<I>La OIT, entre los derechos y el libre comercio </i>
Antonio Gutiérrez Vegara denuncia la actitud de los Gobiernos de países desarrollados que suscriben los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, pero los incumplen cuando hay negocios por medio.
Hoy termina en Ginebra la 89 Conferencia Anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ha reunido durante dos semanas a 3.000 delegados de los 175 países que agrupa. Entre los temas tratados, salud y seguridad en la agricultura, el futuro de los sistemas de seguridad social, etcétera, se han tenido que abordar de nuevo otros que fueron objeto de debate en años anteriores, pero que siguen sin remediarse, e incluso se agravan. Problemas tan candentes como el del trabajo infantil en el mundo, el paro y el subempleo o los trabajos forzados, no se atajan solamente con las recomendaciones de la organización tripartita.
Hace unos años se realizó una marcha mundial contra el trabajo infantil, a raíz del asesinato de varios adolescentes que se atrevieron a denunciar la explotación infan-til en Pakistán y en la India. Con el apoyo de la propia OIT, de Unicef, del movimiento sindical internacional y de múltiples organizaciones se promovió la global march por los cinco continentes. Fueron recibidos por los gobernantes de prácticamente todos los países desarrollados, de los que obtuvieron buenas palabras y un sinfín de promesas que poco después no tuvieron en cuenta en los tratados de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Ahora son ya más de 250 millones los niños empleados en los trabajos más dispares, según el informe presentado por el director general de la OIT, Juan Somavía, en la sesión inaugural de la conferencia de este año.
En el mismo informe señalaba que el paro declarado afecta a 160 millones de personas y que el subempleo alcanza los 1.000 millones. Eso significa que de cada 100 trabajadores que hay en el mundo, seis están sin trabajo y 16 están por debajo del umbral de la pobreza, es decir, que no ingresan ni un dólar diario por persona. El 80% carece de la protección social más básica.
Otra situación inconcebible en el siglo XXI, pero que persiste, es la de los trabajos forzosos. En noviembre pasado, la OIT pidió que se adoptaran fuertes sanciones contra Birmania por su contumaz vulneración de las disposiciones internacionales que prohíben el trabajo forzado. De inmediato respondieron positivamente la UE, EE UU y otros países, pero en la primera evaluación hecha por la OIT sigue sin constatarse ninguna sanción ni actuación concreta de país alguno contra aquel país asiático.
La explicación dada por los países ricos que asumieron inicialmente el compromiso es que las sanciones con perjuicios para el comercio internacional violarían las normas de la Organización Mundial del Comercio, a la que pertenece Birmania. Con los datos de Eurostat en la mano se puede comprobar que los intercambios comerciales con Birmania, lejos de disminuir, han aumentado mucho en los últimos tiempos.
Tanto que los de la UE han pasado de 222,6 millones de euros en 1999 a 404,3 millones a diciembre de 2000, y EE UU ha seguido incrementando sus importaciones de Birmania desde 1997 hasta alcanzar los 412 millones de dólares el año pasado.
Pese a todo, la OIT ha seguido insistiendo hasta lograr que la dictadura birmana aceptase en principio que una delegación visitara el país para realizar una investigación independiente. Pero a día de hoy sigue sin poderla llevar a cabo.
La primera institución internacional para el mundo laboral, fundada en 1919, la primera en ser incluida en las Naciones Unidas como organización específica, en 1946, no tiene fuerza para aplicar sus normas y resoluciones en la era de la globalización.
Por esa razón se viene insistiendo desde la fallida reunión de Seattle en la necesidad de vincular el respeto a los derechos sociolaborales más elementales con las reglas del comercio internacional, así como en la coor-dinación efectiva entre los organismos mundiales, particularmente entre la OIT y la OMC. Porque es un descarado acto de cinismo por parte de los Gobiernos suscribir con una mano los convenios de la OIT y lavarse las dos facilitando su incumplimiento flagrante si hay negocio comercial por medio.
Es lo que ha venido a demostrar la Administración Bush hace un par de meses, cuando se ha opuesto a re-lacionar directamente los temas comerciales con la protección de los trabajadores, en respuesta a un senador demócrata por el Estado de Iowa que ha intentado introducir una ley en esa dirección.
En el cruce de caminos entre los derechos humanos y el libre comercio se le ha dado preferencia de paso al segundo. Después, ante cada cumbre de las instituciones financieras internacionales, se escandalizan por el tumulto que se forma para saltarse el stop que se le ha puesto a los primeros.