El juez cita a declarar al presidente de Renfe por la operación Chamartín
La querella se extiende a otros siete altos cargos de Renfe, a la compañía ferroviaria y a DUCH como posibles responsables civiles subsidiarias.
Ricardo Gómez Madrid
Los presidentes de Renfe, Miguel Corsini, y de la sociedad Desarrollo Urbanístico Chamartín (DUCH), Emilio Cebamanos, han sido citados a declarar por el titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid el próximo 3 de diciembre, tras admitir a trámite la querella interpuesta por la Asociación de Reversionistas del Proyecto Chamartín.
La querella se extiende a otros siete altos cargos de Renfe, a la compañía ferroviaria y a DUCH como posibles responsables civiles subsidiarias. Todos ellos han sido citados por el juez. La asociación acusa a los querellados de un delito de prevaricación continuada contra los reversionistas y contra el propio Estado.
La querella expone que los terrenos ocupados por la estación de Renfe de Chamartín, en Madrid, expropiados a partir de 1940, han perdido su causa para continuar siendo de dominio público, debiendo ser revertidos a los expropiados a sus herederos. En un primer momento, recuerda, Renfe asumió tal realidad convocando un concurso para adjudicar sus derechos sobre tales terrenos a alguna entidad, que terminó siendo DUCH, con el fin de hacer gestiones urbanísticas a cambio de la titularidad de los aprovechamientos urbanísticos, asumiendo asimismo el coste de las posibles transacciones con los titulares del derecho de reversión para que renunciasen a él.
Condiciones suspensivas
La adjudicación a DUCH, firmada en 1994, estaba sometida a condiciones suspensivas, cuyo plazo de cumplimiento iba a expirar cuando, en marzo de 1997, recuerda la querella, Renfe y DUCH suscribieron un nuevo documento en el que no sólo no se resolvió el contrato por incumplimiento de las condiciones suspensivas, sino que, sin nuevo concurso público, se amplió el ámbito de actuación, extendiéndose la superficie de los terrenos desde los 625.211 metros cuadrados iniciales hasta 1.850.000 metros cuadrados.
El valor patrimonial de los aprovechamientos urbanísticos otorgados a DUCH con esta nueva adjudicación supera, según la querella, los 190.000 millones de pesetas (1.141,9 millones de euros). La ampliación de la concesión inicial es considerada como el primer hecho delictivo de un total de tres denunciados en la querella.
El segundo hecho delictivo denunciado se refiere a "la negativa continuada de Renfe a desafectar los terrenos objeto de la concesión para evitar ofrecer los derechos de reversión a los legalmente legitimados".
El tercer hecho que la querella considera delictivo es la ocultación de informes de la asesoría jurídica de Renfe, que demandaban la resolución de la concesión otorgada a DUCH por graves incumplimientos de sus obligaciones. La resolución llevaba aparejada la exigencia de una indemnización a satisfacer por DUCH a Renfe superior a 35.000 millones de pesetas.
Manzano propició un acuerdo con los jesuitas
La Compañía de Jesús fue el reversionista más madrugador en exigir sus derechos sobre terrenos que le habían sido expropiados para uso ferroviario. Apenas transcurridos 10 días desde la adjudicación del proyecto a DUCH, en octubre de 1993, los jesuitas reclamaron judicialmente la reversión inicial de 13.180 metros cuadrados.
También hicieron saber que estaban dispuestos a ampliar la reclamación sobre más terrenos en cuanto Renfe ordenara más suelo. La asociación de reversionistas ha denunciado que "desde determinadas Administraciones públicas, singularmente el Ayuntamiento de Madrid, se propició un acuerdo, del que José María Álvarez del Manzano fue uno de los artífices, por el que a los jesuitas les reconocieron derechos edificatorios valorados en más de 6.000 millones de pesetas a cambio de la renuncia a sus derechos de reversión".