La fiscalía quiere que se pida cuentas al consejo del agujero de Gescartera
El fiscal ha pedido que el consejo de administración en pleno de Gescartera, la agencia de valores que ha provocado un presunto agujero de 13.000 millones de pesetas, declare como imputado ante la Audiencia Nacional a lo largo de esta semana. Entre los citados está la hermana del secretario de Estado de Hacienda, Pilar Giménez-Reina.
Teresa Palacios, titular del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, podría comenzar a tomar esta semana declaración como imputados a los miembros del consejo de administración de Gescartera. El fiscal anticorrupción Salvador Viada los ha requerido como imputados, incluyendo a Pilar Giménez Reina, hermana del secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez Reina.
Es la continuación lógica del procedimiento abierto el lunes, cuando se llamó a declarar a los apoderados de Gescartera y, de madrugada y tras cuatro horas de declaración, se decidió el ingreso en prisión del mayor accionista, Antonio Camacho. El otro apoderado, José María Ruiz de la Serna, no ingresó en prisión por su estado de salud, pero debe personarse a diario en la Audiencia. Antonio Camacho presentará en la mañana de hoy, según la agencia Efe, un recurso contra el auto de prisión dictado el lunes. Pero deberá seguir durmiendo los próximos días en la cárcel de Soto del Real.
Secreto de sumario
Por otro lado, la juez podría declarar próximamente el secreto de sumario. Ello quiere decir que sus próximas actuaciones no las conocerán los implicados, salvo el fiscal y ella misma, aunque el secreto no afectaría, presumiblemente, a la toma de declaraciones.
Los 13.000 millones que los inversores habían depositado en Gescartera, mientras tanto, siguen en paradero desconocido. Los apoderados, según fuentes jurídicas, siguen arrojando más sombras que luces sobre la investigación.
De hecho, en plena intervención de la CNMV, Antonio Camacho se retiró de la sociedad mercantil que presidía, llamada Dacna y Asociados y que, según consta en el Registro, se dedicaba a actividades de inversión.
Entre los imputados por el caso Gescartera estará, además, José Manuel Pinchel, consejero delegado de la agen-cia que, curiosamente, fue nombrado y es miembro de la Once, organización que ha presentado una querella contra Gescartera y sus apoderados al ver comprome-tida una cantidad de entre 500 y 3.000 millones de pesetas.
La CNMV confirmó ayer que la sociedad gestora de fondos Gescartera Gestión está en orden, aunque la intervención continuará. La Dirección General de Seguros, por su parte, ha prohibido a los gestores de Gescartera Pensiones que dispongan del dinero depositado, unos 40 millones de pesetas.
Polémica entre la Fundación ONCE y Plus Ultra
La Fundación ONCE, que ha demandado a Gescartera y a sus apoderados por no justificar el paradero del capital depositado, ha presentado otra querella contra Plus Ultra, compañía de seguros propiedad del grupo británico CGNU. Según la ONCE, Plus Ultra era el garante de los fondos depositados por la fundación en esta entidad. Aunque no vincula a la aseguradora con el agujero de Gescartera, exige que haga frente a los compromisos económicos derivados del contrato de garantía.
La aseguradora no reconoce ser el garante de estos fondos, por lo que asegura que no tiene ninguna obligación contraída con la Fundación ONCE. Según la agencia Efe, el contrato de garantía expiraba el 16 de junio, el día después a la intervención de Gescartera por parte de la CNMV. Lo que sí ha reconocido la aseguradora es que existen unas pólizas de responsabilidad civil suscritas por los consejeros de Gescartera, pero que no cubren los fondos desaparecidos.
Menos del 10% de los inversores reclama su dinero
Cinco Días Madrid
Hasta la tarde de ayer se habían presentado 170 reclamaciones en la Comisión Nacional del Mercado de Valores pidiendo el reembolso del capital. Aunque otros 100 inversores han pedido información al regulador del mercado, la cifra resulta baja teniendo en cuenta que los clientes de la agencia afectados son entre 1.500 y 2.000.
Miembros del mercado reconocen su extrañeza por la escasa afluencia de reclamaciones a la CNMV, teniendo en cuenta la fuerte repercusión mediática del caso en los últimos dos días y la cantidad de inversores (sobre todo pequeños) que se han visto afectados. Hay versiones para todos los gustos, desde el mero desconocimiento por parte de inversores inexpertos hasta la existencia de dinero negro que los afectados prefieren no airear. Son sólo especulaciones, pero están en boca de todos.
La CNMV asegura que hay 2.300 cuentas abiertas en la agencia intervenida, pero que algunos particulares habrían abierto más de una. Así, se baraja una cantidad de 1.500 afectados. Dado que, de los 13.000 millones, entre 500 y 3.000 corresponden a la Fundación ONCE, la inversión media de cada afectado es, probablemente, inferior a los ocho millones de pesetas. Todo indica que la mayor parte de los ahorradores ven comprometidos entre cuatro y seis millones, pues hay constancia de inversores de mayor calado.
Se trata, por tanto, de un caso en el que los paganos han sido pequeños ahorradores, como ya ocurrió con el AVA, en Zaragoza. La gama de productos que ofrecía al inversor Gescartera abarcaba un amplio abanico. Desde opciones de renta fija a renta variable pasando por derivados y fondos, aunque la gestora de fondos está, según las CNMV, limpia.
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Aicar-Adicae) ha convocado para hoy la primera asamblea de afectados por el caso Gescartera.