Los Quince aprueban el reglamento que permitirá crear sociedades europeas
El Consejo de Ministros de Mercado Interior de la Unión Europea dio ayer el visto bueno al reglamento que establecerá la creación del Estatuto de la Sociedad Europea, un proyecto que se debate en la Unión desde hace 30 años. La nueva norma permitirá a las empresas europeas operar bajo un único marco legal en todo el territorio comunitario.
Con el permiso concedido ayer sólo queda que los ministros de Empleo, que se reunirán el próximo 8 de octubre en Luxemburgo, den su autorización al reglamento, después de que la Cumbre de Niza, en diciembre pasado, lograra sacar adelante el proyecto, bloqueado hasta aquel momento por España.
El Estatuto de la Sociedad Europea servirá para reducir los costes registrales y los gastos administrativos para las empresas y fija el marco jurídico para las que quieran operar como una única entidad legal en toda la Unión. Los Quince decidieron en Niza, en una reunión extraordinaria, aprobar la fórmula que permitirá regular la futura sociedad anónima europea y la directiva relativa a la implicación de los trabajadores en la misma.
En su reunión los ministros no modificaron la base jurídica del reglamento, en contra de lo que pide el Parlamento Europeo, que pretende obtener el procedimiento de codecisión para su aprobación definitiva con el fin de tener capacidad de incluir sus enmiendas en segunda lectura.
El comisario europeo de Mercado Interior, Frits Bolkestein, manifestó su satisfacción por la autorización lograda y anunció su intención de proponer próximamente un documento, en forma de comunicación del Ejecutivo comunitario, sobre la fiscalidad de la sociedad europea, aunque no adelantó su contenido. Bolkestein dijo que sus servicios están analizando cómo abordar la cuestión de la imposición de la sociedad europea, y reconoció que se trata de un asunto "complicado", informa Efe.
El reglamento sobre el Estatuto de la Sociedad Europea proporciona el marco jurídico a las compañías que quieran operar como una única entidad legal en toda la UE, de forma que estarán sujetas a una serie de normas comunes que serán directamente aplicables en todos los estados miembros.
En la práctica, supondrá una "reducción de trámites registrales" y también de costes administrativos para las empresas, según asegura la Comisión Europea. En lo que respecta a la directiva sobre la implicación de los trabajadores en la sociedad europea, finalmente la fórmula acordada en Niza deja libertad a los Estados miembros para que decidan "incorporar o no a su derecho nacional las disposiciones de referencia sobre participación (de los trabajadores) aplicables a las sociedades europeas constituidas mediante una fusión".
Esta condición fue la que permitió que España levantara su oposición a esta iniciativa. Las autoridades españolas no se sumaron al compromiso alcanzado por los demás Estados miembros en 1999 porque imponía la armonización del modelo de cogestión o participación de los trabajadores en el consejo de administración de la sociedad en el caso de fusión, aunque fuera decidido sólo por el 25% de los representantes de los trabajadores.