La CE critica la tasa del móvil en España pese a la rebaja

Bruselas sigue dudando de la legalidad y eficacia del impuesto que soportan en España las cuatro operadoras adjudicatarias de los servicios de telefonía móvil de tercera generación. La Comisión Europea sospecha que el impuesto excede, incluso tras la rebaja adoptada por el Gobierno, la rentabilidad potencial del mercado español y teme que elimine del sector a los competidores con una base menos sólida.

El pasado 21 de septiembre el Gobierno decidía, sin pacto ni consulta previa con las operadoras, rebajar en un 62,5% el canon por el uso del espectro radioeléctrico para el ejercicio de 2002. La ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, basaba la revisión a la baja en los parámetros del mercado europeo y, en el caso concreto de los servicios de tercera generación, en la potencial rentabilidad de unas licencias adjudicadas por 20 años.

Las cuatro adjudicatarias (Telefónica Móviles, Airtel, Amena y Xfera) lamentaron extraoficialmente la decisión, por considerar aún el impuesto desmesurado y desproporcionado con la realidad del sector.

Sólo un mes después, esos cálculos de Birulés también parecen incongruentes a la Comisión Europea, que teme el impacto del canon en el desarrollo de la telefonía móvil de tercera generación en España. Ayer mismo el comisario de Sociedad de la Información, Erkki Liikanen, celebraba que Francia haya reducido hasta ocho veces el precio de las dos nuevas licencias pendientes de adjudicación.

El comisario añadía que la investigación sobre la concesión de licencias en España sigue en curso y fuentes de su departamento no dudaban en destacar que la evolución de los mercados europeos, incluido el francés, pesará en el veredicto comunitario sobre la tasa de Birulés.

Fuentes próximas a Liikanen indican que "el análisis se hace siempre en términos de la competitividad de las empresas". Las mismas fuentes alertan sobre el riesgo de dañar de modo sustancial la viabilidad de los nuevos competidores en el sector, cuya falta de recursos se ve lastrada por un impuesto que penaliza a todos los operadores por igual.

Xfera parece encajar en esa preocupación comunitaria. El consorcio participado por Vivendi, FCC y ACS obtuvo una de las cuatro licencias, pero a diferencia de los otros tres adjudicatarios, su actividad en telefonía en España se circunscribe exclusivamente a la tercera generación. Xfera no podrá empezar a competir al menos hasta junio de 2002, tras la decisión de Birulés de retrasar un año el lanzamiento del nuevo móvil (UMTS).

A pesar de ello, la empresa ya ha debido encajar, como las otras tres, un canon de 25.000 millones de pesetas en 2001 y se prepara para otro de 5.849 millones en 2002. Sin haber utilizado siquiera el espectro radioeléctrico que se le concedió.

Fuentes próximas al Ministerio de Ciencia y Tecnología defienden, sin embargo, el sistema de adjudicación español y aseguran no arredrarse ante la investigación de la Comisión.

Esas fuentes argumentan que, a diferencia de las subastas de otros países, en España el Gobierno puede ajustar la tasa a la realidad del mercado. Admiten, sin embargo, que este modelo puede generar incertidumbre en el sector.

Litigio

De hecho, las cuatro adjudicatarias desafiaron en el Tribunal Económico Administrativo la imposición del canon y, aunque el recurso ha sido desestimado, aún disponen de la vía contencioso-administrativa para apelar.

La Comisión Europea, de momento, se muestra receptiva a los lamentos del sector. "No tendrían razón para quejarse", indican fuentes comunitarias, "si el nuevo precio fijado por el Gobierno español se ajusta a la situación del mercado". Pero la investigación informal de la Comisión parece indicar que no es así.

Los operadores de móvil en España han abonado este año 160.000 millones de pesetas en concepto de alquiler del espectro. En total, la Hacienda española espera ingresar más de 14.000 millones de euros por las licencias de UMTS, lo cual eleva el ratio de precio por habitante a 133 euros, sólo por debajo del Reino Unido, Alemania e Italia. En cambio, España ocupa el undécimo lugar en la UE en número de teléfonos móviles por habitante y la misma posición en número de abonados permanentes, según los datos de Eurostat, la oficina de estadísticas de la Comisión Europea, del año 2000 (los últimos disponibles).

Fuentes próximas al Gobierno contraatacan, sin embargo, con el argumento de que el canon es un precio global de alquiler y no un impuesto sobre el rendimiento del espectro radioeléctrico.

Las operadoras lamentan que el Gobierno haya sembrado- la incertidumbre con un canon variable que este año ya supone un incremento del 494% en cuanto al alquiler del espectro que pagaron en el año 2000. Los alquileres,- afirman las operadoras, se ajustan cada año con el IPC. Al arrendatario le queda ahora el refugio de la CE.

 

Las 'telecos' italianas renegocian las licencias de UMTS

Los presidentes de las cinco compañías de telefonía móvil de Italia se reunieron a última hora de la tarde de ayer con el Ministerio de Telecomunicaciones italiano para negociar una posible extensión de las licencias de telefonía móvil de tercera generación (UMTS). La prensa italiana ha indicado que también se barajaba solicitar rebajas fiscales para favorecer las inversiones en infraestructura que las empresas deben realizar.

El movimiento italiano se produce días después de que Francia anunciara planes para reducir el importe de sus licencias y alargar la duración de la concesión debido a las dificultades que tiene el sector desde hace varios meses y a las malas perspectivas sobre la disponibilidad de la tecnología UMTS. TIM, Omnitel, Wind, Ipse (donde está presente Telefónica Móviles) y H3G pagaron 2.400 millones de euros (casi 400.000 millones de pesetas) para hacerse con una licencia por 15 años en la subasta que tuvo lugar hace un año.

Cuando se realizó el concurso italiano, el Gobierno recibió fuertes críticas por la mala organización del concurso y los escasos fondos recaudados. Pero las condiciones del mercado han cambiado de forma muy significativa en los últimos ocho meses y los precios pagados por las licencias no han hecho sino perjudicar la salud de las operadoras de telecomunicaciones, que arrastran deudas billonarias.

En Francia, donde los ofertantes pagaron inicialmente 4.950 millones de euros, tendrán que hacer frente ahora al pago de 619 millones de euros cada uno, y la concesión se extiende por otros cinco años, hasta 20. A finales de año, además, saldrán a subasta dos nuevas licencias.

El cambio de escenario en Francia ha llevado a Telefónica a replantearse su presencia en el mercado francés de móviles. El año pasado se retiró de la puja.