Aunque la EPA se vista de seda...
Acaban de conocerse los datos de la encuesta de población activa (EPA) correspondientes al último trimestre del año pasado, que arrojan un aumento del paro de 33.900 personas, alcanzando el 12,96% de la población activa. La evolución de las cifras de empleo ya no permite hablar de un bache coyuntural, como ha reiterado el Gobierno desde que empezó a notarse la desaceleración del crecimiento económico a finales de 2000. Indicaban, y ahora constatan, una clara tendencia a la baja en la creación de puestos de trabajo, sin que se haya hecho nada para invertirla o, al menos, contenerla.
Del tercer al cuarto trimestre de 2001 descendió el número de ocupados en 17.400 personas, sobre todo hombres (-56.900), afectando especialmente a los jóvenes. Han mejorado un poco los porcentajes de contratos indefinidos (+0,19%), pero la temporalidad sigue siendo muy elevada, el 31,7%. A la que por cierto no ha dejado de contribuir el sector público desde 1996, incrementando los contratos temporales en 4,3 puntos, hasta llegar en la actualidad al 20% del empleo público.
En este campo, la mayor responsabilidad recae en el Gobierno por su política laboral en las Administraciones públicas, que tienen cinco puntos más de eventualidad que la media de los países europeos.
Pocos días antes se conocían también las cifras del paro registrado en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo, con el alarmante crecimiento de 76.884 desempleados durante el mes de enero. Un aumento tan considerable que no se daba desde el mismo mes de 1993. Pero, además, ha sido el cuarto mes consecutivo que ha registrado un incremento interanual del paro en todos los sectores productivos.
Ambos mecanismos de medición del paro, aún siendo diferentes, el registrado -menos riguroso- y la EPA -el homologado en la Unión Europea-, nos ponen sobre la misma pista: la que nos devuelve al punto de partida de seis años atrás.
Estamos perdiendo los avances logrados en la lucha contra el paro en todos esos años y el trecho recorrido en la convergencia real con Europa.
Pero lo que no se remedia con soluciones tangibles puede camuflarse con cambios estadísticos. La próxima tanda de la EPA vendrá sesgada por las modificaciones introducidas por Eurostat.
De entrada, ya no se considerará parada a aquella persona que esté inscrita o entre en contacto con una oficina pública de empleo, sino que deberá haber realizado la inscripción durante el mes anterior. Sólo con ésta medida se descontarán de las cifras oficiales medio millón de parados que pasarán a ser catalogados como inactivos.
Otro de los cambios introducidos en la nueva encuesta de población activa es la ponderación por tramos de edad, que reduce el peso específico de quienes están entre los 25 y los 45 años aduciendo las mayores dificultades para encontrarlos en sus domicilios, ya que pasan la mayor parte de su tiempo fuera de ellos.
Algunas estimaciones sobre los efectos en España de tales arreglos estadísticos apuntan que supondrán un aumento de dos puntos de la tasa de ocupación pero sólo de nueve décimas en la de actividad. El más beneficiado será el índice de paro, que se aligerará en dos puntos y medio.
Pero no serán los parados de carne y hueso quienes se beneficien con el nuevo ropaje de la encuesta de población activa. Más nos valdría a todos que en lugar de acomodarse a la nueva metodología, se moviera el Gobierno impulsando políticas generadoras de empleo en sectores donde España tiene niveles de ocupación muy inferiores a la media europea, como son los servicios sociales y comunitarios o en las actividades vinculadas a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información.
Tampoco la ciudadanía europea se sentirá más aliviada por el maquillaje estadístico del problema que más le inquieta. Ni es la vía para cumplir realmente con los objetivos de la Estrategia de Lisboa concernientes al pleno empleo ni para elevar la tasa de actividad hasta equipararla con la de Estados Unidos.