Las eléctricas rechazan volver a las inversiones en energía nuclear

Los apagones de California reabrieron la polémica en EE UU acerca de la conveniencia de aumentar la capacidad de sus centrales nucleares para garantizar el suministro eléctrico. En abril, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, condicionó la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de los países de la Unión a la continuidad del suministro nuclear actual. Ahora, la visita del presidente estadounidense ha estimulado el interés del presidente del Gobierno, José María Aznar, por retomar el debate en España. Sin embargo, las compañías eléctricas no están dispuestas a invertir más en energía nuclear.

Ninguna empresa eléctrica apostaría una sola peseta en construir una nueva central nuclear si no cambia la aceptación pública de esta energía y la visión del Gobierno", afirma Carlos de Villota Lacort, jefe del departamento de asuntos nucleares de la patronal del sector eléctrico, Unesa. Es más, asegura que "en Unesa vemos positivo el acuerdo alemán (de desmantelamiento nuclear, suscrito el pasado 11 de junio), porque al final se ha asegurado la continuidad de las centrales durante 32 años, que, junto con los años que ya llevan funcionando, equivale a asegurar los 40 años de su promedio de vida útil".

Para De Villota la idea es ganar tiempo: "Dentro de 20 años será otra historia y se decidirá o no el cierre de la última central nuclear alemana según se pueda satisfacer la demanda energética y la disponibilidad de otros recursos".

La industria eléctrica se suma con pragmatismo a la visión de la mayoría de los expertos europeos, que, en resumidas cuentas, coincide con la de Fernando Sánchez Sudón, director comercial del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat): "En España hay nueve centrales nucleares generando energía eléctrica de base, lo que supone en el balance total un 30% de la producción. Dado que el mal ya está hecho y que los residuos radiactivos están ahí, mientras que su costo de construcción está ya amortizado y que operan con fuertes medidas de seguridad, debemos permitir que sigan operando hasta el final de su vida útil".

En opinión de Sánchez Sudón, que, por otra parte, es un ferviente convencido del potencial de las energías renovables, "en España el debate nuclear no existe, porque habría que ver si construir una nuclear nueva es hoy una opción competitiva respecto a una central de ciclo combinado [que utiliza el fuel como combustible]".

Dirimir esta cuestión -en un contexto de mercados eléctricos liberalizados- parece fácil. El Foro de la Industria Nuclear Mundial considera que el coste medio de levantar una central en un país industrializado se situaría en 2.000 millones dólares (unos 2.360 millones de euros o 390.000 millones de pesetas).

Según fuentes de Endesa, el kilovatio de energía nuclear instalada sale a 600.000 pesetas (gestión de residuos al margen), mientras que el coste del kilovatio de una central térmica de ciclo combinado se reduce a la décima parte. Además, esta última se proyecta y levanta en dos años, mientras que el proceso se dilata hasta 10 años en el caso de una nuclear.

De hecho, las eléctricas nacionales han apostado decididamente por las centrales de ciclo combinado. El Gobierno ha recibido solicitudes para instalar 30.000 megavatios de potencia en este tipo de centrales, de los que ya ha autorizado 8.000 megavatios, lo que supone prácticamente la potencia nuclear instalada. Sólo si esta capacidad se pone en marcha en 2003, De Villota conviene con el ministro de Economía, Rodrigo Rato, en que no sufriremos cortes de suministro "en caso de sequía".

Pero De Villota demuestra sus reservas en cuanto a desmantelar la industria nuclear: "Todo país necesita de una mezcla adecuada de distintas fuentes de energía. La dependencia energética de la Unión Europea de otros países es del 50% y será del 70% en 2010 si no cambia el esquema actual. Si esto es o no aceptable lo tienen que decidir los políticos". A lo que apostilla Sánchez Sudón que "es una frivolidad rechazar una opción energética sólo por motivos ideológicos"

La dependencia de los precios internacionales del petróleo y del gas son la principal razón que esgrimen los que se declaran abiertamente pronucleares, como Manuel Acero, gerente de la compañía DTN (Desarrollo Tecnológico Nuclear) y miembro del comité de energía nuclear del Instituto de Ingeniería de España. "Las existencias de petróleo se estiman para 100 o 200 años a lo sumo y, hoy por hoy, las energías renovables no son una alternativa razonable". Esgrime que "el coste fundamental se asume en la inversión inicial, pero el combustible (barras de uranio enriquecidas al 4% con uranio-235) y la producción del kilovatio cuestan comparativamente muy poco".

 

El plan Bush propone centralizar los residuos en un almacén

El avance de la tecnología en la seguridad de las centrales ha conducido al Comité de Política Energética de Estados Unidos a recomendar a George Bush que siga contando con la energía nuclear, dado que en los 10 Estados donde se sitúan las 103 centrales nucleares del país no se han producido incidentes en el suministro eléctrico.

La cuestión es que, mientras que la energía eléctrica de origen nuclear supone el 35% sobre el total en la Unión Europea (según el Libro Verde de seguridad del abastecimiento energético), en EE UU representa un 20%.

Así que dicho comité ha propuesto diversas soluciones para aumentar esta capacidad de generación. Por una parte, propone incrementar su rendimiento del 90% actual a un 92%, lo que equivaldría a construir 50 nuevas centrales de 1.000 megavatios/hora cada una. Pero mejor aún les parece incentivar la inversión en la mejora tecnológica de las centrales, lo que redundaría en 12.000 megavatios adicionales, pero ello implicaría a su vez la prolongación de sus posibilidades de funcionamiento en condiciones de seguridad hasta 60 años.

Por otra parte, asegura que las eléctricas están dispuestas a invertir en nuevas centrales nucleares.

Frente a los reparos sobre la gestión de la basura nuclear más radiactiva (cargada para 20.000 años), propone centralizar su confinamiento bajo tierra -en un almacén geológico profundo-. La gestión del combustible y los residuos de media y baja radiactividad en España supondrán 1,6 billones de pesetas para el periodo 1998-2070.

 

Oposición frontal de los socialistas

e Izquierda Unida

Los partidos de la oposición no tienen claro por qué el presidente del Gobierno se mostró la semana pasada repentinamente proclive a reabrir el debate sobre la moratoria nuclear. Para el diputado socialista Francisco Javier García Breva se trata de "una cabezonería de Aznar, máxime cuando el Partido Popular no parece tener ninguna intención de desarrollar una política energética".

El PP no se ha pronunciado al respecto. Pero García Breva asegura que sus interlocutores populares le han "confesado" que no tienen ni idea de las intenciones de este propósito, dado que durante la conferencia internacional de cambio climático, que se celebró el pasado mes de noviembre, el director general de calidad y educación ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Germán Glaría, aseguró que "España se opone a desarrollar la energía nuclear" como una medida de generación de "energía limpia" en el marco del apoyo del Protocolo de Kioto, dado que está libre de emisiones nocivas.

Plan de residuos

El PSOE esgrime los mismos argumentos económicos que los expertos del sector eléctrico para oponerse a la construcción de nuevas centrales nucleares. Pero considera urgente que el Gobierno decida un emplazamiento para los residuos nucleares de alta radioactividad, que de momento se almacenan en las piscinas de las centrales. "Se tendría que decidir antes de 2003, porque el almacén tardaría siete años en construirse".

Mientras que el PSOE está de acuerdo en agotar el horizonte de vida de las centrales, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, aboga por reducir ya la potencia instalada. Considera Llamazares que posiblemente Aznar pretende que el resultado del debate sobre el plan energético de Bush sea "la prolongación de la vida útil de las nucleares".

El diputado de CiU, Jordi Matí, reconoce que "siempre hemos estado entre dos aguas: creemos que la energía nuclear es necesaria, pero no que deba potenciarse en un futuro", que establece en unos 15 años.