Las comunidades engordan en tres meses su deuda 107.000 millones
El endeudamiento autonómico siguió creciendo en el primer trimestre del año hasta alcanzar 6,42 billones de pesetas, un 1,69% más que en diciembre de 2000 y un 5,95% superior al registrado un año antes.
Las comunidades autónomas siguen resistiéndose a recortar su alto volumen de endeudamiento, a pesar de las recomendaciones del Gobierno central para que controlen sus cuentas públicas.
Según los últimos datos hechos públicos ayer por el Banco de España, correspondientes ya al primer trimestre de este año, la deuda conjunta de las Administraciones regionales ascendía en marzo a 6,42 billones de pesetas, lo que supone un incremento del 1,69% respecto al pasado mes de diciembre, y un 5,95% más que en marzo de 2000. Dicho de otra forma, en un año (marzo de 2000 sobre marzo de 2001) el endeudamiento ha crecido 361.000 millones, de los que 107.000 millones corresponden exclusivamente al primer trimestre de 2001.
A la deuda de las comunidades, en la que se incluyen en cada caso la administración general de la comunidad, las universidades de su ámbito y los organismos y empresas administrativos, hay que sumar algo más de medio billón de pesetas correspondiente a la deuda de organismos autónomos no administrativos, entes y empresas dependientes de las CC AA no clasificadas como administraciones públicas.
No obstante, no todas ellas están respondiendo de igual manera a los dictados del Ministerio de Hacienda.
Según el Banco de España nueve comunidades autónomas han logrado reducir su endeudamiento durante el periodo, en tanto que en el resto ha aumentado, especialmente en Asturias y Galicia. La Administración que más redujo su deuda en los tres primeros meses del año fue Baleares (un 15,95%), seguida de Cantabria (-13,46%).
Entre las que más aumentaron su endeudamiento se encuentran Galicia (11,22% más) y Asturias (15,04% más). En términos absolutos, la deuda es superior a un billón de pesetas en tres comunidades, con Cataluña a la cabeza (1,57 billones); por delante de Andalucía (1,14 billones) y la Comunidad Valenciana, que supera por primera vez el billón de pesetas.
Por otra parte, el endeudamiento de las corporaciones locales (ayuntamientos, diputaciones y consejos y cabildos insulares) aumentó un 6,09% en el primer trimestre del año al pasar de 3,11 billones de pesetas a finales de 2000 a 3,30 billones en marzo de este año. De la deuda local, 2.502 millones de pesetas corresponde a los ayuntamientos, de los que 1.124 millones es atribuible a la de las capitales de provincia.
Financiación autonómica
La evolución de la deuda y la necesidad de alcanzar el equilibrio no sólo por el Estado sino también por las administraciones territoriales es un asunto que se está teniendo en cuenta en la discusión del nuevo modelo de financiación autonómica, que el Gobierno tiene previsto aprobar este año, para que entre en vigor en 2002.
De momento, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, advirtió ayer en Santander de las dificultades que presenta la posibilidad de ceder a las CC AA capacidad normativa para subir o bajar el IVA y los impuestos especiales. Aunque Hacienda sigue a la espera de que la Comisión Europea responda a un consulta del Gobierno español sobre si la cesión de capacidad normativa en esos tributos es compatible con la legislación comunitaria, Montoro, advirtió que Bruselas ya ha dado una respuesta relativa al IVA en la que marca una directriz clara: "No debe haber tipos diferentes en el mismo país".
El consejero valenciano cuestiona los criterios
del Tribunal de Cuentas
El consejero valenciano de Economía, Vicente Rambla, puso ayer en cuestión el criterio del Tribunal de Cuentas que ha revelado que la Generalitat Valenciana cerró 1998 con un déficit de 125.633 millones de pesetas, en lugar de los 746 millones de superávit que anunció un mes antes de las elecciones autonómicas de 1999.
La Sindicatura de Cuentas, organismo fiscalizador autonómico, ya desveló en diciembre de 2000 que el entonces consejero, José Luis Olivas -hoy vicepresidente-, no contabilizó 71.000 millones en la liquidación de 1998. El informe del Tribunal de Cuentas motivó ayer la convocatoria extraordinaria de la Diputación Permanente de las Cortes Valencianas.
Rambla justificó la diferencia entre la liquidación autonómica y el déficit revelado por el Tribunal de Cuentas en que éste utiliza criterios contables que no son aplicables a la Generalitat. Se refería al Plan General de Contabilidad Pública, que el Ejecutivo de Zaplana aún no ha adoptado. El consejero criticó también al Tribunal por no haber pedido alegaciones a la Generalitat.
No es la primera vez que el Gobierno valenciano cuestiona las cifras de un organismo estatal. En 1997, el entonces consejero Olivas rebatió al Banco de España los datos de endeudamiento, que finalmente tuvo que admitir.
Rambla habló también del endeudamiento autonómico, que calificó de "razonable, asumible, moderado y enormemente productivo", frente a las críticas de socialistas y Esquerra Unida.