El 1003 de Telefónica no da el teléfono de los clientes de sus rivales

La práctica totalidad de los usuarios que han decidido prescindir de Telefónica como proveedor de telecomunicaciones no pueden usar los servicios de información del ex monopolio. La inmensa mayoría del millón de usuarios de las empresas de cable y los nuevos operadores no figuran en las bases de datos del 1003 y otras guías. Telefónica dice que no hay legislación que le obligue a incluirlos, mientras que sus competidoras esgrimen varias resoluciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) en sentido contrario.

Si usted tiene la mala suerte de necesitar un número de teléfono de una persona que haya decidido abandonar Telefónica y suscribir los servicios de acceso directo de uno de sus rivales, ya sean empresas de cable o nuevos operadores, no lo intente. El servicio de Telefónica, al que se accede marcando 1003, no se lo facilitará en el 90% de los casos. Y ello a pesar de que es un servicio de carácter universal.

Después de cuatro años de liberalización de las telecomunicaciones, cuando han pasado dos desde que la CMT diera la razón a Retevisión y obligara a Telefónica a incluir sus números en la base de datos del 1003, y cuando ya han transcurrido 12 meses desde que el regulador especificara que debe hacerlo para todos y gratuitamente, el ex monopolio y sus competidores siguen sin arreglar el problema.

Los grandes perjudicados son una buena parte del medio millón de clientes directos de Retevisión y los 255.000 del cableoperador Ono, así como la totalidad de los 400.000 abonados de las 10 compañías de Auna integradas en la Agrupación de Operadores de Cable. En total, un millón de usuarios, tanto particulares como empresas, los mismos que han decidido en este tiempo independizarse de Telefónica.

Porque los realmente perjudicados son los usuarios, que se ven fuera de un servicio tan elemental como el de su derecho a ser incluidos en una base de datos. Y el culpable de esta situación no es sólo Telefónica, ya que algunas de sus competidoras se niegan a proporcionar los números de sus abonados alegando que la operadora dominante puede utilizar esta información para hacer contraofertas.

æpermil;sta es una de las justificaciones esgrimidas por la Agrupación de Operadores de Cable. Asegura que el formato de las condiciones de entrega y la privacidad que se da a los datos de los clientes no ofrecen la garantía suficiente de que Telefónica no vaya a hacer uso de ellos. También añade que el tiempo que el ex monopolio les ha dado para proporcionar los datos a incluir en las Páginas Blancas es insuficiente.

Historia del conflicto

La historia de este conflicto es tan larga como la liberalización. Su primer hito se remonta a julio de 1998, con la publicación del reglamento del servicio universal. El segundo asalto se produjo en junio de 1999, cuando Retevisión planteó a la CMT un contencioso para averiguar en qué condiciones debía de incluir el 1003 los números de sus abonados. El 21 de octubre de 1999, el regulador dijo que Telefónica estaba obligada a facilitar la información.

La patronal de las operadoras alternativas, Astel, exigió en otoño de 2000 que la CMT clarificara qué cantidad deberían pagar los rivales de Telefónica para que sus abonados se incluyeran en los servicios de información. El regulador concluyó que debía hacerse de forma gratuita. Han pasado cuatro años desde el primer asalto y casi un año desde el último, y la situación no ha cambiado.

Telefónica tiene un argumento que cree contundente para justificar su postura. El reglamento del servicio universal de 1998 establece que es la CMT la que debe facilitar a los operadores que elaboran guías o dan el servicio de información telefónica los datos de los abonados que les proporcionen los competidores del mercado de telefonía. Así, no es Retevisión la que tiene que dar sus datos a Telefónica, sino el organismo regulador. Por ello, el ex monopolio tiene recurrido con este argumento el dictamen de diciembre de 2000 de la CMT.

Sin embargo, la compañía asegura que ha llegado a acuerdos bilaterales con compañías que le han manifestado su interés porque sus usuarios estuvieran incluidos en los servicios de información.

Telefónica achaca a la lentitud de la regulación el problema que se plantea. Aún está pendiente que la Administración publique la orden ministerial que regule todos los detalles de la prestación del servicio de información, incluido quién tiene que suministrar los datos, a qué precio y bajo qué requisitos.

 

La CMT propone la desaparición del 1003 en el plazo de un año

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones emitió hace dos semanas su preceptivo dictamen sobre el borrador de orden ministerial que tiene a punto el Ministerio de Ciencia y Tecnología para regular la liberalización de los servicios de información de números de teléfono mediante directorios y guías editadas, habladas o en soporte informático. En dicho borrador se recoge que el organismo regulador será quien decidirá cuál es el periodo de tiempo que se establece hasta la desaparición del servicio 1003.

Aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente, fuentes conocedoras del texto han asegurado que la CMT ha aprovechado la redacción del dictamen antes mencionado para exigir a Ciencia y Tecnología que conceda sólo un año de vida al 1003 una vez que la normativa entre en vigor.

El borrador pretende terminar con el monopolio del servicio de información 1003 de Telefónica, al autorizar a operar a un nuevo tipo de empresas que facilitarán las informaciones de los números de teléfonos de todos los usuarios en régimen de competencia. Estas empresas podrán ofrecer servicios avanzados tales como conexión directa a aquellos número que se le solicitan. Además, la orden establece un nuevo rango de numeración para conectar con estas empresas que comenzará por los dígitos 118. También obliga a que las operadoras les cedan sus bases de datos. La batalla de Telefónica en este contexto de cambio se centra en las compensaciones que debería recibir, ya que asegura que el 1003 es "absolutamente deficitario". Una llamada dice que le cuesta 213 pesetas, mientras que el usuario paga 49. La previsión es que este año se produzcan 220 millones de llamadas al 1003, así que el déficit podría alcanzar 36.080 millones.