EE UU relaja su cooperación contra el blanqueo internacional de dinero
La lucha contra el lavado internacional de dinero está en estos momentos en entredicho. La nueva Administración estadounidense se muestra muy reticente a la aplicación de los criterios acordados por el Grupo de Acción Financiera (Gafi) contra el blanqueo de capitales, lo que cuestiona la eficacia de la cooperación internacional.
El secretario del Tesoro de EE UU, Paul O'Neill, tiene entre sus tareas pendientes la aprobación de La estrategia nacional contra el lavado de dinero para 2001. Se trata de un informe anual elaborado desde 1999 por el Tesoro y el Departamento de Justicia donde se detallan las actuaciones y objetivos de cada ejercicio en la contra el blanqueo de capitales, tanto a nivel internacional como doméstico.
La Administración de Bill Clinton reforzó su cooperación internacional contra el lavado de dinero y apoyó la publicación de una lista negra del Gafi, en la que se incluyen los países no cooperantes a la hora de reforzar sus sistemas legales y financieros para garantizar el control de los movimientos de capitales.
El trabajo del Gafi consiste en promover el desarrollo de controles efectivos que impidan en lo posible el blanqueo de capitales, detectar nuevas formas de lavado de dinero (por ejemplo, el pago a través de Internet) y reducir la vulnerabilidad del sistema financiero internacional.
Entre sus recomendaciones, el Gafi apuesta por una legislación bancaria que exija el conocimiento efectivo de los titulares de las cuentas corrientes y la comunicación de cualquier movimiento sospechoso en las cuentas. Y es en ese punto en el que el Gobierno de EE UU se muestra más crítico.
O'Neill apela al derecho constitucional a la privacidad y considera que este tipo de medidas suponen una injerencia en el derecho al secreto bancario, algo sagrado para los estadounidenses. De hecho, el Congreso rechazó el año pasado la aprobación de reformas legales para obligar a los bancos a la identificación de sus clientes.
En Estados Unidos los bancos deben comunicar a los reguladores cualquier depósito con dinero en efectivo que supere los 10.000 dólares (1,95 millones de pesetas). Y en el 2000 se entregaron 12 millones de comunicaciones de este tipo.
Los lobbies bancarios están haciendo una fuerte presión para que se alivien estos controles. Sobre todo la Asociación de Banqueros de Tejas, que se queja de que de los 12 millones de comunicaciones que ellos entregan, casi un millón se deben a su proximidad con México y a que gran parte del comercio transfronterizo en la zona se hace con dinero en efectivo, informa Lydia Aguirre.
Además, O'Neill ha pedido que se revise la legislación para detectar aspectos que sean "demasiado costosos e inefectivos" en esta materia, lo que ha suscitado las críticas de los demócratas y el temor a relajar su apoyo a la iniciativas internacionales contra el lavado de dinero.
Estos temores aumentaron el pasado 10 de mayo cuando O'Neill hizo público un comunicado en el que expresaba su rechazo a la iniciativa de la OCDE contra los paraísos fiscales, muchos de los cuales forman parte de la lista negra del Gafi, aunque por motivos diferentes.
Secreto bancario
EE UU asegura que la iniciativa de la OCDE persigue una armonización fiscal que rechaza, pero lo cierto es que entre los estándares de transparencia bancaria que reclama la organización se encuentra la identificación de los clientes de los bancos que nada gusta a los estadounidenses.
Ante el revuelo armado con sus declaraciones, O'Neill envió una carta a principios de mes a los ministros de Hacienda europeos asegurando su apoyo a la iniciativa de la OCDE. Sin embargo, el subsecretario del Tesoro, John Taylor, reclamó la semana pasada en París un "cambio de dirección"de las estrategias de la organización contra los paraísos fiscales. EE UU y la UE mantienen serias diferencias respecto al tratamiento de los países en función de su tamaño, la limitación del secreto bancario y generalización de normas de transparencia.
Aunque la iniciativa de la OCDE y la del Gafi son independientes y con objetivos diferenciados, los instrumentos que manejan ambas tienen puntos en común, como el de la transparencia bancaria y es precisamente ese aspecto, que rechaza Estados Unidos y que apoya la Unión Europea, el que puede hacer fracasar la estrategia internacional contra el lavado de dinero.
El Gafi inicia esta semana su plenario anual, donde se pretende recabar el apoyo de Estados Unidos para la lucha internacional contra el blanqueo de capitales. Durante la reunión, que se produce bajo la presidencia española del grupo, a cargo de José María Roldán hasta finales de mes, se evaluarán los progresos hechos por los 15 países incluidos en la lista negra. Está previsto que se incorporen nuevos países a la misma y que Liechtenstein, Israel, Islas Marshall, Islas Cook, Bahamas, Islas Caimán y Panamá la abandonen.
Una práctica que supone el 5% del PIB mundial
El lavado de dinero negro en todo el mundo supone entre un 2% y un 5% del PIB mundial, según estimaciones del anterior director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Michel Camdessus.
Estas cifras dan idea del alcance del blanqueo de capitales como fenómeno global, una práctica asociada además al crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, contra los que la cooperación internacional resulta imprescindible.
Con ese objetivo se creó el Gafi en la cumbre del G-7 de 1989, un organismo independiente y cuyo secretariado se encuentra en las dependencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) en París, pero con quien no mantiene ninguna vinculación. El Gafi está integrado por 29 países, no todos ellos miembros de la OCDE, como es el caso de Brasil, más la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo.
Al margen del Gafi está la cruzada de la OCDE contra los paraísos fiscales. La OCDE pretende perseguir las prácticas fiscales consideradas "dañinas" y que afecta, principalmente, a los centros financieros offshore, que hacen del secreto bancario y de un favorable tratamiento fiscal sus principales atractivos. Muchos de estos territorios evitan aplicar los controles de vigilancia.
En el ámbito financiero también trabaja el Foro de Estabilidad Financiera del G-7 e integrado ahora en el FMI y cuya actuación se dirige a vigilar la regulación de los sistemas bancarios instalados en territorios offshore.