Política y gestión empresarial
Alfonso Novales sostiene que una lección a aprender de la actual crisis económica es el enorme peligro de la intromisión de los intereses políticos en el tejido empresarial. Se refiere al caso de Enron, en EE UU, y a la crisis bancaria en Japón.
Una de las lecciones más caras que vamos a aprender de la actual recesión económica será, sin duda, la relativa a los enormes peligros que entraña la intromisión de los intereses políticos en el tejido empresarial de una economía desarrollada. Estamos asistiendo a dos testimonios de una enorme dimensión: el que ha provocado la crisis bancaria en Japón, y que atenaza la recuperación en dicho país, y el que ha conducido a la quiebra de Enron, la mayor empresa energética estadounidense.
En Japón, la tradición de asignar la presidencia de bancos y grandes empresas como prebendas a políticos en retiro facilitó durante mucho tiempo la financiación de todo tipo de proyectos de inversión. Como ahora estamos viendo, estas prácticas resultan socialmente admisibles mientras la economía está sólida. Sin embargo, la facilidad con que se otorgan créditos de dudosa garantía, muchas veces de una gran cuantía, hace que cuando la economía se debilita, se produzca un súbito y profundo deterioro de la situación de morosidad del sistema financiero.
Sería injusto pensar que ésta es la clave de la crisis en Japón. La crisis es compleja y obedece a una variedad de razones, entre ellas, el pinchazo de una burbuja bursátil comparable en muchos aspectos a la que se ha producido en EE UU. Sin embargo, cuando se pretende poner en marcha políticas para impulsar la economía fuera de la recesión, el engranaje que presta el sistema financiero es crucial. Precisamente en estos tiempos en que tanta confianza solemos depositar en la política monetaria para reactivar las economías, no podemos olvidar que los tipos de interés sobre los que actúan los bancos centrales no son los que afectan a las decisiones de financiación de empresas y consumidores y que es, por tanto, fundamental, la transmisión que tanto en costes como en liquidez lleva a cabo el sistema financiero.
Es este canal de transmisión el que está ausente en Japón como consecuencia de la crisis de su sistema financiero. Los bancos han debido hacer tales provisiones por fallidos y sus ratios de morosidad son tan elevados que no tienen apenas capacidad de traducir en crédito al consumo o a la inversión las posibles inyecciones de liquidez de su banco central.
El caso de Enron, aun teniendo una importancia menor, aunque muy relevante en la vida económica del país, arroja sin embargo sombras sobre muchos de los fundamentos de una economía de mercado como la estadounidense: por un lado, pone en duda la contabilidad creativa que ha podido aplicarse en muchas grandes empresas, además de lo que ya se conoce con certeza en el caso de esta empresa; por otro, hace aflorar los conflictos de interés en la clase política, que ha podido compensar a Enron por la financiación de campañas políticas con puestos de importancia en los comités de seguimiento de aspectos (medio ambiente, competencia, etcétera) que pueden condicionar sus resultados; en tercer lugar, surge el fiasco de los supervisores, en este caso de uno de los mayores consultores internacionales, que reconoce haber infringido las normas más básicas de ética en que se fundamenta su negocio. No es sorprendente que estos aspectos debiliten la confianza de ahorradores e inversores, precisamente en un momento en que más necesaria es su fortaleza.
El tema de la supervisión es especialmente central en una economía de mercado que requiere la existencia de sistemas que garanticen la veracidad de la información aportada por los gestores de las empresas cuya propiedad, no podemos olvidar, es de sus accionistas. Como estamos viendo estos días, son los accionistas de las empresas y los participantes en los fondos que en ellas invierten quienes pagan en última instancia las consecuencias de la mala gestión de las mismas.
La profunda crisis que vivimos tendría una consecuencia positiva si nos enseña la crucial importancia que tienen los mecanismos de seguimiento y supervisión de la actividad de los directivos por parte de empresas auditoras.
Las posibles querellas judiciales contra el auditor de Enron podrían generarle serias dificultades, extrapolando así la crisis a otra empresa más, pero sería la demostración de que el mecanismo de mercado puede, en efecto, velar por su propia seguridad. Por otra parte, las instituciones públicas de supervisión han de disponer de los medios necesarios para atender tan importante tarea.
Estos procesos no son específicos de Japón y EE UU, sino que afectan por igual a todas las economías desarrolladas. También en España ha sido evidente en sucesivos Gobiernos el deseo por disponer de fácil comunicación con la dirección de algunas grandes empresas productivas y financieras. Deberíamos aprender, sin embargo, que la clase empresarial no se hace por decreto y que, en una economía de mercado, los gestores deben sentirse responsables ante los accionistas, a quienes regularmente deben dar cuenta veraz de los resultados de su gestión. No es en absoluto deseable que la gestión de las empresas pueda estar condicionada por dependencias de la clase política.
Desde el punto de vista de la supervisión, el rápido desarrollo de la gestión financiera que hemos experimentado en España precisa medios de los que no dispone actualmente la CNMV. Sólo así podrá impedirse la recurrencia de procesos como los vividos el año pasado, en que una mezcla de gestión poco capaz y un activo tráfico de influencias han evaporado los ahorros de muchos pequeños inversores, o que pueda quedar sin castigo el uso indebido de información privilegiada, eventos ambos que una economía relativamente pequeña como la española es propensa a generar.