de que la aparente anarquía, y la no menos aparente confusión, hagan abandonar al lector nuestro hilo argumental.
La UE viene advirtiendo a varias regiones españolas de que deben ir acabándose las inversiones en infraestructuras, para sustituirlas por lo que de verdad marca diferencias: la formación y la innovación. Esas armas con las que siempre nos vencen en el campo de batalla económico los pérfidos EE UU. Pero nosotros, ni caso.
En estas dos parcelas, los males que se pretenden legislar acabarían con un mínimo esfuerzo formativo. Enseñemos a nuestros jóvenes los efectos reales del alcohol, las combinaciones menos indigestas y las posibilidades alternativas y habremos avanzado más que prohibiendo hipócritamente lo que permitimos y promovemos entre otros grupos sociales más adinerados. Porque en realidad eso es lo que oculta la hipócrita propuesta: una ampliación de la franja que separa a ricos de pobres. Nuestros jóvenes no podrán beber en la calle, pero sus adinerados padres o sus compañeros de generación adinerados sí podrán hacerlo. Porque en las terrazas y demás concesiones administrativas se podrá pecar alegremente. Y para delitos como ensuciar la plaza pública ya existen leyes promulgadas hace siglos.
Más de lo mismo es lo que nos ha traído la LSSI. No hay espacio suficiente aquí para hablar de todos sus errores, comenzando por el error mismo de hacer una ley para lo que debe ser contemplado en otras ya existentes, pero cuanto menos hay que hablar del spam, del correo no solicitado. La LSSI penaliza, persigue y criminaliza el envío de correos electrónicos no solicitados.
Damos un paso de gigante en el mundo digital, pero no en el mundo físico. Mi buzón electrónico no se llena nunca de correo no deseado, porque conozco, como muchos, la forma de evitarlo informáticamente. Sin embargo, jamás conseguiré evitar el spam legal que inunda el buzón de mi casa de folletos no solicitados de empresas a las que ni siquiera conozco. ¿Por qué esta distinta vara de medir dos hechos de idéntica naturaleza?
Porque quienes saldrían perjudicadas en el mundo real serían imprentas, potentes empresas distribuidoras y financieras, amén del propio Estado, que dejaría de vender un montón de franqueos. Mientras que en el mundo digital, donde para enviar spam no hace falta gasto alguno (ni de imprenta, ni de sobre, ni de sellos), se perjudica a jóvenes emprendedores sin los recursos que tiene el hijo de algún adinerado. Y mientras no se demuestre lo contrario, Marinof tendrá razón: 'Mi libertad depende tanto del sistema político como de mi vigilancia en la defensa de sus libertades'.