<I>La responsabilidad social de las empresas</I>
Las empresas en España aún entienden como un coste la mejora de la seguridad y salud en el trabajo, el respeto al medio ambiente o la mejora del diálogo social.
La Comisión Europea acaba de hacer público un Libro Verde para "fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas". Como es sabido, los libros verdes comunitarios están destinados a propiciar el debate en las instituciones comunitarias, las autoridades públicas en distintos niveles, los interlocutores sociales, las ONG y, en este caso especialmente las empresas, sobre una determinada materia.
A partir de dicho debate la Comisión Europea puede optar por elaborar una comunicación u otro tipo de instrumento jurídico o político comunitario para poner en práctica el objetivo sujeto previamente a discusión.
El interés de la Comisión Europea por la responsabilidad social de las empresas es, relativamente, reciente: empezó a manifestarse en el Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000, vinculado al objetivo estratégico allí enunciado de "convertirse [la europea] en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social".
Posteriormente, en la Agenda Social Europea, aprobada en el Consejo Europeo de Niza, se hace también referencia a la responsabilidad de las empresas para afrontar las consecuencias de la integración económica y de los mercados en materia de empleo, así como para adaptar las condiciones laborales a la llamada nueva economía.
A su vez, el más reciente Consejo Europeo de Gotemburgo señaló que "debería animarse a las empresas a adoptar un enfoque proactivo en materia de desarrollo sostenible en sus operaciones, tanto dentro como fuera de la Unión Europea".
Esta iniciativa de la Comisión Europea se inscribe, por otra parte, en una serie de declaraciones, en el mismo sentido, realizadas por organismos internacionales, declaraciones tales como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, de 2000; la Declaración Tripartita de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las empresas multinacionales y la política social, para 1977/2000 o las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, de 2000.
Todo este movimiento responde a una creciente presión social en la que se mezclan las preocupaciones cada vez mayores sobre el deterioro medioambiental provocado por la actividad de muchas empresas y la inquietud de ciudadanos, consumidores y autoridades públicas, sobre todo locales, ante la ola de reestructuraciones, deslocalizaciones y subcontrataciones producidas en un contexto de mundialización de los mercados y de profundos cambios en la organización de las actividades productivas.
Algunos ejemplos de lo que no son actuaciones socialmente responsables por parte de las empresas están de actualidad y son bastante ilustrativos de esta creciente exigencia de una mayor responsabilidad social por parte de las empresas.
El contra-ejemplo más cercano es el de Sintel, empresa malvendida por el último Gobierno socialista a la familia Mas Canosa, la cual -siguiendo la máxima de coge el dinero y corre- descapitalizó rápidamente la empresa, llevando a la entidad a la ruina económica y a sus 2.000 trabajadores a tener que desarrollar durante más de seis meses una lucha ejemplar e innovadora para poder cobrar sus salarios y recolocar o prejubilar a sus empleados.
El otro contra-ejemplo, más lejano en el tiempo y en el espacio, pero también de actualidad por la publicación de una reciente novela de gran éxito basada en aquella desgraciada experiencia, es el de la multinacional norteamericana Union Carbide, que en diciembre de l984, en su sede de Bhopal, en India, provocó una catástrofe industrial, ecológica y humana sin precedentes cuando una gran nube de gas tóxico -el isocianato de metilo- se escapó de sus instalaciones causando 30.000 muertos y 500.000 heridos.
Por responsabilidad social se entiende la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con diferentes interlocutores.
El ya citado Libro Verde analiza tanto la dimensión interna como externa de la responsabilidad social de las empresas. Dentro de la primera, señala la gestión de los recursos humanos, la salud y seguridad en el lugar de trabajo, la adaptación al cambio (reestructuraciones industriales, la externalización de determinadas funciones, planes sociales), la gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales.
En la segunda, aborda la responsabilidad de las empresas respecto al entorno local en el que están ubicadas, en cuanto a sus socios comerciales, proveedores y consumidores, en el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos humanos en el trabajo, en todos los países en los que actúe la empresa y en la consecución de un desarrollo sostenible en el conjunto del planeta.
Aunque el problema de este tipo de declaraciones es que se queden en bellas palabras o en adorno de la imagen publicitaria de determinadas compañías, no es menos cierto que la terminología y los conceptos que se utilizan en el documento que comentamos pueden abrir espacios interesantes de reflexión y propuesta para las organizaciones sindicales, por ejemplo.
Particularmente en un momento en el que la agenda social la marcan los Gobiernos y en un país como el nuestro en el que las empresas siguen entendiendo que la calidad, la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo, el respeto del medio ambiente, la formación profesional y el reconocimiento de las cualificaciones profesionales o la mejora del diálogo social en el seno de cada empresa es un coste, una carga y no una inversión que redundará en el aumento de la productividad de la misma empresa.