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Los ayuntamientos obtienen del suelo el 44% de sus ingresos no financieros

Un informe interno elaborado por el Ministerio de Economía revela que el 43,7% de los ingresos no financieros netos de transferencias de las corporaciones locales procede del suelo y la vivienda. Dada la magnitud de la cifra, el citado estudio pone de manifiesto la necesidad de abordar con urgencia una reforma del sistema de financiación local para que el suelo deje de ser masivamente utilizado por los municipios como esencial fuente de recursos.

Además de ese porcentaje del 43,7% sobre el total de ingresos no financieros netos de transferencias, un simple análisis de las cifras correspondientes a los recursos obtenidos por los impuestos directos que aplican las corporaciones locales permite concluir que de los 1,17 billones de pesetas que los ayuntamientos recaudaron en 1997, un total de 719.674 millones de pesetas correspondieron al impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y al impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana, el 61% del total de la fiscalidad local.

En el apartado de los impuestos indirectos, el peso de los ligados a la actividad edificatoria y su transmisión son aún más importantes. Así, del total de la recaudación por dichos tributos en 1997, que fue de 127.473 millones de pesetas, 125.868 millones correspondieron al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (el 98,7%).

Además de estas grandes figuras impositivas que aplican los ayuntamientos, deben tenerse en cuenta también los ingresos por tasas de licencias de obras y mención especial añadida merecen las cesiones de suelo que están obligados a realizar los promotores a los consistorios y las denominadas contribuciones especiales.

La citada cesión del aprovechamiento tipo, que las leyes autonómicas de suelo establecen en el 10%, constituye, según explica el informe, una fuente importante de ingresos, puesto que es frecuente su pago en metálico, o de riqueza patrimonial para los ayuntamientos, al mismo tiempo que un gravamen sobre la actividad urbanizadora.

En este sentido, los expertos han criticado en reiteradas ocasiones la opacidad del tratamiento contable y presupuestario que tienen estas cesiones. En algunos casos, el informe subraya que son contabilizadas dentro del capítulo VI de Enajenación de Inversiones Reales.

Así, con todos estos datos, el estudio de Economía, que data del año 1992, aunque se ha ido actualizando con los datos de las liquidaciones presupuestarias posteriores, establece que, como término medio, más del 40% de los ingresos no financieros netos de transferencias de los municipios procede del suelo y la vivienda.

Además, llega a darse la circunstancia extrema de que en algunos ayuntamientos, con gran actividad urbanizadora, los ingresos procedentes del suelo llegan a superar en su cuantía a las transferencias. Por este motivo, el análisis de Economía concluye que el sistema urbanístico vigente y la excesiva dependencia de los ayuntamientos de los ingresos sobre el suelo configuran una situación altamente ineficaz, que se traduce finalmente en unos precios excesivos de los activos inmobiliarios y en la imposibilidad de acceder a una vivienda para una parte de la población. Como posible solución al problema, distintos expertos consultados y el propio infor-me coinciden en señalar la necesidad de avanzar hacia una reducción de las cargas y gravámenes que pesan actualmente sobre la urbanización e introducir mayores dosis de responsabilidad fiscal de los municipios.

No en vano, el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Munici-pios y Provincias (FEMP) negocian en la actualidad el cambio de la financiación lo-cal con la sustitución de algu-nos impuestos municipales por un tramo de la tarifa del IRPF como gran debate de fondo.

 

Los expertos reclaman una urgente reforma del catastro

Frente al informe de Economía que cuestiona el actual sistema de financiación local y las voces que acusan a los ayuntamientos de financiarse a través de los ingresos que obtienen del suelo y la vivienda, algunos analistas califican de injustas estas críticas y recuerdan las carencias del actual sistema.

En opinión del consejero delegado de CAP y GTT (Grupo Analistas), Ignacio Ezquiaga, "los ayuntamientos no perciben en forma de mayores ingresos los ascensos de los precios del suelo, y menos los provocan". Una de las claves en las que sustenta su afirmación es "el retardo y el sesgo a la baja con que el catastro recoge con frecuencia los niveles y cambios que tienen lugar en el mercado inmobiliario".

En este sentido, recuerda Ezquiaga que sólo mediante determinados convenios los ayuntamientos pueden gestionar altas en el catastro, pero nunca las valoraciones finales.

"El catastro es clave para los municipios, no así para el Estado, pero no pueden gestionarlo sino muy limitadamente, lo que rompe la posibilidad de una gestión integral que la eficacia precisaría. La evidencia muestra que está fuera del catastro multitud de unidades urbanas y que las valoraciones están demasiado por debajo de las de mercado y son revisadas en ciclos muy largos".

Muchos expertos coinciden con esta opinión y hacen un llamamiento para reformar de manera significativa el catastro, ya que de este modo las corporaciones obtendrían más recursos a través del IBI, su principal fuente de financiación. Con ello se pondrían las bases para acabar con las constantes acusaciones de que los ayuntamientos utilizan el suelo con meros fines especulativos. Los expertos creen que un Gobierno, sea el que sea, no puede ser fuerte sin los recursos financieros necesarios y sin la legitimidad para ejercer su potestad tributaria, y en la actualidad los ayuntamientos obtienen poco de sus ciudadanos.

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