La cumbre de primavera
José María Zufiaur expone las prioridades que debe gestionar la presidencia española de la UE sobre el mercado laboral europeo. Considera que, a falta de proposiciones precisas, se pretende debilitar la protección social
Pocas habrán sido las presidencias rotatorias de la Unión Europea tan cargadas de actos de todo tipo como la que durante este semestre recae en nuestro país. Esta afirmación es particularmente cierta en cuanto a la agenda de reuniones, seminarios, conferencias y congresos organizados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales: unos 40. Si, desde luego, el éxito de la presidencia española de la UE se fuera a medir por la capacidad para organizar encuentros, el éxito estaría asegurado de antemano. Lo relevante, no obstante, serán las decisiones y resultados concretos que se consigan. En este sentido, y centrándonos en los aspectos sociales, tres serán los grandes capítulos que deberá gestionar la presidencia española de la UE.
Por un lado, culminar algunas directivas sociales que vienen arrastradas de presidencias anteriores. Es el caso del proyecto de directiva sobre un marco general de información y consulta de los trabajadores, en su versión mejorada recientemente por el Parlamento Europeo, la directiva sobre protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario, la adopción de la directiva sobre jornada laboral para los trabajadores del transporte por carretera y transportistas autónomos, la directiva sobre protección de los trabajadores frente al amianto y la directiva sobre la aplicación del principio de igualdad de trato de mujeres y hombres en lo que respecta al acceso al empleo, la formación, la promoción profesional y las condiciones laborales. En otros casos, lo que corresponde es iniciar el procedimiento. Por ejemplo, para la aprobación de una directiva sobre empresas de trabajo temporal, también corresponde iniciar la revisión de la Directiva sobre Comités de Empresa Europeos. Finalmente, se espera de la presidencia española que dé continuidad a lo ya avanzado por la presidencia belga en relación con el establecimiento de un sistema europeo de mediación, conciliación y arbitraje voluntarios; así como que se favorezca un resultado positivo a la consulta realizada por la Comisión Europea a los interlocutores sociales sobre los 'aspectos sociales de las reestructuraciones industriales'.
En segundo lugar, la presidencia española ha invitado a los interlocutores sociales europeos a poner en práctica, con ocasión de la próxima Cumbre de Primavera (en referencia a las cumbres europeas que tratan -a partir de la Cumbre europea de Lisboa, de marzo de 2000- de manera integrada los aspectos relacionados con el empleo, las orientaciones macroeconómicas y los cambios estructurales; la próxima Cumbre de Primavera será la que se celebre en Barcelona, los próximos días l5 y l6 de marzo), su reciente acuerdo en el que proponen, entre otras cosas, articular la concertación tripartita europea de forma integrada y en una instancia única.
Ello supondría sustituir el actual Comité Permanente del Empleo por un comité tripartito de concertación que integrara, además de a los interlocutores sociales, a la Comisión, al Consejo y al Banco Central Europeo; tal comité de concertación debería, en vísperas de las Cumbres de Primavera, debatir y concertar el conjunto de la estrategia económica y social comunitaria.
A este respecto, la prevista reunión de la troika comunitaria -es decir, el país que ejerce la presidencia europea más los países de las presidencias anterior y posterior- con los interlocutores sociales europeos, en vísperas del Consejo europeo de Barcelona, constituirá una prueba de fuego para saber hasta dónde existe voluntad de concertar la 'estrategia de Lisboa' y de constatar, a su vez, cómo se pretenden concretar los objetivos de pleno empleo, acceso al conocimiento, calidad del empleo y cohesión social contemplados en la misma. O si, más allá de la retórica, lo único que cuenta es la política de la competencia y de la liberalización comercial.
Entre las prioridades de la presidencia española de la UE figura el plantear en la Cumbre de Barcelona -además de medidas liberales en el campo de los transportes, la energía, el gas y la electricidad- propuestas para superar las 'rigideces estructurales de los mercados de trabajo, en los sistemas fiscales y de protección social y las instituciones del mercado de trabajo'.
Aunque no se han realizado, todavía, proposiciones más precisas, todo indica que se pretende debilitar, de nuevo, el derecho laboral y la protección social. Muy en la línea, por otra parte, con las intenciones expresadas por la patronal europea de eliminar del Tratado de la Unión el principio que garantiza que ni los acuerdos ni las normas europeas puedan empeorar los mínimos sociales nacionales.
El balance social de la presidencia española de la UE dependerá, por último, de cómo se gestione la contestación social. La presidencia belga ha sido, en este sentido, muy hábil. Es verdad que el Gobierno belga se benefició de algunas ventajas, como la relativa desmovilización de los movimientos favorables a una mundialización diferente, tras los atentados del 11 de septiembre, y del gran número de manifestantes concentrados por la Confederación Europea de Sindicatos en Bruselas, más de 100.000, que englobaron a otros movimientos sociales.
La situación en Barcelona puede ser diferente, sobre todo si el Gobierno plantea reformas sociales agresivas. En cualquier caso, el enfoque policial con el que, a tenor de algunas declaraciones, parece abordarse el encuentro puede muy bien ser un remedio peor que la enfermedad.