<I>Actuar contra la exclusión social</i>
En la Cumbre de Lisboa de marzo del año pasado se acordó que cada país miembro de la UE elaborase un plan contra la marginación social. Justo un año más tarde se inició la tarea en España con la visita de la directora general para asuntos sociales de la Comisión Europea para participar en una reunión convocada al efecto por el Ministerio de Trabajo y en la que participaron representantes de las comunidades autónomas, sindicatos, patronales, ONG, fundaciones de diverso tipo, etcétera.
Con el discurso de la funcionaria comunitaria empezaron las decepciones al comprobarse que un problema como el de la pobreza, que afecta a 50 millones de personas en la UE, no iba a ser objeto de una política supranacional común ni contaría con fondos adicionales. Y se llegó a la frustración cuando hace poco más de un mes el Consejo de Ministros aprobó, sin negociarlo y aún sin consulta previa a los agentes sociales, un Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social.
Si bien parte de cuatro documentos que analizan rigurosamente la evolución de la pobreza en España y las causas de la marginación social -síntesis a su vez de varios análisis elaborados por distintas organizaciones sociales a lo largo de los últimos años-, el plan de acción es un simple refrito de las más variopintas actuaciones que ya se venían realizando. Así, por ejemplo, se mezclan la Ley de Integración Social de los Minusválidos con el complemento a mínimos de las pensiones de la Seguridad Social, el propio pacto de pensiones del sistema público, las pensiones no contributivas o con el Plan Nacional de Empleo. El astuto revoltijo suma en total cuatro billones de pesetas, pero la prueba de que no ha impresionado a las normales inteligencias de nuestro país es que ha pasado su aprobación sin que nadie lo destacase como una iniciativa digna de mención especial.
En el debate sobre el estado de la nación no mereció el detenimiento ni del presidente del Gobierno para subrayar sus esfuerzos en este campo ni del líder de la oposición para criticarlo, que lamentablemente pasó por alto este asunto quedándose en la afirmación, tan cierta como genérica, de que el bienestar social no había mejorado al unísono del crecimiento económico.
En realidad no supone incremento alguno en términos reales de las políticas sociales, mientras siguen suponiendo un gasto público inferior en 6,1 puntos al de la media de la UE y los colectivos que viven por debajo del umbral de pobreza siguen creciendo. Según el último informe de Cáritas, Las condiciones de vida de la población pobre en España, son 8.509.000 personas las que viven por debajo del 50% de la renta de distribución neta, 3.199.400 en precariedad social y en pobreza grave o extrema viven 1.739.800 personas. De este colectivo de atención social preferente sólo 70.000 -el 4%- tienen alguna cobertura mediante las rentas mínimas de inserción, según el Ministerio de Trabajo.
Si se quiere actuar de verdad contra la exclusión social se debería hacer un auténtico plan integrado, en lugar de cubrir el expediente con un sumatorio de actuaciones preexistentes y dotarlo de un presupuesto específico que no se quede en la reiteración de múltiples partidas presupuestarias que en la mayoría de los casos poco o nada tienen que ver con la erradicación de la pobreza.
Un plan nacional de acción debe tener, al menos como prioridad en sus tres primeros años de vigencia, la mejora sustancial de la atención al segmento de la población situado en la pobreza severa y como segundo objetivo, casi simultáneo con el anterior, ir previniendo el aumento o la aparición de nuevos colectivos de excluidos. Todo ello exige incrementar las políticas activas de creación y mantenimiento de empleo. Pero teniendo en cuenta el camino recorrido por las comunidades autónomas con heterogéneos esquemas de rentas de inserción social, tendría que articularse un sistema nacional de rentas mínimas que vaya equilibrando la inclusión social entre territorios que dedican más recursos a este capítulo, pero que tienen menores niveles de pobreza y los que disponen de menos medios con una mayor población necesitada de ayudas para salir de la marginación.
Así podrían ser más creíbles los discursos presidenciales que con tanta frecuencia se refieren a la cohesión de España.