Las cajas acumulan un patrimonio en obra social de 374.037 millones

Las cajas acumulaban al finalizar 2000 un patrimonio en obra social de 374.000 millones de pesetas. En plena discusión sobre su estructura jurídica, estas entidades reivindican la obra social como su principal seña de identidad. Pero, en los últimos años, se han preocupado más por fortalecer sus reservas que por aumentar el porcentaje de gasto con estas finalidades.

Las cajas de ahorros españolas acumulaban, al finalizar el año 2000, un patrimonio en obra social, fundamentalmente inmobiliario, de más de 374.000 millones de pesetas, según datos de la última Memoria de Obra Social de la CECA. Este importe se refiere sólo al valor contable. Sería muy superior si reflejara el valor de mercado, dada la revalorización de los activos vivida en España en los últimos ejercicios.

La cifra recoge, además, un remanente de 82.126 millones de pesetas que se ha ido dotando para obra social en anteriores ejercicios, pero que todavía no se ha gastado.

El inventario de las entidades revela que tienen nada menos que 4.357 centros repartidos por toda España, entre bibliotecas, museos, salas de exposiciones, teatros, auditorios, instalaciones deportivas, guarderías, residencias para ancianos, hospitales, facultades, colegios universitarios, además de edificios y núcleos histórico-artísticos, parques y jardines, yacimientos arqueológicos, obras de arte y el fondo editorial mayor del país.

La mayoría de los centros son propiedad de las cajas, otros tantos funcionan en régimen de subvenciones y ayudas, sobre todo los de asistencia social y sanitaria.

Del total, el 42,12% se concentra en cultura y tiempo libre; el 36,6%, en asistencia social y sanitaria; el 11,8%, en educación e investigación, y el 9,43%, en patrimonio histórico-artístico.

No hay, por tanto, ninguna actividad de mecenazgo en España por parte de empresas multinacionales u otro tipo de fundaciones que sean comparables, en la cuantía de recursos comprometidos, a la que realizan las 47 cajas de ahorros.

Función subsidiaria

Eso ha provocado que la obra social sea desde hace tiempo un bocado muy goloso para las Administraciones públicas. Muchas veces, las cajas se han vinculado estrechamente con la política de inversiones de los Gobiernos regionales y han cumplido una función subsidiaria de aquellas inversiones y actividades que el Estado no ha podido abarcar en los distintos territorios; algo así como una prolongación de los presupuestos públicos.

Mientras los responsables de algunas de ellas asumen esta función, otros se rebelan contra el intento de algunas Administraciones de "dirigir" estos recursos y reclaman mayor autonomía en su gestión.

Pero pese a la magnitud de las cifras, lo cierto es que el porcentaje que han destinado las cajas a gastos con finalidad social en los últimos cinco años apenas ha variado, en una horquilla que se ha mantenido entre el 24,4% de 1995 y el 26% del beneficio neto de 2000.

Si el porcentaje se hallara sobre el beneficio consolidado y no sólo sobre las matrices, es decir, considerando también los dividendos que las cajas obtienen por sus inversiones en otras empresas, la inversión en obra social sería mucho menos llamativa, sobre todo, en las cajas de mayor tamaño.

El sector sólo está obligado por ley a destinar al menos el 50% de sus excedentes líquidos a reservas o a fondos de provisión para reforzar la solvencia. Por su peculiar estructura jurídica, al carecer de propietarios (accionistas) a quienes retribuir el capital, el remanente existente tras cumplir con las dotaciones queda libre para dedicarlo a obra social. En los últimos años, a tenor de la normativa del Banco de España, la constitución de reservas para reforzar la capitalización y solvencia ha crecido mucho más que la obra social. Parece lógico que, al carecer de capital social y no poder recurrir a ampliaciones, las reservas sean la única posibilidad para afrontar sus planes de expansión, compras y garantizar la solvencia futura. De hecho, las cajas podrían destinar, si quisieran, el 100% a reservas y ni una sola peseta a obra social. Aunque con eso dejarían de atender los objetivos que constituyen sus señas de identidad, las distingue de otras entidades de crédito y justifica su existencia y especial naturaleza.

En 2000 tuvieron un beneficio neto de 552.000 millones, tras el pago correspondiente de impuestos. De esta cantidad, 145.136 millones, el 26%, fue gasto para obra social.